Miles de inquilinos en la total incertidumbre en Bariloche tras la caída de un decreto nacional
La normativa que el gobierno nacional dispuso para congelar el precio de los alquileres por un año caducó este miércoles. Familias afectadas piden una política de desendeudamiento a Nación y regular los precios en este contexto de pandemia.
Miles de familias de Bariloche esperaban ayer una señal desde el gobierno nacional que revirtiera el final del decreto que congeló durante un año el precio de los alquileres en el país, a raíz de la pandemia.
El presidente de la Unión de Inquilinos de Río Negro, Roberto Díaz, dijo este miércoles que es una situación difícil para esas familias que no tienen los recursos para afrontar una actualización del precio de los alquileres. Estimó que en Bariloche hay alrededor de 30.000 personas que alquilan.
Dijo que la caducidad parcial del decreto iba a generar que 3,8 millones de familias tuvieran que mudarse en plena segunda ola de la pandemia, causada por el coronavirus, porque no tenían el dinero para pagar las viviendas que alquilan.
Este miércoles hubo manifestaciones frente al Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, que conduce Jorge Ferraresi, en la ciudad de Buenos Aires y en otras ciudades del país. Díaz recordó que en Río Negro las manifestaciones se hicieron el 25 de marzo último.
Manifestó que a partir del anuncio del final del decreto, que se hizo hace unos 25 días, muchos inquilinos comenzaron a recibir cartas documento reclamando deudas o pidiéndoles directamente las viviendas.
De todos modos, Díaz reiteró que la caída del decreto “no es completa”, porque solo pierde vigencia el congelamiento del precio y de los contratos, que deberán volver a renovarse con otros valores. Allí, está el nudo del problema.
Recordó que seguirá vigente hasta el 30 de septiembre la suspensión de los juicios contra inquilinos y garantes, y debe existir necesariamente una mediación previa obligatoria ante de iniciar una acción legal. Por eso, no procederán ahora con los desalojos.
No obstante, Díaz afirmó que los inquilinos seguirán acumulando una deuda mayor. Las estimaciones de las asociaciones de inquilinos indican que el 40 por ciento arrastra deudas con los locadores.
“En Bariloche la situación es la misma que la que ocurre en el resto del país. Hay mujeres solas con sus hijos, que son trabajadoras del sector turístico que perdieron sus ingresos este año de pandemia y no pueden pagar subas de sus alquileres”, planteó.
Mencionó el caso de una mujer que trabaja en el sector turístico que pagaba 18 mil pesos mensuales de alquiler y el dueño pretende subirlo a 30 mil pesos. “Es una locura lo que están haciendo”, afirmó Díaz. Y lamentó que desde Nación “no tomen medidas de acuerdo al contexto de pandemia que tenemos”.
Dijo que en Bariloche el precio de los alquileres, en promedio, es mucho más alto que en ciudades del Alto Valle. “Eso genera un mayor endeudamiento para el inquilino”, comentó.
Sostuvo que el promedio de endeudamiento de un porcentaje importante de los inquilinos de esta ciudad ronda los 200.000 pesos aproximadamente, según datos propios. Opinó que acá “hubo un golpe de mercado por parte de las inmobiliarias para decir que la ley no sirve”.
Recordó que las asociaciones de inquilinos del país tenían reuniones semanales con la exministra de Desarrollo Territorial y Hábitat de Nación, María Eugenia Bielsa. En cambio, Ferraresi nunca los recibió hasta el momento, pero sí “atendió a las inmobiliarias”.
Díaz recordó que las asociaciones piden a Nación que implemente una política de desendeudamiento para que los propietarios puedan cobrar y una regulación del precio de los alquileres en el contexto de la pandemia que se vive. También, piden que se reglamente el artículo de la ley que propone los alquileres sociales.
Lamentó que lo único que se anunció estos días desde Nación es un protocolo preventivo de riesgo temprano de desalojo, “pero eso no sirve”.
Miles de familias de Bariloche esperaban ayer una señal desde el gobierno nacional que revirtiera el final del decreto que congeló durante un año el precio de los alquileres en el país, a raíz de la pandemia.
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