La muerte de Mandagaray tiene varias lecturas de las partes
Querella y defensores analizaron en los últimos días la reconstrucción del hecho en Bahía Creek. La causa sigue su curso con cuatro uniformados investigados por homicidio culposo, sin formulación de cargos.
El día de la reconstrucción por la muerte de Gabriel Emanuel Mandagaray, un oficial ayudante de la Policía de Río Negro. Foto: gentileza.
La reciente reconstrucción de los hechos previos a la muerte del policía Gabriel Mandagaray en Bahía Creek, durante un curso de la fuerza rionegrina; reavivaron el tema y la marcha de un complejo proceso que todavía tiene pendiente la formulación de cargos contra cuatro uniformados que son investigados por homicidio culposo.
“Sin dudas pudimos graficar no solo lo que ocurrió con Gabriel sino los abusos a los que fueron sometidos en esos días” dijo días atrás el querellante Damián Torres.
En tanto, Oscar Pineda -defensor de Alfredo Gattoni- realizó una lectura diferente y consideró que “hay contradicciones insalvables”.
Indicó que “hay que definir los roles que cumplieron los distintos actores en este hecho” y en ese sentido señaló que “Gattoni era el coordinador de las tareas específicas” y “están en el orden del día, lo que hacía era de nexo entre la superioridad y los instructores del curso.
El letrado agregó que “cumplía funciones administrativas y proveía materiales para que pudiera realizarse, viajaba permanentemente entre el lugar donde se hacía el curso y Viedma”.
Para la defensa, Gattoni “no estaba afectado específicamente a este curso, seguía cumpliendo funciones como jefe del COER de Viedma y como instructor de tiro en la Escuela de Cadetes. Seguía cumpliendo funciones habituales y se sumaba a este curso”.
Pineda recordó que su defendido “tiene experiencia de cursos para grupos especiales desde 2005 y nunca tuvo problemas” y que “había 5 instructores, tres están imputados, él se referenciaba con el jefe de intructores que era (Alfredo) Nahuelcheo y pasaba esas novedades a su superior que era (Antonio) Mandagaray”, padre de la víctima, y que en ese momento ocupaba la jefatura de la Regional Primera.
Por eso “era imposible que estuviera con una función exclusiva porque no eran las atribuciones que tenía”, explicó.
Sobre la actividad realizada durante la reconstrucción indicó que “para la defensa técnica de Gattoni una parte se produce en la zona de médanos, donde hacen distintos ejercicios y donde no estuvo nunca, esto surge de las declaraciones y luego cuando se produce la actividad en el agua, cuando preguntamos si estaba Gattoni, hubo disparidad de opiniones: cinco manifestaron que sí y otros cinco que no”, en referencia a los testigos.
Pineda contó que al momento del fatal desenlace su defendido “recién estaba bajando a la playa, no estaba observando concretamente el ejercicio” por eso “creemos que no tiene responsabilidad porque no podía evitar el resultado lamentable porque ya estaban en el mar”.
Agregó sobre el trabajo realizado que “una reconstrucción en un hecho de esta naturaleza, donde hay tantas personas, es muy complejo de recrear lo que sucedió en ese momento porque operaban en distintas cuestiones entre los mismos cursantes. Estamos hablando de diez cursantes que cada uno tiene una mirada diferente, es muy complejo”.
Pineda dijo que “buscamos colaborar como defensa para que el testigo pudiera dar lo máximo, fuimos meticulosos y respetuosos durante el interrogatorio” pero resaltó que “hubo contradicciones que a esta altura del proceso son insalvables”.
Todavía faltan pericias claves para la formulación de cargos
El pasado 15 de abril a la tarde, durante el desarrollo del curso de entrenamiento para ingresar al Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate de la Policía de Río Negro falleció uno de los participantes, el oficial principal Gabriel Mandagaray.
La investigación está a cargo de los fiscales Guillermo Ortíz y Rubén Negro y todavía están pendientes algunos resultados de pericias, como también el informe final de la ampliación de la autopsia que serían claves para la formulación de cargos.
En la causa son investigados por el delito de homicidio culposo Alejandro Gattoni, y los intructores Alfredo Nahuelcheo, Marcelo Contreras y Maximiliano Vitali Méndez.
Los uniformados fueron separados preventivamente de la fuerza 48 horas después de conocido el hecho y están en curso las actuaciones administrativas.
El 29 de abril lel juez de garantías Juan Brussino estableció un plazo de seis meses de investigación y durante ese tiempo aplicó a los uniformados -como medidas cautelares- la fijación de domicilio, la imposibilidad de mudarse sin informar previamente a la Justicia y la prohibición de acercarce a menos de 300 metros de los testigos y “no podrán tener contacto o actos molestos, por sí o por terceros, por cualquier medio” con los mismos.
La reconstrucción realizada el pasado miércoles fue requerida por la querella que encabeza Damián Torres, en representación de Sofía Villalba, esposa de la víctima; y Antonio Mandagaray y Elsa Adriana Fabi, los padres y, además, con cargos jerárquicos dentro la fuerza.
La medida permite avanzar en la investigación que fue valiosa para las partes, aunque los abogados que intervienen realizaron lecturas diferentes, en función de los objetivos perseguidos; al ser consultados por RÍO NEGRO.
Nueva crítica de la CTA al “pacto de silencio”
La CTA Autónoma de Río Negro retomó la crítica por un supuesto “pacto de silencio” que ya había adelantado a los pocos días del suceso.
También ratificó el pedido de apartamiento “de las autoridades policiales involucradas en la muerte” del joven Mandagaray.
Sobre algunas vejaciones que habrían sufrido quienes realizaban el curso el titular de la entidad, Rodolfo Aguiar, dijo que “este tipo de prácticas son parte de una etapa de la historia argentina a la que no queremos regresar”, agregó “nuestro más enérgico repudio a los responsables” y volvió a “exigir” a la secretaria de Seguridad y Justicia de la provincia, Bettiana Minor, “un rápido esclarecimiento de los hechos”.
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