Marcha y cortes de ruta contra la megaminería en Mendoza
Vecinos y ambientalistas en defensa del agua protestan contra las reformas a la Ley 7722 que permite la explotación minera con cianuro.
Corte de ruta en Alvear. Desde hace varios días, ambientalistas, movimientos sociales y partidos de izquierda protestan contra los cambios. Foto Emiliano Ortíz.
Vecinos y ambientalistas mendocinos comenzaron ayer una marcha en la localidad de San Carlos, perteneciente al Valle de Uco, en protesta por las reformas a la Ley 7.722 aprobada por los legisladores mendocinos el viernes, que habilitó la actividad minera con el uso de sustancias químicas.
La manifestación, que se inició en uno de los bastiones históricos de resistencia a la minería y defensa del agua de Mendoza, unirá ese departamento con la capital provincial.
Los organizadores de la marcha, a la que se irán sumando activistas de otras localidades de la provincia por las que pasarán, tienen previsto llegar mañana por la mañana a la Casa de Gobierno para reclamarle al gobernador el veto a la ley, informaron.
Por otra parte, el ex intendente de San Carlos y actual diputado provincial Jorge Difonso, confirmó que esa comuna irá a la Justicia para pedir la inconstitucionalidad de las modificaciones que se le realizaron a la ley.
El viernes senadores y diputados mendocinos aprobaron por amplia mayoría la modificación a la ley 7.722, que limitaba el uso de sustancias químicas en las explotaciones mineras.
El proyecto original presentado por el gobierno provincial contó con la incorporación de modificaciones pedidas por el Partido Justicialista.
La modificación dio origen durante toda la semana pasada a protestas que incluyeron cortes de rutas nacionales y provinciales.
Por otro lado, organizaciones ambientalistas nacionales también expresaron su descontento con la modificación.
Greenpeace sostuvo que «la modificación a la ley 7.722 permite el uso de mercurio, ácido sulfúrico, cianuro y tóxicos en el desarrollo de la megaminería, lo que generará la contaminación del agua de la provincia».
Laura Vidal, miembro del área de campañas de Greenpeace, declaró que «es irrisorio que, durante la peor sequía desde que se tiene registro, la provincia haya decidido favorecer a la industria minera contaminante, en vez de proteger los recursos hídricos con los que cuenta».
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