Los empresarios se quedarán en La Angostura: «el destierro fue abolido» dijo el juez
La fiscalía pretendía que regresen a San Isidro. El matrimonio llegó desde la provincia de Buenos Aires el martes 14 de julio. El juez aceptó que los investiguen.
La fiscalía le formuló cargos por incumplir las medidas sanitarias al matrimonio empresario de Buenos Aires, que viajó el 14 de julio a Villa La Angostura. (Foto: Captura de pantalla).
La fiscalía acusó al matrimonio de empresarios que se instaló en Villa La Angostura de incumplir la normativa para impedir la propagación del covid-19, y pidió que se vayan inmediatamente de la ciudad a su otro domicilio, en San Isidro. El juez no hizo lugar y permitió que se queden en su vivienda del barrio Cumelén mientras continúa la investigación. «El destierro fue abolido», dijo.
El caso se ventiló hoy en una audiencia pública que se transmitió de manera abierta por Facebook, como suele disponer la Oficina Judicial de la IV Circunscripción Judicial.
El asistente del fiscal Ramiro Amaya formuló los cargos contra los empresarios y solicitó al juez Pablo Balderrama como medida de coerción que se presenten en la Comisaría Primera de San Isidro dentro de las próximas 48 horas, para impedir que desarrollen actividades turísticas.
«No estoy de acuerdo con la fiscalía», remarcó el magistrado y autorizó a la pareja a quedarse en su casa del barrio Cumelén. Están allí desde el martes 14, en principio cumpliendo una cuarentena de 14 días.
Los empresarios imputados son el ingeniero Francisco Agustín Marseillán, dueño de una constructora, y Marcela Machiavello, directora técnica de Droguería del Sud. La firma es una de las más grandes del país y es propiedad de una familia muy allegada al expresidente Mauricio Macri.
La fiscalía sostiene la teoría de que el matrimonio abusó de sus certificados únicos de habilitación para viajar desde Buenos Aires hacia Villa La Angostura para «hacer turismo».
Presentó como prueba cinco declaraciones juradas, en las que no se demuestra que la pareja haya viajado por cuestiones de trabajo. «No estaban exceptuados para viajar a Villa La Angostura», aseveró Amaya.
La fiscalía les formuló cargos tanto al hombre como a la mujer por haber incumplido las medidas sanitarias para evitar la propagación de coronavirus. Pidió que el plazo de la investigación sea de cuatro meses.
En la audiencia enfatizó que toda la población tiene que hacer un «esfuerzo; los que tienen más y los que tienen menos».
El asistente del fiscal indicó que los imputados pusieron en riesgo «su propia salud y la salud de toda la sociedad», al provenir del AMBA, epicentro de la pandemia en Argentina.
Recordó que la Villa no tiene casos activos del virus y señaló que con su llegada incrementaron el peligro de contagio de los habitantes.
Resaltó que en el decreto presidencial está expresamente prohibida la actividad turística, por lo que indicó que la pareja incumplió la normativa vigente.
La defensa, a cargo del abogado y exconcejal del MPN Guillermo Hensel, rechazó la medida de coerción, a la que calificó de «destierro».
Afirmó que va en contra del planteo de la propia fiscalía, ya que «al mandarlos de regreso» aumenta el riesgo de contraer coronavirus.
Por otro lado, remarcó que el matrimonio sí viajó a Villa La Angostura por trabajo. Según el letrado, Machiavello se trasladó por su labor en Droguerías del Sud, «que abastece a todas las farmacias del país». En el caso de Marseillán, viajó para dirigir dos obras privadas.
Hensel enfatizó, además, que la pareja se practicó un testeo rápido en Buenos Aires el 26 de mayo y el 13 de julio, para comprobar que no tuviesen coronavirus. Agregó que los dos se realizaron el hisopado una vez en la localidad, el cual dio resultado negativo.
También dijo que por la buena predisposición del matrimonio, no se puso en riesgo la salud de la población: «Su preocupación excedió el permiso».
El juez Balderrama avaló la formulación de cargos y el plazo de la investigación por cuatro meses, pero rechazó la cautelar. La calificó de «poco coherente» y coincidió con la defensa en que es un pedido de destierro, «abolido en Argentina hace muchos años».
Adhirió también en que la medida coercitiva va en contra de los objetivos de la sanción, pues al «mandarlos de regreso» se aumenta el riesgo de propagación del virus.
Por otro lado, sostuvo en que la fiscalía no acreditó «ni mínimamente» que los imputados hayan viajado a Villa La Angostura por turismo. Aseguró que el pedido fue «excesivo», pues viola garantías consagradas en la constitución, como es el «derecho de trabajar».
«No estoy de acuerdo. Excede límites y da por cierto situaciones que no se han demostrado», afirmó Balderrama y rechazó de forma tajante el pedido del asistente Amaya: «Esa es mi decisión».
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