Lo despidieron en la Justicia de Cipolletti por acosar a víctimas de violencia de género
Un empleado que trabajaba en la Defensoría Pública de Cipolletti fue acusado de aprovecharse de las mujeres que acudían a la Justicia por violencia de género. Un fallo inédito y con perspectiva de género.
La sentencia dictaminó el pago de una indemnización al dueño del estudio jurídico. Foto Archivo.
Un empleado que prestaba servicios en la Defensoría Pública de Cipolletti fue despedido, tras un sumario administrativo que llevó adelante el Superior Tribunal de Justicia (STJ). El agente fue acusado de aprovecharse de las mujeres en situación de vulnerabilidad, que acudían al servicio de la Justicia. Un fallo clave, en el que se aplicó un abordaje con perspectiva de género.
Según trascendió de forma extraoficial, el hombre tenía “conductas inapropiadas” con las mujeres que se acercaban a buscar ayuda en situaciones de violencia de género y vulnerabilidad, por lo que se inició un proceso administrativo en el que intervino la Auditoría General.
Fuentes vinculadas a la causa informaron que el auditor escuchó declaraciones testimoniales e incorporó medidas de prueba. En base a eso le formularon cargos.
Desde la Justicia no se expidieron, pero extraoficialmente mencionaron que el informe final del Auditor concluyó en que la “actuación impropia” de este agente va en contra de lo que dispone la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Carta de Derechos de los Ciudadanos de la Patagonia Argentina ante la Justicia, los Principios de Bangalore y el reglamento judicial.
En ese contexto, el STJ resolvió que el empleado quedaría cesante. El argumento estaría apoyado en la política institucional de aplicación transversal, explicado en el diagrama organizacional de la Oficina de Género, en la que pretenden garantizar la accesibilidad a la Justicia de las mujeres.
Para sostener esto, mencionaron que las conductas impropias “tuvieron como destinatarias mujeres usuarias del servicio de la defensa pública”, algo que agravó “la condición de quienes de por sí ya se encontraban en situación de vulnerabilidad y hallaban especiales dificultades para acceder a la justicia y ejercitar sus derechos”, explicaron.
El fallo sostiene que, en base a los hechos se trata de “una conducta contraria a la de un empleado judicial”, y que sus acciones derivaron, no solo en el despido, sino en un “daño a la imagen del Poder Judicial”, destacaron.
Comentarios