La renegociación del contrato de abastecimiento de gas con Bolivia
El exsecretario de Energía de la Nación analiza los vaivenes de la primera década del contrato de importación de gas. Planteó la necesidad de terminar la construcción de GNEA y de reducir considerablemente el precio que se paga por ese fluido.
La gestión de Alberto Fernández dejó una deuda de 230 millones de dólares por la importación de gas.
Por Jorge Lapeña (*)
Argentina se apresta a renegociar el Contrato de Abastecimiento de Gas con Bolivia, pero está corta de tiempo y de ideas. A fin de mes vence la adenda 4 firmada en febrero de 2019. Las pocas declaraciones de los funcionarios de la secretaría de Energía son confusas y trasuntan la idea de reducir volúmenes de compra.
Los actuales funcionarios han declarado que Bolivia ya no tiene gas para cumplir el contrato. Sin embargo, los datos oficiales bolivianos desmienten a los funcionarios argentinos: Bolivia posee una reserva comprobada declarada de 10 TCF, y el contrato con Brasil ha finalizado. No hay excusas para no cumplir el contrato hasta su vencimiento en 2026.
Los antecedentes
La larga relación gasífera de Argentina con Bolivia se compone de dos períodos: el primero desde 1968 hasta los inicios de este siglo; y el segundo desde 2006 hasta el presente. Son tiempos energéticos distintos: el primero de crecimiento y expansión virtuosa, y el segundo de profunda decadencia.
El primer contrato muy positivo para ambas naciones: las cantidades contractuales fueron cumplidas, y los precios fueron racionales y mutuamente convenientes.
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En 2006 en cambio se firmó, en condiciones energéticas muy precarias para Argentina, un nuevo contrato que tuvo un volumen mucho mayor que el primero pero que nunca fue cumplido, y un sistema de precios errático, distorsionado y no conveniente para nuestro país. El contrato ha tenido múltiples adendas que lo han desnaturalizado (cantidades incumplidas y precios exorbitantes).
Primera etapa: Argentina-Bolivia una relación gasífera fructífera y complementaria
En 1968 la empresa boliviana YPFB y Gas del Estado firmaron el primer contrato cuyo suministro comenzó en 1972. Fue necesario construir el gasoducto Santa Cruz-Yacuiba que se vinculó a nuestro Gasoducto del Norte. El contrato tuvo una duración de 20 años y el volumen de gas suministrado por Bolivia fue inicialmente de 4 millones de m3/d. Sucesivas ampliaciones y extensiones de plazos en el contrato original llevaría su volumen anual hasta 6 Millones de m3/d. Los precios del gas en frontera fueron convenientes para Argentina ubicándose en torno al 1.00 US$/MMBTU; pero sobre todo fueron compatibles con los precios del mercado interno argentino, y son similares a los que hoy rigen en el mercado interno boliviano. Se trató de una cooperación virtuosa entre ambas naciones y ampliamente conveniente para las mismas.
Segunda etapa: ineficiencia técnica y distorsión de precios y cantidades dudosas. Para Argentina las cosas en materia energética sufrieron un cambio importantísimo. En los primeros años del siglo XXI Argentina llegó a la conclusión que sus inventarios de reservas basados solo en el yacimiento gigante de Loma de La Lata, descubiertas por YPF en la década del 70 y puestas en producción en los 80, no permitían sostener el consumo creciente de gas nacional y el autoabastecimiento energético.
En 2006 el gobierno argentino se encuentra ante un panorama desolador no previsto: las reservas de gas comenzaron a declinar en forma extraordinaria. El país sin plan energético desde los 90 reaccionó con el corte de las exportaciones de gas a Chile, Uruguay y Brasil y rápidamente implementó un sistema de importaciones de gas natural de gran escala no previsto hasta el momento.
Bolivia entrega un tercio menos del gas acordado
El sistema importador se articuló sobre la base de un contrato de importación de gas con Bolivia de mayor escala que la del período 1972- 2000 y de la importación de GNL mediante barcos que simultáneamente cumplían la función de puerto de recepción, almacenamiento y regasificación ubicados en Escobar y Bahía Blanca. Entre ambos sistemas el abastecimiento de gas importado llegó a cubrir el 25 % de nuestro mercado interno con una erogación de divisas de una magnitud nunca vista.
El contrato con Bolivia firmado en 2006 tiene una duración de 20 años, vence en 2026 previó una compra de 27,7 millones de m3/d a partir de 2010 con el fin de cubrir el faltante de gas sin el cual Argentina debería haber recurrido a la importación masiva de gasoil, fuel oil y GNL de mucho mayor costo.
Sin embargo, el contrato no ha podido ser todavía en 2020 cumplido en cantidad. La razón es obvia y deriva de los fenomenales atrasos en la construcción del gasoducto GNEA destinado a transportar las cantidades contratadas. La SIGEN realizó una auditoría sobre esta obra publicada en 2017 donde puso de manifiesto una serie de irregularidades en la ejecución que explican los múltiples inconvenientes y errores que llevaron a que las cantidades contractuales no fueron cumplidas. No está claro sin embargo porque la empresa Enarsa paralizó las obras a fin de 2018 aduciendo falta de fondos para concluirla.
El contrato vigente tiene otras incongruencias. Inicialmente (2006) el precio fue 5 US$/MMBTU; valor que podríamos considerar normal si lo comparamos con los precios que en esos años pagaba por ejemplo Estados Unidos por sus importaciones de gas natural desde México y Canadá según lo publicado por el DOE . Lo curioso es que mientras los costos de esas importaciones en Estados Unidos en los últimos años han reducido su valor a la mitad, alcanzando en 2019 precios de 2,5 US$/MMBTU en frontera, las importaciones desde Bolivia hayan aumentado en forma significativa con el acuerdo de nuestros propios negociadores como lo demuestran al menos dos de las Adendas del contrato: la adenda 2 de 2014 que adoptó el inexplicable precio de 10,16 US$/MMBTU; y la adenda 4 en 2019 en los gobiernos de los presidentes Cristina Kirchner y Mauricio Macri.
Llama poderosamente la atención, además que el gas que Bolivia vende a la Argentina tenga en 2019 y en 2020 un precio 25 % superior al que la misma Bolivia vende a Brasil según datos oficiales y públicos de su Ministerio de Hidrocarburos.
Conclusión
Los funcionarios argentinos han actuado siempre con un gran desconocimiento de las particularidades de este contrato. La Argentina ha demostrado ineficiencias manifiestas en la administración de contrato, al punto que el mismo sigue incumplido a 15 años de su firma.
En mi opinión se han cometido varios errores:
1) Se ha confundido en las sucesivas adendas, incluida la última próxima a vencer, un contrato de suministro de base por gasoducto como es contrato con Bolivia con los contratos de suministro de pico estacional que son los de GNL transados en el mercado spot.
2) Este error llevó a los funcionarios argentinos de la última década a subir los precios del contrato boliviano y bajar sus cantidades.
3) El atraso deliberado del GNEA está relacionado con este último punto.
Todo parecería indicar que a lo largo de la década que termina este año los funcionarios han visto en el suministro de Bolivia un competidor fenomenal de bajo costo para Vaca Muerta. Ello sería congruente con lo que luce como un intento sistemático y deliberado de reducir al mínimo el suministro, concentrarlo en el invierno, e igualar los precios del suministro boliviano con los precios del GNL.
En resumen, el gobierno argentino tiene poco tiempo y no debería cometer más errores de los que ya ha cometido. El negociador argentino debe entender que es imprescindible terminar el primer tramo del GNEA porque sin ello nunca se cumplirá el contrato. Una propuesta inteligente sería permitir que el gas de Bolivia ingrese al mercado argentino como “producción local”, en condiciones de competencia, el beneficio de largo plazo para ambas partes sería considerable en términos de seguridad de abastecimiento y reducción notable de precios».
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