La Justicia ordenó liberar el campo para que se pueda continuar construyendo el Parque Eólico de Picún Leufú
El juez Procesal Administrativo, Matías Nicolini, ordenó a la familia Cárdena, que dice ser propietaria del lote, que no impida el ingreso de las máquinas y la reactivación de los trabajos.
Integrantes de la familia afectad tiene su casa a 500 metros del lugar donde se realiza la obra.
El juez de Procesal Admnistrativo, Matías Nicolini ordenó que «no se perturbe ni obstaculice» las obras de creación, instalación y explotación del Parque Eólico Picún Leufú. La medida cautelar llegó luego de que la provincia de Neuquén solicitara la intervención del a Justicia porque una familia de crianceros que asegura ser propietaria de la tierra, impide el avance del proyecto.
Además de hacer lugar a la medida cuatelar solicitada por la Provincia, convocó a las partes a una audiencia para el próximo 26 de noviembre.
La Agencia de Inversiones de Neuquén licitó por 130 millones de dólares un proyecto para instalar 100 MW de potencia en el emprendimiento Vientos Neuquínos I. Para este desarrollo La Provincia cedió un lote del Área Bajada Colorada. La familia Cárdenas impidió el ingreso de las maquinarias de la empresa contratista aduciendo que perjudicaban sustancialmente su producción y fuentes de ingreso. Los Cárdenas se dedican a la cría de chivas de pelo angora y ovejas de lana merino.
En números
- 130
- millones de dólares es la inversión que demandará la instalación y puesta en marcha de los molinos de viento.
- 800
- hectáreas de tierra fiscal improductiva cedió la Provincia de Neuquén para el desarrollo del proyecto.
Presentada para la medida cuatelar por parte del Estado neuquino, el juez Nicolini ordenó «el cese y la abstención de efectuar cualquier tipo de acto y/o conducta que perturbe, osbtaculice, dificulte y/o impida la realización de las obras de creación, instalación y/o explotación del Parque Eólico Picún Leufú».
En la presentación se resalta que el proyecto generará energía equivalente al 40% del consumo eléctrico de toda la provincia, dando utilidad a unas 800 hectáreas de tierras fiscales improductivas y generando durante su construcción mano de obra para alrededor de 600 operativos.
Los demandados aseguran que son los propietarios de la porción de terreno desde hace generaciones y que la actividad les ha ocasionado grandes pérdidas. Dicen que perdieron el 85% de la parición, que algunas madres huyeron de los corrales asustadas por el avance de las máquinas de gran porte y que no pueden encontradas y que los chivos están perdiendo el pelo.
El 26 de noviembre se reunirán representantes de la provincia, de las contratistas y de la familia Cárdenas en la audiencia convocada por el juez, para intentar encontrar una resolución al conflicto.
Comentarios