Las contradicciones de la nueva moratoria previsional

“Hay un montón de boludos que aportaron toda una vida. Pero un día promediando los 2000, alguien agarró a tres millones y medio de personas que no aportaron jamás y les dijo ‘no importa vení ¿me debes $100.000?, te los descuento por mes y desde el lunes estás jubilado…’”, indicó Carlos Melconian en la mesa de Alejandro Fantino para explicar el exceso de gasto previsional. “Pero así se jubiló mi vieja”, respondió el periodista. “No me corras con la emocionalidad”, cerró el economista.
El diálogo refleja en primer lugar el pensamiento de la mayoría de los que analizan hoy el devenir de las cuentas del fisco de cara a los próximos años: el gasto previsional es la partida más grande del presupuesto y aquella que debe ser recortada. Es además un adelanto de las medidas que tiene en mente quien se menciona como el candidato número uno para ocupar la cartera de Hacienda en caso de que Macri lograra la reelección en octubre.
En efecto, al analizar la evolución de las cuentas fiscales, surgen una serie de conclusiones que hoy, sin importar el color político o la orientación ideológica, pocos se atreverían a cuestionar.
La primera de ellas, es que el gasto social es en la actualidad, la partida más gruesa del gasto, lo que implica que todo intento de mejorar la eficiencia vía reducción del gasto en lo inmediato, pone por delante la necesidad de ajustar las partidas sociales, y afectar sensiblemente a los sectores más vulnerables de la población.
La segunda es que pese al ajuste del gasto primario aplicado en los últimos tres años, las partidas de gasto social, lejos de disminuir, incrementaron su peso relativo. A grandes rasgos, fueron dos las iniciativas del actual gobierno respecto al gasto previsional. La primera se denominó “reparación histórica”, y significó un incremento permanente del gasto, atado a un ingreso por única vez que surgió del blanqueo de capitales. La segunda fue la reforma previsional a fines de 2017, que ató a la inflación la fórmula para la actualización de los haberes previsionales, justo en vísperas del salto inflacionario de 2018/19, lo que nuevamente implicó un incremento en las partidas.

Sin bandera política
Los datos referidos al gasto social en Argentina durante los últimos 15 años son elocuentes: el peso relativo de las partidas sociales es hoy tres veces más grande que a principios de los años 2000, lo cual es producto de las decisiones de gobiernos que a priori tienen una mirada distinta respecto a la política económica, pero que no dudaron al momento de incrementar el gasto.
El primer infograma que acompaña la nota muestra el gasto social en relación al Producto Bruto Interno (PBI), entre 2004 y 2018. Se observa con claridad que las medidas emblemáticas del kirchnerismo como la moratoria previsional en sus diferentes etapas o la Asignación Universal por Hijo (AUH), duplicaron el peso relativo del gasto social entre 2006 y 2015, el cual se elevó del 4,5% al 9% en menos de una década. Se aprecia además, que la reparación histórica y la Pensión Universal para Adultos Mayores (PUAM) implementadas por el macrismo, hicieron lo propio profundizando la tendencia y llevando el gasto social hasta el 11,4% que registraba a fines de 2018.

Asimismo, si se analiza la evolución del gasto social en términos reales a precios del año 2004, se advierte que hacia 2015 el gasto había crecido un 133%, y que entre 2016 y 2018 aumentó otro 52,5% (ver infograma).
Antes de indagar en las causas de tal evolución, vale señalar que el aumento del gasto implicó por un lado la mejora del poder adquisitivo de los haberes previsionales, los cuales se encontraban sumamente deprimidos a la salida de la crisis de 2001. Denotó además, la ampliación de la cobertura social a millones de personas, muchas de las cuales no recibían ningún tipo de contención. Tal es el caso de la AUH en la primera niñez de los hijos de un tercio de la Población Económicamente Activa (PEA), que se desempeña en el mercado informal de trabajo. Implicó por otra parte, la incorporación al sistema previsional de miles de personas a las que por años, sus empleadores les descontaron los aportes, pero nunca los hicieron efectivos, lo que lejos de la demagogia, significa la reparación de una enorme injusticia social.
Dicho esto, lo cierto es que el volumen actual del gasto social, representa una masa de fondos que luce inelástica a la baja, cuando en medio de una severa recesión como la que atraviesa la economía nacional, cualquier recorte en las partidas significaría agravar la situación de los que menos tienen.

El panorama se agrava si tiene en cuenta que la próxima administración deberá afrontar el grueso de los pagos por el acuerdo con el FMI, y que la conducción del organismo acaba de dar un viraje a la ortodoxia, lo que permite anticipar que la lupa sobre el gasto será todavía más exigente en los años que vienen. Sabido es que en la receta del Fondo, la solución para la masa de gasto actual es que los haberes dejen de estar atados a la inflación, y que de cara al futuro la exigencia pasa por la elevación de la edad para acceder al beneficio. Ambas medidas implican un enorme costo político para quien deba ejecutarlas, lo que aleja una vez más el análisis de la eficiencia económica, y lo coloca nuevamente en el terreno de la conveniencia política.

Populismo culposo
Durante tres años y medio, tanto los funcionarios como los analistas afines, señalaron con pertinencia la preocupación por el incremento de las partidas de gasto social. Distinta fue la tónica a la hora de aplicar la política, cuando no se reparó en los efectos del incremento del gasto que generó la reparación histórica o la reforma de 2017.
En 2019 y haciendo culto de las marchas y contramarchas que caracterizaron la gestión, la administración Macri lo hizo una vez más: tras anunciar en mayo el fin de la moratoria previsional para mujeres, volvió sobre sus pasos en junio y anunció una prórroga del beneficio hasta el año 2022.

La extensión del beneficio sin embargo, es parcial y sesgada, y deja afuera a miles de mujeres.
Un informe del Centro de Economía Política Argentina (Cepa) publicado esta semana, deja el punto a la vista. La ley de moratoria promulgada en 2014 permitía a las mujeres en edad de jubilarse y sin los aportes suficientes, “comprar” aportes hasta el año 2003, los cuales se descuentan del haber jubilatorio. Sin embargo, ni la prórroga de 2016 ni la que acaba de anunciarse, extendieron el ‘límite temporal’ del año 2003. Significa que cada año, el universo de mujeres que puede acceder al beneficio se acota progresivamente. Según la estimación del Cepa en base a datos de la Anses existen en el país 1.076.028 mujeres de entre 55 y 59 años, potenciales beneficiarias (ver infograma). El 45,3% de las mismas no tiene aportes y quedan automáticamente excluidas. Del 54,7% restante (588.248 mujeres), solo la mitad cuenta con aportes posteriores a 2003 (condición necesaria para ingresar a la moratoria).
En pocas palabras, al no haber actualizado la fecha de corte para ‘comprar aportes’, la moratoria que acaba de prorrogarse alcanza apenas a 1 de cada 4 de las posibles mujeres beneficiarias.
Probablemente, en la visión de Melconian y de la mayoría de los funcionarios, el beneficio ni siquiera debiera existir para ese 26%. La paradoja es precisamente, que con fines únicamente electorales el gobierno apele al ‘populismo’ que denosta, y decida ampliar un beneficio del cual descree, que lo haga de manera sesgada y parcial, y que al mismo tiempo genere con ello un nuevo incremento en el gasto que se apunta como el principal ítem a recortar.