La oposición pone en duda su voto para el presupuesto 2021 de Gutiérrez
La falta de previsión para salarios y el nuevo endeudamiento son los temas que levantaron más críticas. El oficialismo necesita sumar otros bloques para lograr su aprobación.
Por primera vez en pandemia, el encuentro será presencial. Foto: archivo.
Las tres horas de exposición que enfrentó el ministro de Economía, Guillermo Pons, en la Legislatura de Neuquén no alcanzaron para despejar las dudas de los diputados de la oposición ni convencerlos de votar el proyecto de presupuesto para el 2021. La falta de previsión salarial, el nuevo cupo de endeudamiento y los planes de inversión para el año que viene amenazan con condicionar el acompañamiento de los bloques, necesarios para que el oficialismo pueda alcanzar una mayoría.
El funcionario participó el martes de la comisión de Presupuesto junto a su equipo del ministerio y sus pares de otras áreas como Producción, Energía, Juventudes y Culturas. Todos lo hicieron de forma virtual, lo que generó una primera crítica de parte de Juntos por el Cambio.
«Entendemos los protocolos, pero de esta forma es muy difícil dar el debate y posibilitar intercambios», planteó el diputado Lucas Castelli. El legislador insistió en que el ministro no fue claro en cuanto a cómo obtener financiamiento el año que viene si no se logra la reestructuración de la deuda bajo ley extranjera y evaluó que será «muy difícil votar un presupuesto sin tener un acuerdo cerrado».
También cuestionó que se haya incluido un artículo en el proyecto para que se prorroguen los alcances de la ley de emergencia sanitaria (que vencerá en marzo), incluida la autorización para emitir deuda por 140 millones de dólares.
«No tiene nada que ver una cosa con otra. Si necesitan una extensión, convocamos a sesiones especiales en febrero y nos sentamos a debatirlo», afirmó. Dijo que la eliminación de ese artículo será una condición del bloque para avanzar en el debate.
Para el diputado Sergio Fernández Novoa (Frente de Todos), «si el presupuesto es pobre, la exposición de Pons fue tan pobre o más» pues analizó que «no respaldó con argumentos ninguna de las preguntas».
El legislador calificó como «un cheque en blanco» la autorización para emitir nueva deuda en 2021 por hasta 31.606 millones de pesos sin que se detallen fines específicos. «Todo el conglomerado de la deuda es absolutamente incorrecto. La provincia está en un proceso de reestructuración del que no se hace cargo en el proyecto, por lo que si se llega a un acuerdo vamos a votar un presupuesto que va a quedar totalmente desfasado», planteó.
El cronograma de pagos de intereses y capital para el año que viene suma 32.202 millones de pesos, pero si el gobierno logra renegociar los contratos de los bonos Ticade, Tideneu y el préstamo con el Credit Suisse, ese número debería reducirse. Este viernes vencerá el nuevo plazo para que los acreedores adhieran a su oferta.
Fernández Novoa dijo que el bloque «hará un esfuerzo por llevar una postura unificada» al momento de votar y que están a disposición para «hacer un trabajo en conjunto» si el oficialismo permite modificar los artículos sobre la deuda y es «más generoso con la inversión en educación».
Sobre este punto, el diputado Andrés Blanco (FIT) cuestionó que el Ejecutivo subejecutó fondos de ese ministerio, «en particular los destinados a la cobertura de cargos y horas que no se cubrieron y los 4.200 millones de los gastos corrientes que no se utilizaron”. También insistió en la necesidad de “destinar partidas presupuestarias a garantizar la conectividad para docentes y estudiantes”.
Pons reconoció en su exposición que «no está prevista una adquisición masiva (de dispositivos) para dotar a docentes o alumnos», pues «pareciera que pandemia evoluciona favorablemente y quizás el año que viene haya otro tipo de presencialidad con las clases». «Llegado el caso, abordaremos las soluciones en la medida en que esto se convierta en realidad», afirmó.
Blanco anticipó que el voto del bloque será negativo ya que aseguró que «no es necesario votar un presupuesto de ajuste».
El diputado Carlos Coggiola (Democracia Cristiana) también fue crítico con la presentación del ministro y afirmó que «no despejó todas las dudas ni los reproches sobre la autorización para endeudamiento».
En particular, se refirió al artículo 39 que habilita al Ejecutivo a contraer deuda del Tesoro a corto plazo a través de diversos instrumentos para cubrir deficiencias estacionales de caja. «Es como si fuera una autorización en blanco, algo muy peligroso dada la situación actual de la deuda», sostuvo.
También señaló que, al prever un cronograma de pago de intereses y capital que no incluye la posible reestructuración de la deuda, «admite después una discrecionalidad en la ejecución presupuestaria» de los fondos que eventualmente queden liberados.
«Todavía hay mucho por debatir. Si hay una apertura del oficialismo para modificar o hacer incorporaciones a la ley, será una cosa. Si se cierran en este proyecto, el escenario será otro», advirtió.
“Durante el 2020, el gobierno congeló los salarios estatales y, según la masa salarial contemplada para el 2021, se incrementará en un 8% con una inflación oficial del 29%. Si se tiene en cuenta la inflación real que se calcula por encima del 40%, esto significa en los hechos una reducción salarial”, aseguró el diputado Andrés Blanco (FIT) sobre otro de los puntos que generó más controversia del presupuesto.
Si bien el ministro Guillermo Pons insistió en que los ajustes salariales no se contemplan en los proyectos, la oposición insistió en que debe darse una respuesta.
Carlos Coggiola (Democracia Cristiana) planteó que «no incorporar la posibilidad de gastar los 10.000 millones o 20.000 millones más que demanda un 10% o 20% de aumento es no reflejar la realidad, sobre todo teniendo en cuenta que no se cumplieron los acuerdos de este año».
También la oposición cuestionó la falta de planes para impulsar la reconversión productiva. Lucas Castelli (Juntos por el Cambio) criticó que el programa para la reactivación productiva y turística que incluyó el presupuesto sólo permita un crédito fiscal para el sector por hasta un 10% de la inversión que realicen en bienes durables, mientras que el destinado a la industria hidrocarbufíera permite un crédito de hasta el 50% por las inversiones que realicen las empresas.
Sobre ese aspecto, Sergio Fernández Novoa (Frente de Todos) también alertó que «se van a pagar 9.352 millones de pesos en intereses de deuda, nueve veces más de lo que el presupuesto le destina al ministerio de Producción e Industria, que son 1.080 millones”.
El presupuesto se debatirá nuevamente en comisión el próximo martes y se prevé que llegue al recinto para las sesiones del 2 y 3 de diciembre, las últimas del año.
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