Matzen sobre la liberación de violadores y femicidas: “Pone en riesgo a las víctimas”

“La concesión de este tipo de beneficios a personas peligrosas para la sociedad, sólo ponen en riesgo a las víctimas” señaló la diputada Lorena Mazten al referirse al compulsivo otorgamiento de liberaciones domiciliarias a quienes han cometido delitos graves por parte de la Justicia Federal.

Con el acompañamiento de sus pares del bloque Juntos por el Cambio, Roxana Reyes (Santa Cruz), Gustavo Menna (Chubut) y José Cano (Tucumán), la rionegrina presentó un proyecto de resolución pidiendo informes a la Ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Marcela Miriam Losardo y a la Ministra de las Mujeres, Genero y Diversidad de la Nación, Elizabet Gómez Alcorta.

Quieren saber el número efectivo de procesados y condenados que acceden al beneficio de domiciliaria, el tipo de delitos que los beneficiarios han cometido y las medidas y protocolos de seguridad, adoptados frente al COVID-19, en el Servicio Penitenciario Federal.

Ante la liberación de autores de femicidios y/o violación, en el mismo proyecto se solicita también, si tienen diagramado un programa de acción, así como también, la correspondiente identificación de quienes han sido beneficiados con esta medida para poder garantizar y reforzar la protección a sus víctimas.

“Es triste mirar cómo se tiene en cuenta solamente a una de las partes en esta situación. En este momento, en un contexto de pandemia, les sumamos más incertidumbre a las víctimas y colocamos en un estado de alerta y angustia a miles de personas que ya se encuentran afectadas por la situación y con estas medidas la van a pasar peor” agregó Matzen.

Los diputados destacan que este tipo de medidas ponen en peligro a la sociedad en su conjunto.

«De ninguna manera la violencia y los motines en los penales pueden ser un justificativo para abrir las cárceles y dejar en situación de vulnerabilidad a las víctimas” señaló Cano.

Reyes calificó como “inconcebible” que se otorguen prisiones domiciliarias a personas privadas de su libertad, responsables de delitos graves, como lo son los femicidios y las violaciones. “La pandemia del COVID-19 deja al descubierto no sólo la desinversión del Estado en las cárceles argentinas, y a una justicia machista. La Ley Micaela, precisamente, se sancionó para poner fin a la justicia patriarcal” sostuvo.

Por su lado, Menna señaló que el Gobierno Nacional ha convertido la liberación de presos en una política de Estado. “Son sus posturas las que dieron lugar a que la Justicia disponga de liberaciones a mansalva, sin cumplir con la ley de derechos de las víctimas de delitos. En muchas provincias, meten presos a trabajadores y comerciantes por infracciones a la cuarentena, pero, al mismo tiempo están liberando delincuentes condenados por delitos gravísimos” sentenció.