“Barones de la fruta”: elevan a juicio la causa por lavado de activos
Seis personas del círculo directo del fallecido Rubén López llegan al banquillo. La Fiscalía Federal de Roca los acusa por el manejo fraudulento de fondos sindicales.
El predio del extitular del Sindicato de la Fruta, en Fernández Oro, fue allanado a fines de julio para el decomiso de bienes.
El proceso por lavado de activos que se les sigue a las personas que estuvieron en el círculo más cercano al fallecido dirigente del Sindicato de la Fruta, Rubén López, comienza a transitar su etapa final. Esta semana, el juez federal de Roca, Hugo Greca, elevó a juicio la causa en la cual se encuentran involucrados Juan Domingo Lescano (mano derecha de López), Karina Neyroud, Silvia Weisser, Alejandro Lescano, Karol Daiana López y el contador Gustavo Buceta.
Los barones de la fruta (I)
Tras la investigación que llevó adelante el ahora exfiscal Alejandro Moldes (jubilado), quien durante tres años analizó los movimientos de los activos de los involucrados, se llegó a la conclusión de que tanto López como Lescano, manejaron “de manera fraudulenta” los fondos no sólo del Sindicato de la Fruta sino también la Obra Social de los trabajadores.
Los elementos reunidos hasta el momento indican que desde esas entidades habrían sido transferidas cifras millonarias, para comprar vehículos y generar un movimiento inmobiliario que después regresaba en forma de donación a los allegados del sindicalista, a través de firmas fantasmas.
A todos los involucrados se les atribuye el delito de “lavado de activos, agravado por ser realizado por una asociación formada para la comisión continuada de hechos de esa naturaleza, previstos en los arts. 303 inc. 1 y 2 “a” del C.P”.
En caso de ser hallados culpables, los involucrados podrían ser condenados con penas que van desde los tres a diez años de prisión y multas de dos a diez veces más del monto de la operación en la cual se habrían visto involucrados.
Según el artículo 303 del C.P, estas condenas se aplicarán a todas aquellas personas que “convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado, bienes provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito”.
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La investigación
El caso tomó estado público a partir de la investigación presentada por Río Negro en el año 2015, titulada “Los barones de la fruta”.
Luego se abrió el proceso judicial, que llevó adelante el fiscal Moldes y que contó con los informes de la Procuraduría de Criminalidad Económica y lavado de Activos de la Procuración General de la Nación (Procelac).
Allí se determinó que, desde el año 2006, López y Lescano realizaron en forma “organizada” distintas operaciones al haber puesto en el mercado bienes a partir de distintos hechos ilícitos.
La investigación indica que durante años, manejaron de manera irregular los fondos de las dos instituciones con las cuales se lograron beneficios económicos millonarios. Para ello, se valieron de las firmas JLK S.R.L. Ohana S.A, y KAV Servicios S.R.L. y del salón de eventos La Ponderosa, para lavar esos fondos. También se hicieron de bienes muebles e inmuebles que luego fueron transferidos en forma de “donación” a los activos de los familiares de López y Lescano.
“Los imputados no solo han actuado sobre la base de una decisión común y de manera conjunta, sino que además conformaron una estructura criminal que operó con habitualidad y cuyo destino precisamente consistió en la comisión continuada de hechos ilícitos de lavado de dinero”, explicó el fiscal en un momento de la investigación.
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