La Oficina de Violencia evaluó que Guadalupe estaba en riesgo «moderado/alto»
Esa fue la descripción que realizó en el informe que remitió al juez de Villa La Angostura. En 2019 Quitriqueo había sido denunciado por una expareja.
La Oficina de Violencia (OV) del Poder Judicial, con sede en Villa La Angostura, elaboró un informe en el que describió la situación de riesgo en la que se encontraba Guadalupe Curual, la joven de 20 años que fue asesinada por Juan Bautista Quintriqueo en plena calle, y la calificó como «moderado/alto». También le indicó al juez Jorge Videla que en 2019 una expareja de Quintriqueo lo había denunciado por violencia de género.
El director provincial de la OV, Juan Pablo Durán, afirmó que el organismo intervino desde julio de 2020, cuando Guadalupe hizo la primera presentación en la comisaria 28. Volvió a hacerlo tras la segunda denuncia del 8 de enero de este año. Allí ella comunicó que continuaban los hostigamientos y actos de intimidación.
«El informe técnico tiene aspectos psicológicos y aspectos socio-ambientales, pero la calificación, en general, como conclusión de la intervención interdisciplinaria es un riesgo moderado/alto y concluye la continuidad de medidas cautelares», explicó Durán.
Ante los reiterados incumplimientos de Quintriqueo a la prohibición de acercamiento, el juez suspendió el régimen de comunicación con la hija de un año de ambos, y le impuso la sanción económica de 2.360 pesos (1IUS), además de intimarlo a que concurra a un espacio terapéutico. Nunca le informó a la fiscalía de estas desobediencias a las órdenes judiciales.
Quintriqueo cometió el femicidio con todas las medidas vigentes, con una advertencia de riesgo de la OV y un precedente: en 2019 una expareja del agresor lo había denunciado por violencia de género. Este caso fue archivado, señaló Durán, una vez cumplido el plazo de la cautelar y se le comunicó al juez de su existencia.
Remarcó que es parte del procedimiento, cuando la oficina hace la admisión, proveerle los antecedentes, aún los archivados.
Videla tiene a su cargo un juzgado multifuero, es decir, atiende los casos civiles, comerciales, laborales, de minería y familia de la Villa.
Durán sostuvo que es el magistrado el encargado de ponderar la situación, disponer la medidas y considerar las sanciones ante los incumplimientos en función de lo que se le informa.
«El juez de Familia suele encontrarse ante estas dificultades donde debe viabilizar los derechos de los niños, por parte de quienes son los obligados, que es el papá y la mamá, en tensión con la seguridad personal de la mamá que te está diciendo que la están hostigando, la está amenazando, la está intimidando, y al mismo tiempo esa misma persona denunciante que te está pidiendo la orden de restricción, te está diciendo que no quiere las medidas policiales adicionales, para que esas prohibiciones de acercamiento sean efectivas», dijo el funcionario.
Enfatizó reiteradamente en que Guadalupe había expresado que no quería la vigilancia policial, pero solicitaba que se cumpliera con la restricción.
Agregó: «él (por Videla) tendrá que explicar qué valoración hizo de esta autonomía de la voluntad, porque él tenía la atribución de resolver por arriba de lo que pedía Guadalupe, o menos de lo que pedía Guadalupe, ¿y él cómo resolvió? Diciendo «esta chica tiene suficiente autonomía y valoro su autonomía y hago lo que ella me pide». Estoy poniendo en palabras comunes cómo sería el razonamiento del juez ante este requerimiento.»
En cuanto al rol que le cupo a la OV manifestó que los procedimientos «fueron adecuados, oportunos, eso te lo puedo decir cualquier persona, cualquier movimiento que está en contacto con los funcionarios de la Oficina de Violencia».
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