La obra de los corruptos

Puede que, al hacerse más eficientes los sistemas electorales que se emplean en distintas jurisdicciones del país, no voten tantos muertos como en otros tiempos, pero según el titular del PAMI, Carlos Regazzoni, millares que hace tiempo dejaron de estar con nosotros siguen gastando muchísimo dinero en medicamentos. Hace un par de días, el director actual de la entidad reveló que fueron detectadas “7.500 personas fallecidas” que habían comprado medicamentos, con el descuento total o parcial correspondiente, por un monto de aproximadamente 500 millones de pesos anuales. Regazzoni también dijo que hay muchos afiliados que se habituaron a obtener dosis de medicamentos que les eran imposibles de consumir, mientras que le llamó la atención el caso de un médico con “39.000 recetas firmadas”, aunque dio a entender que se trataría de una víctima de falsificadores. Sea como fuere, no cabe duda de que, una vez más, el PAMI ha servido de coto de caza para bandas de delincuentes resueltos a enriquecerse a costa de los jubilados. Desmantelar la red de corrupción que tales sujetos lograron armar no debería ser demasiado difícil, pero sí lo sería erradicar la cultura que, al penetrar tantos resquicios del sector público, la ha transformado en una fuente casi inagotable de dinero para políticos inescrupulosos. Para los saqueadores, el PAMI, la mayor obra social de América Latina, siempre ha resultado ser un imán irresistible. Varios interventores o directores, entre ellos los menemistas Matilde Menéndez y Víctor Alderete, se vieron transformados en “emblemáticos” de la corrupción nacional y no extrañaría en absoluto que el antecesor de Regazzoni, Luciano Di Césare, compartiera su suerte, puesto que funcionarios del gobierno del presidente Mauricio Macri lo acusan de “defraudación contra la administración pública” por su forma de administrarlo. Parecería que la gestión de Di Césare, el que el año pasado fue procesado por el juez federal Claudio Bonadio en el marco de una investigación por irregularidades en la suscripción de letras del Tesoro con dinero desviado de las arcas del PAMI, resultó ser aún peor de lo que los funcionarios del nuevo gobierno habían sospechado antes de enterarse de ciertos detalles. Si bien se formularon muchas denuncias en contra de Di Césare, nadie las tomó en serio, tal vez porque el gobierno kirchnerista fue blanco de tantas que algunas más no llamaron la atención. Lo mismo que otras reparticiones estatales, en el transcurso de la década que fue ganada por los militantes kirchneristas, el PAMI sirvió para financiar la política, en especial las actividades de los 6.000 integrantes de La Cámpora que, según se informa, fueron contratados por el organismo para desempeñar cargos “sociales”. Como la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner nos recordó en diversas oportunidades, para hacer política se necesita mucho dinero, de suerte que es comprensible que, alentados por la consigna “vamos por todo”, sus seguidores más fervientes hayan tomado el sector público por una caja gigantesca y, sin preocuparse por los perjuicios ocasionados a quienes dependían de los servicios que, en teoría por lo menos, debería brindarles el Estado, se pusieron a vaciarla. En la actualidad, el PAMI está tan abrumado por las deudas acumuladas que muchas farmacias se niegan a atender a los afiliados, lo que puede entenderse ya que no son instituciones caritativas sino negocios que no pueden darse el lujo de entregar remedios gratis. Por lo demás, la administración anterior del PAMI dejó una deuda de mil millones de pesos con los hospitales públicos, que también han tenido que enfrentar muchos problemas causados por la falta de insumos que es necesario importar. Se trata de otra consecuencia lamentable de la gestión de un gobierno que, a pesar de su voluntad aparente de privilegiar a los sectores más vulnerables de la sociedad, no permitió que sus pretensiones en tal sentido incidieran en su conducta. Por el contrario, con el pretexto de que era indiscutible que “el proyecto” previsto por “el relato” presidencial terminaría beneficiando a todos los habitantes del país, se atribuyeron el derecho a apropiarse, por los medios que fueran, de una proporción cada vez mayor del dinero aportado por los contribuyentes.