Más pedidos para que Iud y Ojeda se aparten de sus cargos

Desde diferentes sectores de la política de Río Negro, se suman los pedidos para que el intendente de San Antonio, Luis Ojeda, y el legislador Javier Iud, se aparten de sus cargos por estar involucrados en la investigación de un caso de corrupción de menores.

Bajo una gran cantidad de firmas, militantes políticas feministas aseguraron “no vamos a permitir el encubrimiento en nuestros espacios políticos” y por eso “no vamos a quedarnos calladas ante los hechos que involucran al legislador provincial Javier Iud y al intendente de San Antonio Luis Ojeda, como tampoco lo hicimos con el ex legislador Rubén López”.

En un extenso documento que firman integrantes de La Inapropiada Colectiva, Unidad Ciudadana y también concejales del FPV, plantearon que “tanto el legislador Iud como el intendente Ojeda permitan actuar a la justicia, tomándose como mínimo licencia en sus cargos públicos o dando un paso al costado hasta que la justicia resuelva”.

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“El legislador Iud y el intendente Luis Ojeda, son investigados por corrupción de menores y fueron denunciados por una adolescente, que ha sufrido la doble o triple vulneración cuando se ha puesto en duda su palabra, tanto en la justicia como en los sectores políticos. La causa está en la justicia bajo la órbita de la fiscal Paula Rodríguez Frandsen que cuenta ya con varios antecedentes sobre vulneración de derechos de las mujeres. Exigimos el debido proceso desde una perspectiva de género y que los sectores políticos tampoco obstruyan la verdad”.

Por su parte, desde la conducción de la Mesa Cipolletti de Juntos Somos Río Negro expresaron su respaldo al accionar de la justicia. “Estamos convencidos de que con el pedido de procesamiento, los involucrados deberían tomar distancia y pedir una licencia especial en sus cargos para evitar cualquier tipo de interferencias”, indicaron.

Agregaron que “esto no implica reconocimiento de culpabilidad ni condena anticipada. Se trata primero, de privilegiar a la víctima del hecho y facilitar el avance de la investigación, sin interferencias de ningún tipo. Y en segundo lugar, de transparentar a las instituciones de la democracia, para que podamos demostrar que no existen privilegios, fueros especiales ni formas de escape al accionar de la justicia”.

También consideraron que la justicia debe arbitrar todos los medios para defender a la víctima de cualquier tipo de presiones y operaciones que se puedan venir con la finalidad de hacerla vacilar o retirar su denuncia” y que “una buena medida sería que den un paso al costado, con una licencia especial que ponga entre paréntesis sus cargos y prerrogativas, a la espera de una definición judicial”, apuntó