Megabanda de boqueteros: Forno seguirá con preventiva hasta noviembre

La banda implicada en el robo al depósito de la empresa Blancoamor, entre otros atracos, sigue siendo juzgada y ayer la jueza de garantías, Florencia Caruso fijo un plazo máximo de 18 meses de prisión preventiva para dos de los imputados: José “peligro” Forno y Sandro Gerez Derbes.

Ayer se llevó adelante una audiencia en la que los defensores de ambos imputados pidieron fijar un plazo razonable de prisión, por lo que la magistrada realizó una intensiva interpretación de los códigos procesales penales de la provincia, además de otras normas con rango constitucional.

En esta causa, el proceso de investigación comenzó con el código procesal anterior, en el que los imputados fueron acusados por 18 hechos, en su mayoría robos calificados, y luego resultaron procesados con prisión preventiva. Además de Forno y Gerez Derbes, hay varios involucrados más, bajo la figura de asociación ilícita.

Desde la Fiscalía, por el contrario, solicitaron un año más de prisión preventiva, que empezaría a contarse desde hoy. Este pedido fue apoyado en el análisis de escuchas telefónicas para un cotejo de voz, lo cual resultaría lo que consideraron como “la prueba fundamental”, y reclamaron que, en caso de no poder impugnar esta resolución deberán ir al juicio “sin esta prueba clave”, según destacaron.

Forno, según aseguraron en la Fiscalía, no habla y responde a las preguntas mediante un papel, de manera que no se pueda tomar el cuerpo de su vos y realizar así la comparación. Sin embargo hay audiencias de la provincia de Neuquén filmadas que servirán para utilizar este material. El inconveniente es la demora que cada comparación lleva, y que pondría en riesgo la generación de esta prueba.

Los 18 meses que fueron determinados por Caruso, según ella misma señaló, se deben contar desde el momento de la detención de los imputados, es decir la primera semana de mayo de 2016. Por consiguiente, en noviembre caducaría y, de no haber resultado en una condena, los imputados quedarían en libertad hasta que se resuelva su situación procesal.

El nuevo código procesal penal de la provincia rige desde el 1 de agosto, por lo que la Ley Orgánica del Poder Judicial estableció que las causas que habían quedado en los juzgados de instrucción con el anterior código debían pasar a la Fiscalía, desde donde comenzarían a regirse con la nueva ley procesal.