La Justicia ordenó al gobierno neuquino que mejore el servicio de pediatría del Castro Rendón
Lo resolvió en un fallo unánime la Cámara Civil. Le pidió a las autoridades provinciales que tomen acciones concretas para adecuar las habitaciones de aislamiento para la internación de pacientes oncológicos, la sala de juegos y el espacio destinado a la escuela domiciliaria-hospitalaria.
La cámara hizo hincapié en el servicio de oncología pediátrica.
La Cámara Civil de Neuquén -integrada por Cecilia Pamphile y Jorge Pascuarelli– hizo lugar a la acción de amparo presentada por la defensoría de los Derechos del Niño y el Adolescente, y ordenó al gobierno provincial que tome acciones concretas para garantizar la adecuada atención en el servicio de pediatría del hospital Castro Rendon.
Se trata de un reclamo de larga data que sostienen los profesionales que trabajan en el área de oncología pediátrica.
La adecuación implica tres puntos centrales: habitaciones de aislamiento para la internación de pacientes inmunosuprimidos que lo requieran, la creación de una sala de juegos terapéutica y un espacio físico para que funcione la escuela domiciliaria-hospitalaria.
En la resolución se cita el informe elaborado por la referente provincial del Instituto Nacional del Cáncer que indica que en el hospital se diagnostican entre 10 y 15 nuevos pacientes, provenientes de Neuquén y Río Negro, y que se da respuesta al 95% aproximadamente de la patología oncológica. El resto se deriva, por su complejidad, al hospital Garrahan.
El hospital de mayor complejidad del sistema público de salud de la provincia es un centro de referencia para la Patagonia. Por eso se le exige que cumpla con los estándares establecidos por los organismos que definen las condiciones básicas, para el tratamiento de los pacientes oncológicos pediátricos.
En el voto de Pamphile, al que adhiere Pascuarelli, la camarista aseguró que «en el estado actual, los derechos de los niños, niñas y adolescentes no se encuentran resguardados.»
Agregó que las acciones que se han llevado a cabo «no llegan a soluciones y resultados concretos, siendo justa y contrariamente esperable, una respuesta o alternativa concreta.»
La jueza planteó que las autoridades provinciales «deberán presentar, en un plazo que no excederá de los cuatro meses, contados a partir de encontrarse firme la presente, el plan de obras a su cargo, para cuya realización deberán detallarse los plazos parciales y totales, con precisión de las fuentes de financiamiento.»
Sostuvo que el plan «estará sujeto al control judicial, en la etapa procesal de ejecución.»
La resolución puede ser apelada ante el Tribunal Superior de Justicia.
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