Los desafíos energéticos para el próximo gobierno

Por Doris Capurro (*)

El 23 de septiembre de 2015 fue votada en el Congreso, casi por unanimidad, la Ley 27.191. Promovida por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, esta ley tenía por objetivo diversificar la matriz energética nacional.

Publicada en el Boletín Oficial el 15 de octubre de 2015, fue la piedra fundacional para el inicio de la revolución verde en el país.
Resulta este un buen momento para realizar un balance sobre lo ocurrido con las Energías Renovables en la Argentina en los últimos cuatro años.

Dado que fue impulsada por el gobierno anterior, votada por consenso en el Congreso y puesta en ejecución durante la actual gestión, podríamos sostener, sin temor a equivocarnos, que las energías renovables son una de las pocas políticas de Estado de nuestro país, que permite establecer un marco regulatorio sólido.

Sin embargo, pasados cuatro años, no hemos cumplido con los compromisos establecidos por ley. La participación de las renovables en la provisión eléctrica subió de casi nada en 2015, al 4,8% actual y a fin de año se estima podría alcanzar el 8%, lejos del 12% de participación que la Ley Renovable comprometía para esta fecha.

Se utilizaron distintos incentivos para atraer inversiones en cuatro rondas licitatorias (RenovAr), pero hay decenas de proyectos adjudicados que tal vez no logren nunca entrar en su fase de producción. De los 206 proyectos adjudicados solo 50 se encuentran activos y muchos corren riesgo de incumplir tiempos y posibilidad de ser ejecutados.

En este período se debían ampliar las redes de transmisión, cosa que no ocurrió. Y, en cambio, se otorgaron contratos sin tener licitadas las líneas, lo que obligará por contrato a Cammesa a pagar, aún sin recibir la energía.
Lo bueno: hoy hay más de 1.000 MW de potencia instalada que diariamente inyecta energía renovable en la red y comenzamos la curva de aprendizaje de las renovables en la Argentina.

Si bien no es suficiente, y hay gran distancia con el objetivo planteado, hay un salto cualitativo importante ya que la Argentina ha conseguido posicionarse y ser considerada como uno de los mejores países del mundo en recursos renovables (vientos en la Patagonia y sol en el norte).
El nuevo gobierno enfrentará múltiples desafíos para alcanzar el objetivo de la ley: 10.000 MW en 2025. El cumplimiento de esa meta traería enormes beneficios sociales, económicos y ambientales para el país.

Con ayuda crediticia de bancos multilaterales y/o de desarrollo, se podría lograr financiamiento a largo plazo para que los consumidores autogeneren su propia energía (en zonas rurales, hospitales, parques industriales, residenciales, etc.) de modo de lograr mayor eficiencia energética y un importante ahorro a futuro de generación eléctrica.

Así como para la puesta en valor de Vaca Muerta se necesitan inversiones de envergadura en infraestructura, para poner en valor nuestras fuentes renovables a gran escala hacen falta inversiones en la expansión del sistema de transmisión.

Algunos plantean una falsa dicotomía: es Vaca Muerta o las Renovables. Necesitamos las dos. Porque, además, hay capital disponible en el mundo para las dos. Algunos bancos de desarrollo europeos tienen financiamiento, para países como el nuestro, solo para renovables. Mientras, muchos fondos y empresas de petróleo y gas, solo invertirían en hidrocarburos. La Argentina no puede darse el lujo de no explotar al máximo estas dos fuentes de energía.

Además de las razones ambientales y sociales, está demostrado que, con el avance de la eficiencia tecnológica, las renovables bajan sus costos. Es un hecho que en las próximas décadas (o años) va a ocurrir una revolución.
La posibilidad de almacenar energía renovable transformará para siempre la matriz energética mundial, principalmente, por el uso de la energía eléctrica en el transporte. Incluso la mayoría de las grandes petroleras mundiales han redefinido su propio posicionamiento (de compañías petroleras a compañías de energía) y hay pocas hoy exclusivamente concentradas en los hidrocarburos.

Algunas compañías lideran esa recategorización como Shell, Total, BP, Eni y Equinor (ex Statoil).
En 2013 el gobierno promulgó el decreto 929, “Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos”, -tan criticado entonces por la oposición- para darle seguridad jurídica a los que viniesen a invertir en no convencionales. Como consecuencia directa, Chevron invirtió los primeros 2 mil millones de dólares junto a YPF. En ese momento, la mayoría de las compañías observaban pasivas el aprendizaje que hacíamos en Loma Campana para poner Vaca Muerta en el mapa.

Hoy es una realidad que debemos potenciar para alcanzar la transición energética. Y ese decreto puede funcionar como antecedente para una verdadera ley que promueva los hidrocarburos no convencionales. Necesitamos petróleo que nos permitirá generar ingresos importantes para nuestra castigada balanza comercial.

También gas, como fuente ideal para compensar la intermitencia de las renovables. Y necesitamos las renovables, para evolucionar hacia una baja del costo de la electricidad para los usuarios, combatir el cambio climático, explotar las fuentes de financiamiento y nuestros increíbles recursos naturales. Tenemos una oportunidad histórica.

(*) La autora es CEO y presidenta de Luft Energía y ex vicepresidenta de YPF hasta 2015.