Las luchas internas dentro de la lucha contra la violencia

El derecho de admisión en las canchas reavivó la colisión entre la justicia deportiva y los tribunales ordinarios, pero también entre Javier Castrilli y Mario Gallina. Castrilli, subsecretario de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos, parece hoy más blando respecto de Gallina, titular del Coprosede, que sí defiende el derecho de admisión en los estadios de su jurisdicción, la Provincia de Buenos Aires.

«Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada», parafrasea en cambio Castrilli a Perón, al recordar que él mismo quiso aplicar hace años ese derecho, hasta que recibió dictámenes en contra de la justicia ordinaria. Pero Castrilli fue inclusive más lejos y calificó de medida «efectista» el derecho de admisión, en franca colisión con Gallina, que parece haberle robado el liderazgo en el combate contra las barras bravas.

Pocos lo dicen, pero la discrepancia desnudó también una nueva posición de Castrilli, hoy empleado de Torneos y Competencias (TyC), como columnista, donde habla de violencia y de arbitraje, en un rol confuso para un funcionario público, que le suscitó inclusive un informe crítico de América TV, nada menos que el canal donde mandaba Carlos Avila.

Castrilli y Gallina al margen, el derecho de admisión reavivó la polémica sobre la justicia deportiva. Los clubes aprueban aplicar ese derecho, pero la justicia ordinaria les dice que es discriminatorio. La independencia de poderes, se sabe, no es justamente una distinción del deporte. Los propios clubes tienen sus representantes en el Tribunal de Disciplina, que a su vez funciona dentro de la propia AFA y que es considerado excesivamente sumiso a las opiniones de Julio Grondona.

Pero cuando actúa, eso sí, la justicia deportiva está obligada a fallar con mucha mayor rapidez que la ordinaria. Debe hacerlo, porque así lo impone la dinámica de la competencia deportiva.

Por eso, las estructuras del deporte suelen temblar cuando alguno de sus actores recurre a la justicia ordinaria. El fútbol italiano evitó estos últimos meses hasta lo indecible que sus clubes fueran a los tribunales ordinarios y a cambio de ello terminó rebajando excesivamente las sanciones por la corrupción en el calcio.

El último ejemplo lo dio el escándalo «Operación Puerto», como se llamó a la más gigantesca redada antidoping efectuada por la policía en la historia del deporte español. Casi 60 deportistas, entre ellos famosos ciclistas, que figuraban en listas y escuchas telefónicas fueron suspendidos por las Federaciones deportivas. Pero un juez consideró insuficientes las pruebas y obligó a que todo volviera a fojas cero. Los deportistas bajo firme sospecha de doping quedaron otra vez habilitados para volver a competir.

Curado de espanto, el deporte creó el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), supuestamente independiente, y obliga a los deportistas a aceptar sí o sí sus decisiones. Pero no hay reglamento que prohíba el derecho constitucional de recurrir a la justicia ordinaria. Y el fútbol se ha convertido en un negocio demasiado grande como para que algunos no se tienten a hacerlo.

EZEQUIEL FERNANDEZ MOORES