Las inconsistencias del presupuesto que no fue

«Hemos mantenido discusiones productivas con las autoridades argentinas. Se ha llegado a entendimientos generales y seguimos trabajando para un nuevo programa».

Pudieron ser las palabras de algún legislador opositor u oficialista, durante el debate del presupuesto 2022 que tuvo lugar esta semana en la Cámara de Diputados. Pero no. La cita corresponde al vocero del Fondo Monetario Internacional, Gerry Rice.

El aura del organismo multilateral sobrevoló todo el tiempo la extensa discusión en el recinto. No solo por la incidencia que el acuerdo (o el no acuerdo) podría tener sobre las previsiones que se sometían a votación, sino por la ausencia de referencias explícitas a tal incidencia, dentro de las previsiones oficiales.

También porque ante la inminente votación para el regreso a comisión del Presupuesto 2022, fue la referencia del Diputado Máximo Kirchner al caído acuerdo con el Fondo la que finalmente hizo que el proyecto oficial fuera rechazado.

Pero sobre todas las cosas, porque a diferencia de las otras ocasiones en las que se negoció con el Fondo, esta vez el acuerdo necesita superar el filtro del debate en el Congreso antes de ser aprobado, y la compulsa en relación al presupuesto era para el gobierno el primer test con la nueva conformación de las cámaras de diputados y senadores.

El proyecto de presupuesto 2022, fue presentado en el mes de septiembre, pero su tratamiento legislativo fue dilatado hasta fin de año, a la espera de lo que sucediera con las elecciones legislativas y de los avances con el Fondo. Con la derrota electoral consumada y el acuerdo encaminado, comenzó a apretar el reloj, y el oficialismo intentó un tratamiento express que chocó de frente con la realidad: el gobierno ya no cuenta con mayorías automáticas.

No obstante y más allá de las mezquindades a las que la clase política argenta nos ha acostumbrado, el proyecto de presupuesto estuvo mal parido desde el inicio.

Las inconsistencias del presupuesto estaban a la vista en los números. La oposición dedicó todo el debate a señalarlas. Un viejo refrán dice que «cuando alguien señala con el dedo, un dedo apunta a quien está adelante, y cuatro dedos a la persona que ha levantado la mano para señalar».

De todas las cosas que se oyeron en el recinto, lo más grotesco fue oir hablar de transparencia, certezas, estimaciones incorrectas, y tretas con los números, a los representantes de Juntos por el Cambio. Muchos de ellos también eran legisladores cuando a fines de 2017 se votó un presupuesto 2018 que estimaba una inflación del 15%. A fines de 2018, y con Juntos por el Cambio aún en el poder, la inflación acumulada fue del 47,6%. No se los vio tan compungidos en aquel entonces por haber errado en las previsiones un 217%.

De tanto señalar inconsistencias, el principal espacio opositor se cegó para ver la inconsistencia propia: la de no tener un mínimo de autocrítica y sentido de responsabilidad institucional. Muy ciertas son las fallidas estimaciones que pudo tener el presupuesto 2022. Tan ciertas como la necesidad que tiene el país en su conjunto de cerrar definitivamente el desbarajuste económico de proporciones siderales que dejó el macrismo al salir del poder. Cerrar ese capìtulo requiere un acuerdo con el Fondo, que tras la egoista demostración de fuerza del viernes, se encuentra hoy un poco más lejos.

El gobierno en tanto, fue presa de sus propios errores. Pagó cara la mala lectura política de la nueva conformación de fuerzas, pretendió imponer el proyecto a los empujones, y se negó hasta último momento a generar acuerdos. El tropiezo final fue el discurso de Máximo Kirchner a minutos de la votación.

Pero más allá de la política, el principal error del gobierno fue volver a apostar a la remanida estrategia de subestimar partidas. Desde el regreso a la democracia, todos los oficialismos se han aprovechado del presupuesto para torcer las previsiones subestimando crecimiento, recaudación o inflación, y logrando así una muñeca más importante para asignar partidas de forma discrecional.

Que la práctica sea habitual, no implica sin embargo que la práctica sea saludable y correcta. Una premisa básica, es que el valor que reviste un plan en cualquier ámbito, sea público o privado, reside en la capacidad de ese plan de anticipar el escenario por venir con un grado de certeza lo más alto posible.

Lamentablemente la oposición decidió dejar a la Argentina sin presupuesto para el año 2022. No al Gobierno. A la Argentina. Una falta de responsabilidad colectiva que crea incertidumbres cuando lo que necesitamos es seguir construyendo certezas.

— Martín Guzmán (@Martin_M_Guzman) December 17, 2021

Hay al menos cuatro elementos por los cuales el proyecto de presupuesto que fracasó esta semana, no cumplía esa premisa básica.

El primero y principal tiene que ver con las previsiones de inflación para el año próximo. Se trata de un punto tan sensible al dañado tejido social, que ni siquiera es necesario que las voces de la oposición se hagan cargo de señalar la distancia entre la realidad y el frío número del papel.

Vale recordar que el presupuesto vigente para el presente año, preveía una inflación del 29%, que fue largamente superada desde el mes de junio. En este caso, el proyecto oficial presentado en septiembre estipulaba un 33% de inflación para el año 2022, y estimaba que el 2021 cerraría con una inflación del 45%.

Sucede que luego de la presentación del proyecto de presupuesto debatido esta semana, la inflación del mes de septiembre registró un 3,5%, la de octubre un 3,5% y la de noviembre un 2,5%. Resultó ser entonces que el Ministro Martín Guzmán se encontró el pasado lunes defendiendo ante los legisladores una previsión de inflación del 45% para el cierre de 2021, y al día siguiente los propios datos oficiales del Indec señalaron que la inflación acumulada entre enero y noviembre de este año, ya es del 45,4%.

Tal como muestra el gráfico que acompaña la nota, para que semejante pronóstico se cumpla, Guzmán necesitaría que la inflación del último mes del año, un mes en que los precios aceleran estacionalmente, sea como máximo del 0,5%. Inverosímil.

Siendo optimistas, si la inflación de diciembre es 2%, el acumulado anual de 2021 no será menor a 47%. Y siendo realistas, si la inflación de diciembre se parece al 3%, la anual no será inferior al 49%.
A la luz de esos datos, la pregunta lógica de los legisladores, y de cualquiera que haya leído con cierto criterio el proyecto, es como piensa hacer Guzmán para reducir la inflación 17% en solo un año.

El propio Guzmán intentó responder el lunes ante los legisladores. El conductor de la política económica espera ampliar y extender a todo el año los acuerdos de precio implementados por Roberto Felleti desde su asunción en la Secretaría de Comercio.

Además, explicó que espera una aceleración de la demanda de pesos a tono con la recuperación del nivel de actividad, que cerrará el año arriba del 10% y que según el caído presupuesto sería del 4% en 2022. Y por último, indicó que espera reducir sensiblemente la asistencia financiera al fisco mediante emisión monetaria. Esta última es una de las principales condiciones que interpone el FMI para alcanzar un acuerdo.

La desconfianza de los legisladores de la oposición, radica en las mañas de la política. Si tal como ocurrió este año, la inflación en 2022 es mayor a la presupuestada, ello confiere de forma automática al Poder Ejecutivo la facultad de actualizar y extender las partidas de gasto de forma discrecional, y sin pasar por el Congreso.

Los dos siguientes elementos, están netamente ligado al primero. El segundo es la previsión respecto al dólar. El proyecto de presupuesto anticipa un tipo de cambio oficial de $131 al final de 2022. Significa una devaluación anual proyectada del 21%, frente a una inflación que el propio proyecto de presupuesto estipula en 33%.

Traducido, el plan oficial es que el año que viene el dólar volverá a utilizarse como ancla nominal para los precios. Ello implica además que la presión cambiaria no cederá, en un escenario en que las reservas líquidas del Banco Central son casi nulas.

El tercero, se relaciona con el déficit fiscal. El vocero del FMI se encargó de resaltar que la Argentina necesita encontrar un sendero de reducción del déficit fiscal.

A decir verdad, Guzmán ya transita ese sendero desde inicios de 2021. El presupuesto 2021 estipulaba un rojo fiscal primario de 4,2% del PBI, y tal como señalara la Vice Presidenta de la Nación en su misiva post PASO, el año culminará con un déficit primario del 1,7%. En pocas palabras, y como muestra el segundo gráfico de la nota, al final de 2021 Guzmán habrá llevado adelante un ajuste del 2,5% del PBI.

El mismo sendero se proyecta para 2022. El presupuesto establece un rojo fiscal primario del 3,3%, es decir 1,1% menor al del presupuesto del año anterior.

El interrogante es en este caso, cuáles serán las partidas que recortará Guzmán en 2022. Y la respuesta surge de los subsidios a la energía. El presupuesto rechazado el viernes, estipulaba un recorte del 0,5% del PBI por el final del precio sostén del Plan Gas, y del 0,3% del PBI por la implementación de la segmentación de las tarifas eléctricas.
En resumen, las tarifas dejarán de estar congeladas en 2022, y miles de argentinos recibirán un fuerte sacudón al bolsillo. Uno más.

Lo que no está claro en este ítem, es si el equipo que preside Guzmán tomó nota del impacto que el descongelamiento de las tarifas tendrá inexorablemente sobre el nivel de precios, lo que coloca la previsión del 33% de inflación anual, en un lugar mucho más imaginario.

El cuarto elemento, se relaciona con la ausencia explícita de referencias al acuerdo con el FMI. Las preguntas sobran. ¿Habrá que desembolsar pagos al Fondo en 2022? Por lo pronto el presupuesto no los prevé. ¿Será por el contrario que el acuerdo incluye algún desembolso puente de parte del organismo? Tampoco existen previsiones al respecto.

Por el contario, sí está claro que pese a la irresponsabilidad compartida del FMI al otorgar el crédito más grande de su historia a un país que ya en 2018 se encontraba en crisis de balanza de pagos, las exigencias del organismo serán las mismas que siempre figuraron en su rancio y conocido decálogo: ajuste fiscal, reducción de subsidios, reformas estructurales (¿flexibilización laboral?), reducción de la emisión monetaria, y unificación cambiaria.

El costo político de todo ese combo, es el que deberá deglutir el gobierno de Alberto Fernández. Un costo que buscó socializar al obligarse a sí mismo por ley a pasar el acuerdo por el filtro del debate legislativo. Una discusión que a la luz de lo acontecido con el debate del presupuesto, no le será sencilla de sortear.