Los únicos privilegiados son…

En Holanda, los presos se verán obligados a abonar 16 euros diarios para cubrir una pequeña parte de los gastos que ocasionan al resto de la sociedad; si al entrar en la cárcel no tienen dinero suficiente, en cuanto salgan en libertad y encuentren un empleo, les será necesario procurar saldar la deuda adquirida en cuotas. Huelga decir que, en opinión de quienes llevan la voz cantante en la Argentina actual, tales medidas son inaceptablemente vengativas. Felizmente para ellos, nuestros reclusos tienen más suerte que sus homólogos europeos, ya que, merced a los esfuerzos de un sindicato de delincuentes encarcelados que forma parte de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) del oficialista Hugo Yasky, pueden ganar el equivalente de un salario mínimo, o más, lo que les garantizaría un ingreso superior al percibido por la mayoría de los jubilados o los empleados en la parte negra de la economía nacional. Por lo demás, a diferencia de los presos, quienes no viven entre rejas tienen que preocuparse por los costos que les suponen detalles como la vivienda, la ropa, la comida y otros gastos imprescindibles. Así y todo, los presos, víctimas de la injusticia propia del sistema capitalista liberal y los prejuicios perversos que genera, no son los únicos que se creen merecedores de privilegios desconocidos en lugares menos progresistas que la Argentina de la década ganada: hace poco, una legisladora bonaerense kirchnerista propuso dar a los travestis y transexuales mayores de 40 años un subsidio mensual de 8.000 pesos, un monto sustancial en un país en el que, según el Indec, el salario promedio para los hombres es de 5.200 pesos, mientras que las mujeres han de conformarse con 4.000. ¿En qué se basa el proyecto de la legisladora militante? En que las personas a las que alude “viven en una situación de extrema marginación, imposibilitadas de insertarse en el mercado laboral”. Todo lo cual es muy conmovedor. Es sin duda reconfortante saber que los políticos y sindicalistas argentinos tienen opiniones más avanzadas que sus equivalentes de países retrógrados como Holanda, Dinamarca y Alemania y que sienten tanta simpatía por ladrones y asesinos encarcelados, además de miembros de las llamadas “minorías sexuales”, que quieren que la sociedad se solidarice con ellos hasta tal punto que puedan conseguir beneficios materiales negados a la mayoría de sus compatriotas, pero acaso sería mejor que pensaran más en las necesidades de los millones que nunca soñarían con robar o matar, o que, por ser tan penosamente “normales”, no cuentan con el apoyo fervoroso de lobbistas sectoriales. Parecería que los resueltos a dar prioridad a los presuntos derechos de los delincuentes, dejando para otro momento los de sus víctimas, han triunfado en la “batalla cultural” que han librado contra los reaccionarios que creen que el crimen no debería considerarse una salida laboral más. Si bien a esta altura pocos quisieran que los condenados sufrieran castigos brutales, a muchos no les parece ni razonable ni justo que, una vez en la cárcel, puedan disfrutar de un nivel de vida que sea superior a aquel no sólo de la mayoría abrumadora de los jubilados sino también de muchísimos trabajadores honestos. Tal aberración es producto de la misma mentalidad que posibilitó la formación del notorio Vatayón Militante, destinado a politizar a los presos para que pongan sus talentos particulares al servicio del proyecto kirchnerista y de la fantasía, reivindicada con raro entusiasmo por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus incondicionales, de que la Argentina es un país tan maravillosamente rico que puede darse lujos progresistas que en otras partes del mundo motivarían asombro. Por cierto, de decidir el gobierno de un país democrático desarrollado permitir que los presos percibieran salarios mayores que los alcanzados por el grueso de los empleados libres, para no hablar de los jubilados, se produciría enseguida una ola de indignación ciudadana tan fuerte que no tendría más alternativa que la de retroceder, pero parecería que en nuestro país la mayoría está tan acostumbrada a las iniciativas insensatas que a los responsables de avalar las medidas encaminadas a privilegiar a delincuentes no se les ocurrió que algunas personas podrían protestar.