La Senaf había sido notificada del caso Sofía pero “estaba en lista de espera”

El presunto abuso sexual seguido de muerte de Sofía no deja de conmocionar a la región y a medida que pasan los días se conocen más detalles de trágico caso.

Durante la formulación de cargos el padrastro de la niña de tres años Marcos Nicolás González y su mamá fueron también imputados por desobedecer una prohibición de ejercer violencia sobre las pequeñas. La Justicia de Valle Medio había dictaminado esta medida ante una denuncia que hizo una persona de Lamarque.

Una fuente judicial señaló que en octubre la jueza de Paz de esa ciudad dio aviso a la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) para que evaluara una aparente situación de violencia familiar y tome las medidas al respecto como resguardar a las niñas. Desde el Poder Judicial señalaron que es el Ejecutivo quien tiene la potestad de separar a los hijos de sus padres cuando hay un contexto de violencia familiar. Esto se realiza a través de la Senaf.

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Sin embargo tras reiterados oficios no hubo una respuesta hasta mediados de diciembre, cuando contestaron a través de una llamada telefónica “que recibieron todas las notificaciones pero el caso estaba en lista de espera”, dijo una fuente del Poder Judicial. Desde el organismo provincial solo respondieron a este medio que “no pueden dar ningún dato para no entorpecer la investigación que lleva a cabo el procurador Jorge Crespo y el Supremo Tribunal de Justicia. Están iniciando los procedimientos administrativos a todos los actores involucrados”.

Según detalló esta fuente judicial a “Río Negro” el 14 de octubre una vecina de Lamarque expuso ante la Policía que escuchó que le pegaban a una nena.

El 15 la Policía se dirigió al domicilio pero no pudieron corroborar el abuso y derivaron la denuncia al Juzgado de Paz de esa ciudad. La jueza Claudia Bascuñan tomó como medida ese mismo día librar un oficio a la Policía para que le comuniquen tanto al padrastro como a la madre que tenían prohibido ejercer actos violentos en contra de las niñas. Además se notificó a la Senaf de que había una situación de aparente violencia hacía menores para que los equipos técnicos puedan ir a trabajar en el caso. Sin embargo “el organismo no contestó a la notificación y tampoco hay una constancia en el expediente de que haya ido a ver a la familia”.

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El 16 el caso pasó a la jueza de familia de Beltrán, Marisa Calvo quien ratificó la medida cautelar a la pareja. Además volvió a notificar a la Secretaría para que evalúen la situación pero otra vez no hubo contestación. La Policía finalmente notificó a la pareja sobre la prohibición.

El 2 noviembre la jueza volvió a comunicarle a la Senaf y esta vez al hospital de Lamarque sobre una aparente situación de violencia infantil. El organismo provincial tampoco respondió a la magistrada, informó la fuente a este medio.

A mediados de noviembre Calvo se comunicó nuevamente con el nosocomio de Lamarque. Desde el hospital contestaron el 2 de diciembre de que estaban conformando un equipo técnico. Días después “le comunicaron a la jueza que fueron reiteradas veces al domicilio pero no encontraron a la familia”.

El 15 de diciembre la magistrada realizó una llamada certificada a la Senaf, es decir de una llamada telefónica que actúa como comunicación oficial porque la certifica un magistrado. Desde la Senaf de Lamarque respondieron que recibieron todas las notificaciones “pero el caso está en lista de espera”.

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Finalmente luego que se constató el abuso de Sofía en el Sanatorio Juan XXIII y su estado era grave “la secretaría apartó a las otras dos nenas de la pareja”.

Este medio se comunicó con la Senaf y desde organismo respondieron que “no pueden dar ningún dato para no entorpecer la investigación que lleva a cabo el procurador Jorge Crespo y el Supremo Tribunal de Justicia. Están iniciando los procedimientos administrativos a todos los actores involucrados”.