«La ley que suspendió los juicios por jurados es constitucional»

El conflicto judicial que originó la resolución del juez de Bariloche Héctor Leguizamón Pondal, que declaró inconstitucional la ley que suspendió por 6 meses los juicios por jurados en Río Negro por la pandemia, causada por el nuevo coronavirus, recién comenzó.

“La ley que suspendió los juicios por jurados es constitucional”, sostuvo el fiscal Martín Govetto, que presentó el martes el recurso de impugnación contra la resolución del magistrado de Bariloche.

Leguizamón Pondal declaró inconstitucional la ley sancionada a finales de junio pasado por la Legislatura provincial, que suspendió los juicios por jurados, en una audiencia que se hizo el viernes, cuando rechazó el pedido de Govetto de bajar la pretensión de pena en contra de un hombre acusado del delito de abuso sexual agravado, en perjuicio de una niña, menor de 13 años.

Govetto había pedido en diciembre pasado -durante la audiencia de control de acusación- llevar a juicio por jurados al acusado, porque había anticipado que su intención era obtener una condena superior a los 12 años de prisión.

En ese momento no había pandemia, causada por el coronavirus, y las audiencias se desarrollaban con normalidad. Hoy, están restringidas a un estricto protocolo sanitario y solo participan los operadores judiciales. Y Bariloche es la ciudad de la provincia con la mayor cantidad de personas contagiadas.

Al bajar la pretensión de pena, Govetto planteó que no era necesario un juicio por jurados y al hombre acusado lo podía juzgar un tribunal de jueces profesionales.

El defensor particular Manuel Mansilla, que asiste al acusado, se opuso en la audiencia del viernes a la propuesta del fiscal. Advirtió que era una etapa procesal superada y que no se podía volver para cambiar la expectativa de condena.

Leguizamón Pondal coincidió con el defensor y además consideró que el juicio por jurados es un derecho que tiene el imputado. Por eso, resolvió declarar la inconstitucionalidad de la ley que prohíbe por 6 meses los juicios por jurados.

El proyecto de ley para la suspensión de los juicios por jurados lo impulsó la presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro, Liliana Piccinini, con el aval del Procurador Jorge Crespo.

Por eso, la decisión de Leguizamón Pondal, que además es el presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios de Río Negro, obligó a Govetto, con el apoyo de la Procuración, a buscar jurisprudencia y fundamentos que sostenga el recurso de impugnación.

Govetto dijo a “RÍO NEGRO” que el Ministerio Público puede “cambiar la pretensión de pena porque forma parte de nuestro ejercicio de la acción penal”.

Observó que además “beneficia al acusado porque limitamos la pena”. Y destacó que cuentan “con el consentimiento de los padres de la niña víctima”. El acusado es un familiar directo de la nena.

Govetto sostuvo que al ser en beneficio para el imputado “no puede hablarse de preclusión”, en referencia a etapas superadas del proceso penal. Dijo que la acusación es valida, no cambia y mantienen la misma calificación y prueba. Solo “bajamos el límite máximo de nuestra pretensión de pena”. “El otro fundamento es que la ley que suspendió los juicios por jurados es constitucional”, destacó el fiscal.

El recurso lo analizará un juez de revisión en los próximos días. Si lo admite, revocará la resolución de Leguizamón Pondal. En ese caso, el defensor tendrá la posibilidad de recurrir al Tribunal de Impugnación. Todo indica que el caso terminará en el STJ.

El caso

La fiscalía le atribuye al acusado haber sido el autor de abusos sexuales agravados y reiterados en perjuicio de la nena. Los ataques sexuales fueron perpetrados entre julio y agosto de 2018 en un domicilio de esta ciudad.

Según la fiscalía, el hombre amenazaba a la niña para que no le cuente nada a sus padres. Pero la madre de la pequeña se enteró y lo denunció. El imputado no está aún detenido en el penal de Bariloche.