La Justicia sobreseyó a los policías que se movilizaron en 2013

Los 34 policías procesados tras la protesta salarial de diciembre de 2013 quedaron sobreseidos en la causa penal que se les seguía.

Todos son suboficiales y entre ellos sólo dos mujeres. Ahora deberán responder a los respectivos sumarios administrativos iniciados.

El juez de Garantías de Viedma, Martín Brussino, dictó los respectivos sobreseimientos ante el pedido del fiscal de la causa Juan Pedro Peralta que contó con el acuerdo del fiscal superior, Hernán Trejo.

El hecho investigado ocurrió el ocho de diciembre de 2013, oportunidad en que un grupo de policías se manifestó frente a la Jefatura de la Policía aquí en Viedma y por las calles de la ciudad en reclamo de mejoras salariales. La causa se inició por la utilización en esa protesta de vehículos oficiales “cuyo uso y conservación les pesaba para el cumplimiento de su labor como fuerza de seguridad provincial, omitiendo ejecutar las normas reglamentarias y legales cuyo cumplimiento les incumbía, dándoles a dichos bienes del Estado provincial una aplicación diferente de aquella a que estuvieran destinados, ocasionando con ello una afectación a la normal prestación del servicio de seguridad a la población en general y prevención del delito”.

A algunos de los policías que se movilizaron se les imputó también no haber acatado las órdenes impartidas por un superior ni las leyes cuyo cumplimiento les incumbía, al tiempo que le dieron al efecto que administraban y detentaban (camión bombero) una aplicación diferente a la que estuviere destinado.

Además personal que estaba de franco fue autorizado “ilegalmente” esa autobomba, accionando bocina o sirena de gran sonoridad

En ese marco algunos de los 34 uniformados fueron procesados por “peculado de bienes en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público” y otros por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Tras una presentación de los abogados defensores Damián Torres y Nicolás Yanssen pidiendo los sobreseimientos, el fiscal Juan Pedro Peralta hizo lo propio ante el juez de Garantías Brussino, quien se pronunció en ese sentido.

El fiscal consideró que “sin perjuicio de considerar que el plantel probatorio colectado y analizado por el entonces juez de Instrucción resultó suficiente para, hasta ese momento, procesar a los encartados, siempre considerando el grado de probabilidad requerido para aquella etapa de la investigación, entiendo que ahora no alcanzan para promover la realización de un juicio que eventualmente culmine con una sentencia condenatoria”.

Tras mencionar el tiempo trascurrido que atenta con el recuerdo que puedan conservar los testigos, así como la posibilidad de incorporar nuevas pruebas para el fiscal la investigación aparece como agotada. Advirtió que “no se podrá acreditar que las posibles transgresiones a esas normas hayan sido cometidas con el dolo que requiere la figura penal analizada” y reiteró que “las conductas enrostradas a los imputados deberán ser, si correspondiere, sancionadas en la órbita administrativa”. Peralta concluyó que la conducta de los policías “si bien no reúne una entidad tal que permita o habilite una acusación satisfactoria a este ministerio público, si configura una gravísima disfuncionalidad que deberá ser analizada y eventualmente sancionada conforme los mecanismos disciplinarios propios de la fuerza policial, amén del pésimo ejemplo y exceso en el que incurrieron para llevar a cabo la protesta”.