La utopía energética K se estrella contra la realidad

Daniel Baum

** Exdiputado provincial neuquino, exdiputado nacional, exsenador nacional y exconvencional Nacional Constituyente.

Ver más noticias de Daniel Baum

La gestión energética “utopik-kirchnerismo” pretende abastecer al país con combustibles baratos, sin tener en cuenta sus costos de producción, ni que los precios del gas y del petróleo se fijan internacionalmente.


Tomás Moro, a principios del siglo XVI publicó su libro emblema “Utopía”, allí creaba una isla imaginaria a la que denominó con el nombre que lleva su libro. En esta isla imaginaria inventa un Estado ideal en el que sus habitantes debían observar una serie de principios y valores sustentados en un idealismo absoluto. Así debían convivir las ciudades de “Utopía”.

Como es sabido el objetivo central del libro fue cuestionar y denunciar “el status quo y los abusos” de aquellos tiempos, y si bien hay que reconocer que fue y sigue siendo un aporte importante al humanismo cristiano, tanto por el valor de la autocrítica y como el de la autorreflexión, la realidad es que sus ciudades solo estuvieron en la imaginación de Tomás Moro.

Sin que tenga el valor de un libro escrito, podríamos hacer un paralelismo sobre lo que quiere hacer el kirchnerismo con la energía en Argentina, al intentar establecer un sistema subsidiado y muy singular en el mundo por el cual, a partir de un modelo de ideas populistas que se presumen “justas, perfectas e ideales” cada ciudadano puede contar con luz, gas y otros combustibles a costos simpáticos fijados y garantizados por el Estado, sin importar lo que en realidad valen.

Este sistema de gestión energética que se impulsa desde el Estado, al que denominé utopik-kirchnerismo, pretende abastecer al país con combustibles baratos, sin tener en cuenta sus costos de producción ni que la actividad hidrocarburífera se desarrolla en un mundo donde los precios del gas y del petróleo se fijan internacionalmente por tratarse de commodities, es decir “bienes tangibles de composición homogénea producidos y comercializados en el mercado global”.

Considerando que la industria de hidrocarburos es una actividad de capital intensivo y que requiere de empresas que sean capaces de afrontar gigantescas inversiones, se hace imposible pensar que puedan producir por debajo de sus costos. En el mundo actual las inversiones petroleras y gasíferas son realizadas casi exclusivamente por empresas privadas, con excepciones de empresas que si bien están controladas por el Estado cuentan con una participación mayoritaria de capital privado.

Pensar que puede hacerse funcionar con éxito un sistema de producción y abastecimiento de combustibles donde el Estado pueda fijar artificialmente los precios del gas, de la electricidad y de los derivados del petróleo sin tener en cuenta sus costos reales (utopik-kirchnerismo), no solo padece de gran ingenuidad y voluntarismo sino que, por lo menos hasta ahora, termina en un gran fracaso.

Lo que ha venido ocurriendo con estos modelos energéticos que se presentan como paradigmas de un Estado que se preocupa por la gente es que, en algún momento debido a su costado visiblemente demagógico, siempre colapsan y terminan provocándole graves perjuicios al país y sin que pueda evitarse que sus duras consecuencias al final las deban pagar sus ciudadanos.

Esta política de subsidios generalizados siempre fracasó porque no se pueden establecer “precios simpáticos” de combustibles por debajo de lo que cuestan producirlos y distribuirlos, más allá de que se diga que se hacen con la intención de beneficiar a los usuarios y favorecer a la industria y al empleo.

Todo se paga

En realidad, aunque de manera indirecta, todos terminamos pagando lo que cuesta la energía y todos debemos sobrellevar el desastre económico que se genera en medio de gran desconcierto sobre lo que efectivamente pasa.

La verdad es que hasta ahora esta política de fijar precios irreales solo ha servido en el momento en que comienza a aplicarse al lograr cierta empatía con los usuarios que no advierten que se están incubando serios problemas en la cadena de producción, transporte, distribución y comercialización energética.

Hay dos datos objetivos que deben tenerse en cuenta a la hora del análisis: primero que no hay provisión de energía en el mundo sin inversiones millonarias y segundo que no hay Estado en el mundo que tenga la capacidad de financiar con recursos propios el abastecimiento de energía a su país sin dejar al mismo tiempo de prestar las funciones que le compete por naturaleza.

El Estado debe destinar sus recursos (impuestos de ciudadanos) a la Educación, a la Salud, a la Seguridad y a la Justicia. Por el contrario, cuando se los desvían para financiar al sistema energético (subsidios generalizados) las consecuencias son muy dañinas y dolorosas para el país.

Cada vez que se aplicó esta receta de subsidios millonarios a la energía se produjeron graves problemas en el país : Escasez de producción o importación; Cortes de electricidad y gas; Drenaje de dólares por importación excesiva de combustibles; Derroches de energía cuando está regalada; Padecimiento de los sectores más vulnerables a los que nunca les llegan los servicios; Deterioro de las instalaciones por falta de mantenimiento; Episodios de contaminación que muchas veces se tapan; Fallas en el control ambiental, y así podríamos seguir enumerando otros perjuicios que ocurren cuando el Estado asume roles que no le corresponden y deja de prestar aquellas funciones inherentes a su competencia.

Ambiente e inversión

La denuncia (publicada en internet) que formularon De Vido y Kicillof en el Informe Mosconi elaborado con motivo de la re-estatización de YPF es la prueba más palpable de los daños que provoca el Estado al sistema energético cuando se establecen precios irrisorios al gas y al petróleo para tener combustibles baratos. Tal como lo denunciaron en el informe, Repsol-YPF sobre-explotaba los yacimientos sin hacer inversiones en exploración. Ello era conocido por el Gobierno a través de sus representantes en el Directorio, primero Daniel Cameron y después Roberto Baratta. No solo conocían las decisiones del Directorio sino que en muchos casos las compartían con indisimulada complicidad, ya que la caída de las reservas y de la producción no puede ser adjudicada solo a la voracidad de la empresa y nada a los precios irrisorios en boca de pozo.

Decía el actual Ministro de Seguridad Aníbal Fernández que a la luz de la contaminación dejada por Repsol: “no solo no íbamos a tener que pagar alguna indemnización sino por el contrario iban a tener que resarcirlo al país por la deuda ambiental que dejaban”.

Nada decía el entonces senador Aníbal Fernández sobre la caída de la producción de gas y de petróleo, como nada dice ahora que pasó todo lo contrario sobre la indemnización a Repsol: terminaremos pagando la re-estatización de YPF a la luz de los juicios que aún persisten en Nueva York.

La verdad que la re-estatización de YPF no fue por el desastre ambiental que se había generado (falta de inversión y abandono de instalaciones), sino y muy especialmente por la dependencia en la importación de combustibles que iba creciendo constantemente ante la fuerte declinación en la producción de gas y petróleo por parte de las empresas, condicionadas por los precios ruines establecidos en boca de pozo, muy especialmente para el gas.

Pese a la experiencia de 12 años de gestión continuada (2003/2015) en la que se llegó a picos de importación de combustibles superiores a 14 mil millones de dólares, es increíble que aún hoy se siga defendiendo esta política de subsidios bajo el falso lema que fue para beneficio de la industria y de los sectores sociales de menores ingresos.

En ese mismo período (2003/2015) “se otorgaron alrededor de 150 mil millones de dólares de subsidios energéticos distribuidos muy inequitativamente ya que el 20 % más rico recibió cuatro veces más subsidios que el 20% más pobre”. No obstante contar con antecedentes negativos de la historia reciente, el Gobierno actual persiste en mantener un modelo de gestión energética con tarifas pisadas que no llegan a cubrir el 50 % del costo de producción. Esta decisión política de continuar sosteniendo subsidios gigantescos nos obliga a formularnos las siguientes preguntas:

¿Logrará este sueño del utopik-kirchnerismo hacer más competitiva nuestra industria, hacer crecer nuestra economía y conseguir la felicidad del usuario consumidor? ¿O una vez más todo explotará por el aire?.

*Ex Diputado Provincial , Diputado Nacional, Senador Nacional (mc) y Convencional Constituyente (1994).


Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative
Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Formá parte de nuestra comunidad de lectores

Más de un siglo comprometidos con nuestra comunidad. Elegí la mejor información, análisis y entretenimiento, desde la Patagonia para todo el país.

Quiero mi suscripción

Comentarios



Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $2600 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora