La Legislatura de Río Negro trata aval para el Fiscal de Estado, con rechazo del FdT
La sesión será el viernes. Se tratará, además, la modificación del ministerio de Seguridad.
El viernes se reunirá la Legislatura y evaluará la propuesta gubernamental para la designación de Fiscal de Estado al hoy ministro de Seguridad y Justicia, Gastón Pérez Estevan. La Comisión de Asuntos Constitucionales anticipó hoy el debate cuando el Frente de Todos se opuso al nombramiento, con fuertes cuestionamientos.
El rechazo fue planteado por Marcelo Mango, que lo justificó por “en términos ideológicos, políticos y de gestión”. Luego, la presidenta de la bancada, María Eugenia Martini ratificó esa negativa por motivos técnicos y políticos. Recordó que “quedó clara su falta de formación” cuando en el 2018 quedó «relegado al último lugar en el examen para Fiscal General” y, entre otras críticas, lamentó que “deje su función en medio de una densa humareda negra en varias ciudades por parte de familiares de policías que reclaman mejores salariales y laborales”.
El oficialismo defendió a Pérez Estevan. En principio, el presidente de la Comisión, Lucas Pica que no compartió las críticas al considerar al aún ministro como “un funcionario de enorme compromiso y entrega”. Después, el titular de la bancada de Juntos, Facundo López destacó que el candidato “reúne los requisitos formales que exige la Constitución provincial y que valoramos tanto su calidad humana como profesional”.
Según la Carta Magna provincial, la designación del fiscal de Estado requiere del aval legislativo, que el oficialismo logrará igualmente en el recinto, a pesar de la oposición de la bancada mayoritaria. El legislador macrista Juan Martin adelantó su apoyo ya que corresponde a una facultad de la mandataria.
Además, la Legislatura tratará otro proyecto del Ejecutivo para modificar su estructura, bajando el ministerio de Seguridad a Secretaría de Estado para permitir que conduzca esa cartera Bettiana Minor, que no puede ser acceder al cargo de ministra porque no cumple la residencia mínima exigida por la Constitución.
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