Ley de promoción petrolera: campaña, internas y la manija de Vaca Muerta
La recta final del proyecto clave para el sector hidrocarburífero se tornó más que polémica. Qué contempla la iniciativa y qué se critica desde la Ofephi.
Martínez, Fernández y Gutiérrez en Neuquén, en uno de los encuentros del armado de la ley cuando reinaba el acuerdo.
Sin lugar a dudas el proyecto de ley de Promoción de las Inversiones Hidrocarburíferas es la iniciativa más importante del gobierno nacional para el sector, y si bien su armado fue mucho más extenso de lo esperado, tuvo la apertura a los diversos actores de la industria para sumar consenso. Sin embargo, en los últimos días la iniciativa fue metida de lleno por el mismo gobierno, no en un terreno pantanoso, sino directamente en el barro de la campaña electoral.
El secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, cumple en estos días un año desde que asumió el cargo, y cuenta en ese corto período con un importante poroto a su favor: el Plan Gas Ar, o Plan Gas 4.
Ese programa de incentivos a la producción surgió también del consenso con las empresas, y como se refleja en los niveles de producción de los últimos meses, alcanzó con éxito las metas fijadas.
La ley de Promoción de las Inversiones se topó con otro escenario: el de la campaña electoral. Y fue en su momento más candente que la misma secretaría de Energía de Martínez, tomó una decisión que abriría la puerta a una polémica que viene resultándole perjudicial.
Desde Energía se optó el pasado 19 de agosto por elevar el proyecto a Legal y Técnica de Presidencia sin realizar algo que era un compromiso y que era la presentación del mismo a las provincias productoras, las que integran la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi).
Energía faltó a su palabra y desencadenó una catarata de cuestionamientos que terminaron disparando por los cielos la figura del gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, desde su rol de presidente de la Ofephi.
Desde el gobierno nacional son muchos los que aseguran que no hubo un error de criterio al elevar el proyecto directamente al presidente Alberto Fernández sin darlo a conocer previamente a las provincias.
Por un lado sostienen que la multiplicidad de intereses cruzados, tanto de gobiernos provinciales, como de empresas productoras chicas y grandes, condujeron a no hacer pública la letra fina de la iniciativa hasta tanto ingrese al Congreso para su debate.
Otros actores también consideran que, al calor electoral, desde Energía se buscó evitar difundir el texto en el que se contemplan beneficios como el descuento anticipado de IVA o la amortización acelerada de capital para un solo sector industrial en detrimento de todo el resto del abanico de industrias del país.
Pero también, hay quienes aseguran que la elevación directa a Presidencia habría sido una maniobra para evitar ese serrucho enorme que tiene el gobierno nacional en su interior, y que es la grieta.
Una grieta que tiene en la cartera energética sus mayores muestras, después de todo se trata del área en donde un subsecretario –Federico Basualdo de Energía Eléctrica- se opuso al pedido de renuncia solicitado por el mismo presidente y ganó.
Lo que se sabe del proyecto
No son pocos los consultores energéticos que han buscado analizar el proyecto, una tarea más que difícil si se tiene en cuenta que no solo no se conoce la letra final del programa, sino que tampoco hay certezas de que los borradores que han circulado en los últimos días sean el mismo que Fernández tiene sobre su escritorio.
Pero esta semana fue el mismo Martínez quien dio precisiones sobre el proyecto que contempla tres patas nodales.
La primera es un plan general de promoción para el sector del petróleo que habilita un cupo de exportaciones garantizadas a partir del porcentaje de producción que cada empresa logre incrementar, tomando para ello como línea base ya sea la producción de 2019 a 2020 o bien la de este año hasta abril.
Sobre ese cupo de exportaciones garantizadas, que pueden ir desde el 20 al 50% de la producción de cada operadora, las empresas tendrán además otra gran zanahoria que es la libre disponibilidad del 50% de las divisas generadas.
Este es un punto clave, ya que si bien muchas empresas, en especial las extranjeras se oponen a los cupos para administrar sus propios dólares, hay consenso en que es una mejora sobre las actuales limitaciones del mercado que como botón de muestra hicieron que este año la propia empresa semi estatal de YPF debiera refinanciar sus bonos antes la imposibilidad de acceder a las divisas para cancelar sus vencimientos.
La segunda pata del plan es la extensión por los 20 años de vigencia de la ley del actual Plan Gas Ar, generando de esa forma la continuidad de un sistema de contratos de mediano plazo que permiten atar los desarrollos a un precio elevado que, de no trasladarse a tarifas como sucedió este año, implicará que el Estado deba continuar cubriéndolo con subsidios por al menos unos 1.500 millones de dólares al año.
El tercer eje nodal del proyecto de ley es un régimen de promoción especial que abarca desde proyectos de refinación en las provincias, hasta planes de explotación convencional y no convencional que tendrían un abanico aún más grande de beneficios como amortizaciones aceleradas y quitas en los derechos de importación, si cumplen con una serie de parámetros de montos de inversión en plazos determinados.
Este es uno de los puntos en donde el titular de la Ofephi puso el grito en el cielo, ya que sería una comisión interministerial del gobierno nacional la que aprobaría iniciativas que atañen por ejemplo a Vaca Muerta, proyectos que hoy son netamente autorizados por las provincias en su rol de titulares de los recursos hidrocarburíferos.
Martínez puso paños fríos esta semana y en una conferencia en Comodoro Rivadavia dijo que las provincias sí tendrán participación. “Los proyectos especiales llegarán el visto de las provincias en donde se encuentran”, indicó Martínez en contraposición a lo que desde el mismo gobierno se presentó a los medios de comunicación el 19 de agosto.
En tanto que cerró la discusión en torno a la difusión al señalar que “no será este secretario el que de a conocer el proyecto sino el presidente y la vicepresidenta”.
Resta ahora ver, si luego de tanta pirotecnia política, el proyecto logra no solo llegar al Congreso sino también ser aprobado en un año de agenda ajustada por las elecciones.
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