La mirada de los funcionarios judiciales de Neuquén sobre el aborto
El libro “Clandestinidad y tolerancia”, que se presenta hoy en la UNC, analiza las percepciones que tienen jueces, fiscales y defensores sobre esta práctica.
¿Por qué no se persigue penalmente a quienes abortan? Esta pregunta potente y actual recorre desde la primera hasta la última hoja del libro “Clandestinidad y tolerancia”, en el que la socióloga Emilia Alfieri y el abogado Santiago Nabaes, analizan las percepciones, opiniones y conocimiento jurídicos que tienen los jueces, fiscales y defensores de la ciudad de Neuquén sobre esta práctica de salud, que salvo excepciones, está prohibida.
La obra será presentada hoy, a partir de las 19, en el salón azul de la biblioteca de la Universidad del Comahue. Es una iniciativa de la que participan La Colectiva Feminista La Revuelta, la Asociación Pensamiento Penal y el Grupo de Estudio Delito y Sociedad.
El trabajo de campo implicó la realización de 34 entrevistas a funcionarios y magistrados, entre agosto de 2017 y marzo de 2018, previo al debate en el Congreso sobre el proyecto de legalización del aborto. Los resultados están expuestos por agrupamiento.
Los jueces aparecen como los más “moderados”: el 64% se manifestó a favor de la despenalización de la práctica y el 91% dijo conocer el fallo FAL de la Corte Suprema sobre aborto no punible. Los defensores son quienes se posicionaron abrumadoramente a favor de la interrupción voluntaria del embarazo –no hubo opiniones en contra- y un 67% valoró el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo.
Más allá de que estén a favor o en contra del aborto nadie afirmó que metería presa a una persona por practicarse un aborto».
Emilia Alfieri, socióloga y coautora del libro.
Los fiscales son los que más se expresaron en contra de la des penalización -un 36%- e incluso los que registraron mayor caudal de respuestas evasivas: un 43%. En comparación a otros operadores son los que menos conocen el fallo FAL: 71% frente al 89% de los defensores. Sin embargo, desde el 14 de enero de 2014, definen qué se investiga y qué no en la provincia, y el aborto no figura entre sus prioridades.
Una de las primeras respuestas que dan los autores es que esta decisión de no avanzar tiene que ver con las características propias de este tipo de hechos: la falta de denuncia por ausencia de víctima y la dificultad probatoria en los casos que se inician por hallazgos de restos orgánicos.
“Los operadores dicen: “No hay forma de perseguirlo porque se hace en la intimidad. Pero no hay una decisión, justamente, porque el aborto lleva esa contradicción entre tolerancia social y prohibición. Más allá de que hayan dicho que estaban a favor o en contra del aborto nadie afirmó que metería presa a una persona por practicarse un aborto”, explicó Alfieri.
El libro incluso habla de cómo los factores extrajurídicos inciden en las decisiones judiciales, sobre todo en una provincia marcada por un alto activismo de las socorristas, activistas dedicadas a brindar información y acompañar abortos con pastillas.
Otro aspecto que se examina son las concepciones que existen en los operadores sobre porqué las personas interrumpen sus embarazos. Alfieri aseguró: “Hay una mirada paternalista que posiciona permanentemente a las mujeres desde un lugar de mera víctima y no como una persona que pueda estar decidiendo sobre lo que quiere hacer, esto desconoce la generalidad del fenómeno del aborto que atraviesa distintas clases sociales”.
En cifras
- 64%
- de los jueces consultados en el estudio se mostró a favor de la despenalización. El 91% dijo conocer el fallo FAL de la Corte Suprema.
- 43%
- de los fiscales dio respuestas evasivas respecto de la despenalización. El 30% se manifestó en contra.
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