Línea interna sindical llama a enfrentar al Tribunal Superior de Neuquén
Se lanzó como espacio Memoria Pensamiento y Articulación (MPA) y denuncia "inactividad" de la conducción actual del Sejun.
Una nueva línea interna de trabajadores y militantes del gremio judicial Sejun denunció que el año 2020 “no sólo estuvo signado por la peste que nos azota, sino por el ataque sistemático a nuestros derechos por parte del Tribunal Superior de Justicia” de Neuquén. Acusó a la conducción sindical de “inconsistencia, falta de voluntad de lucha y nula vocación de organizar a los trabajadores”.
El espacio Memoria Pensamiento y Articulación (MPA), que se lanzó hoy con un documento público, pronosticó que el 2021 será “de alta conflictividad en el Poder Judicial y en toda la provincia”.
Afirmó que “nuestro sindicato no estuvo a la altura de los desafíos. Hace largos años que Sejun está desmovilizado, sin organización en los lugares de trabajo y carente de los necesarios debates. La conducción tiene conceptos y prácticas viejas”.
“Si se pretende tener resultados fructíferos para el colectivo judicial, a un poder concentrado y fascistoide se le debe oponer una enorme construcción de poder democrático sindical”, señalan.
Los firmantes son Griselda Porro, Mario Alonso, Hugo Della Cha, Santiago Alonso, Maxi Sepúlveda, Andrea Yunis, Mariana Carbajal, Ezequiel Solís, Tatiana Caminos, Myrian Portillo, Alejandra Santarelli, Mario Merino, Claudia Delgado, Rafael Rubio, Gustavo Beltrán, Arturo González, Marina LopezDorigoni, Juan Giménez, Mariana Cilley, Ángel Offredi, Lola Etchebarne, Natalia Torres y Damián Muñoz.
El documento señala además que «al gobernador Omar Gutiérrez sólo le interesan los negocios petroleros trasnacionales, pero Neuquén recibe migajas del banquete hidrocarburífero. Es un mandatario con ‘olor a petróleo’, pero ajeno».
«El presupuesto 2021 aprobado por la Legislatura prevé importantes recortes en la inversión en salud, educación y desarrollo social; y le otorga plenas facultades para modificar y direccionar partidas a su antojo», añade.
En ese contexto señala el MPA que «el TSJ es garante de la injusticia y la desigualdad», y el «soporte paraestatal de esa política es el Colegio de Abogados, quien dice y propone con impudicia lo que el TSJ piensa, pero no puede decir, aunque luego ejecuta».
«En esta escalada, el TSJ apeló a repudiables métodos represivos como el que sufrieron y sufren siete compañeras del Equipo Interdisciplinario de la Oficina de Violencia, de dos circunscripciones judiciales. Y por supuesto, como lógica derivación de su dependencia del Ejecutivo, se ha negado a negociar la recomposición salarial de los trabajadores, que venimos arrastrando una pérdida del 7% del año pasado y afrontamos una inflación en 2020 de no menos del 37%».
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