La Justicia libera al profesor acusado de abuso en Conesa

A un mes de conocidas las denuncias, la Justicia otorgó libertad restringida -con pulsera- al profesor de General Conesa, Saúl Peña, que carga con una veintena de denuncias de abuso a alumnos de la escuela donde desempeñaba funciones.

El imputado, que estaba detenido en Choele Choel, tendrá ese beneficio, a partir que fijó domicilio en Viedma y tendrá prohibición de acercamiento a las víctimas.

La investigación continúa con cámaras Gesell a las menores, partiendo de 19 denuncias de abuso y faltando cuatro víctimas por escuchar.

Mientras tanto, un grupo de profesionales sanitarios, educativos y padres de menores presentaron un petitorio en Salud y Educación para reclamar un Comité de Seguimiento Interdisciplinario. Un reclamo similar se formalizaró en la Procuración General. Además, una decena de alumnos fueron retirados y sus progenitores reclaman espacios en escuelas públicas.

A fines de octubre, la comunidad de Conesa se inquietó por denuncias de abusos de un profesor de educación física a menores del Jardín de Infantes del colegio María Auxiliadora.

La “libertad restringida” fue planteada por la fiscal Mariela Coy y acordada con la defensa. Lo fundamentó en “morigerar la medida cautelar” mientras pidió medidas para “neutralizar el peligro de entorpecimiento”. El abogado Damián Torres, en representación de los padres, se opuso a la liberación.

El beneficio fue ratificado por el juez Favio Corvalán, que otorgó “prisión domiciliaria” hasta que se le coloque una pulsera electrónica de seguimiento satelital. Esa “libertad restringida” se dará en Viedma, con prohibición de contacto directo o indirecto con las víctimas.

El petitorio dirigido a Salud y Educación, y a la Procuraduría fue producto de una campaña de recolección de firmas por parte de profesionales y padres de menores. A las carteras sanitarias y educativa le reclaman un Comité de Seguimiento Interdisciplinario. En el caso de Salud se exige que ese cuerpo especial informe de la evolución epidemiológica de los casos de afectación a la salud mental comunitaria, que valide, de alternativas y efectivice el control social de los recursos asignados, evitando el creciente descrédito e insatisfacción derivada de la previsible conmoción social que estos eventos han generado.

A Educación se le pide la remoción, apertura de sumarios y denuncia penal a los imputados de las graves denuncias presentadas, apartando preventivamente a las autoridades del establecimiento que por acción u omisión han contribuido a la preservación de las conductas anómalas observables.

Entienden que “posibilitaron la comisión de los hechos investigados, sin intervenir y cuando se hicieron públicas las denuncias y los reclamos actúan contrariando las buenas prácticas recomendadas nacional e internacionalmente al respecto”.

Una decena de alumnos fueron retirados del Colegio María Auxiliadora después de la denuncia de fines de octubre y, según explica una madre, esos menores “están sin clases” desde entonces y no lograron vacantes en un establecimiento público, como se le requirió a Educación.

Yanina Lavalle, madre de un alumno de primer grado, explicó a “Río Negro” que hace más de un mes que no tienen clases, ni tienen garantías de vacancias para el 2020. Las opciones planteadas fueron escuelas rurales, contó mientras explicó de los inconvenientes por las distancias de las mismas de Conesa.

Además, Lavalle contó el petitorio elaborado, con más de 200 firmas y apoyo general, aunque se ocupó también de resaltar las indiferencias de las autoridades locales, de Salud, entre otras.