Los neuquinos son malos pagadores de multas

NEUQUEN (AN).- En el curso de 2002, la jueza Mónica Acuña giró 3.417 sentencias hacia el palacio municipal para su cobro judicial. Las multas sumaban casi medio millón de pesos pero al 31 de diciembre pasado, la oficina de ejecuciones del gobierno local sólo había logrado cobrar 27.000 pesos, el 5,4%.

En este lapso, vía la cuestionada asesoría legal contratada por el ex intendente Luis Jalil, el municipio cobró algo más de 2.000 pesos.

Los ingresos muestran un escenario diferente en comparación a las sentencias enviadas a ejecución. En 1999, en concepto de cobro de multas, la tesorería municipal recaudó 368.584 pesos, cifra que descendió el año siguiente a 298.347 pesos, aparentemente a causa de que los tribunales de faltas estuvieron sin sistema informático durante cinco meses.

La recaudación remontó en 2001 con 320.666 pesos y volvió a descender por el tobogán el año pasado, con un resultado de caja de 236.381 pesos como consecuencia de la devaluación la crisis.

NEUQUEN (AN).- El 90% de las multas que ingresan al municipio son de tránsito y la mitad de los conductores se declara en rebeldía. La mala conducta de los neuquinos está reflejada en las estadísticas de los tribunales de Faltas y en la cantidad de sentencias enviadas a cobro judicial.

Sólo en uno de los dos juzgados municipales, el número uno, se tramitaron 10.790 actas de tránsito durante 2002. La cifra por sí misma es elocuente, más aún teniendo en cuenta que en este mismo lapso el tribunal recibió una avalancha de 11.499 infracciones de todo tipo.

De esos casi 11.500 expedientes, unos 8.500 tienen sentencia. Una marca que superará holgadamente el 2003 con el ingreso de 2.000 actas más por mes promedio, en comparación a los mismos meses del año anterior.

Este incremento tiene una causa: la informatización de la emisión del carné de conducir. Al mismo ritmo en que aumenta la demanda de permisos, se incrementa la gestión de libres deuda de tránsito en los juzgados. Otro aspecto de la estadística del juzgado, es el mercadeo de vehículos flojos de papeles y la presencia de una actividad marginal cada vez más recurrente en la ciudad de Neuquén.

De los secuestros de motos, automóviles y camiones realizados el año pasado por el equipo de agentes de Tránsito, al tribunal de la jueza Mónica Acuña ingresaron 79 casos y solamente 41 propietarios pudieron acreditar la tenencia legítima.

El resto de vehículos, que representan prácticamente la mitad de los secuestrados, permanecen un año después en el depósito, a la espera de que quienes dicen ser titulares regularicen la documentación requerida.

Esta situación es, en general, producto de la venta de unidades comercializadas a precios bajos, muchas veces de buena fe por los compradores que cometen el error de no verificar previamente el estado de los papeles.

Esta irregularidad es menos visible en los secuestros de vehículos usados para transportar pasajeros, de tipo utilitario, remís o taxi. De los 21 casos que recayeron en el tribunal, dos quedan sin resolver porque los dueños no cuentan todavía con la documentación exigible del automotor para ejercer la actividad.

De las 10.790 infracciones de tránsito elevadas al juzgado, 1.956 provienen de tránsito de la caminera apostada en el acceso principal a la capital; 8.828 de actuaciones efectuadas por inspectores municipales y otras seis de agentes de otras jurisdicciones. Además ingresaron 14 actas de la oficina de trámites administrativos; 110 originadas en Bromatología; 120 de comercio; 7 por denuncias; 1 por denuncia de tránsito de la caminera; 5 de tránsito municipal.

Se completan con 42 actas de espacios verdes; 133 de obras particulares; 16 de obras públicas; 83 de protección ambiental; 142 de transporte; 33 de zoonosis y vectores; 3 de limpieza urbana.

En rigor, Acuña dictó 12.248 sentencias el año pasado, una cifra superior a las actas entrantes, por efecto del arrastre de expedientes de años anteriores.

Del detalle de las sentencias se desprende que 5.315 fueron dictadas en rebeldía, 3.772 infractores adhirieron al pago voluntario, y 1.321 fueron fallos condenatorios. El resto se distribuyó entre desestimaciones, absoluciones, sobreseimientos y amonestaciones.