Los concejales se comprometieron a pedir la suspensión de la audiencia

Luego del intento frustrado de realizar la sesión ordinaria del Concejo Deliberante en privado, y que unos 50 vecinos del barrio Obrero A mantuvieran ocupado el hall de ingreso el edificio municipal, los habitantes de la toma lograron un compromiso de los concejales para ingresar en una de las comisiones el proyecto de tratamiento de la utilidad pública de los terrenos y solicitar la suspensión de la audiencia que fijó la Justicia para el próximo 27.

Anoche, la única que no se hizo presente para conversar con los vecinos fue la presidenta del Deliberante, Maria Elisa Lazzaretti.

En dialogo con “Río Negro”, la referente del asentamiento, Lila Calderón, aseguró que la concejal Alejandra Villagra se presentó en el hall a dialogar con los manifestantes, pero que al cabo de unos minutos nadie mas la volvió a ver. “Se escabullo porque es oficialista”, deslizó.

Además, Calderón explicó que anoche se hablaba de que a la presidenta del Concejo la habrían amenazado telefónicamente, y que fue esa la razón por la que evitó el contacto con los manifestantes. En ese sentido la referente sostuvo: “Nosotros creemos que tiene q ir a la Justicia como corresponde”, y resaltó que “hoy nada es privado, ni una llamada telefónica”. Al respecto agregó que “si denunciás te investigan el teléfono y se puede averiguar quién te llamó”, explicó Calderón, y aseguró que de esa forma sabrán que la supuesta amenaza no fue emitida por sus compañeros. Asimismo reconoció que ella misma sufrió situaciones de este tipo por parte de “los narcos o de personas ligadas al delito” y que la Justicia pudo conocer quién llamó.

“Tiene un problema la señora”, sentenció y argumentó que independientemente de esa circunstancia la sesión no debería estar restringida a los vecinos.

Los concejales Diego Rudy, María Eugenia Villarroel Sánchez, Miguel Aninao y Marcela Linhardo dialogaron con el grupo de vecinos y se comprometieron a ingresar a una de las comisiones el tratamiento de la utilidad pública de los terrenos, así como también de solicitar la suspensión de la audiencia establecida por la Justicia, en el contexto de la orden de desalojo que pesa sobre el sector. De ello surgió un acta que fue firmada por los ediles.

Los habitantes de la toma no descartaron posibles medidas de fuerza dirigidas hacia el juez Alejandro Cabral y Vedia, a quien consideró como el responsable de “estos 7 años de sufrimiento”.