La Jefatura de Policía de Neuquén luce a un militar condenado por secuestro y torturas
Se trata de Osvalo Laurella Crippa, juzgado y declarado responsable por delitos de lesa humanidad.
Es el último de la derecha. Fue interventor de la policía durante la última dictadura cívico-militar. Foto Mauro Pérez.
El coronel que cumple prisión domiciliaria en Bahía Blanca por los delitos de lesa humanidad cometidos en Neuquén, Osvaldo Laurella Crippa, figura en la galería de destacados jefes policiales, en la pared de ingreso de la jefatura neuquina.
Cruda descripción de Laurella Crippa
El militar tuvo dos condenas en los juicios federales por los secuestros y torturas durante la represión en la región: la primera fue en 2012. Se le impusieron 23 años de prisión y la pena la confirmó Casación.
La segunda en el cuarto juicio de lesa, fue por ocho años de prisión. Tuvo una tercera sentencia, en Bahia Blanca, a perpetua. Murió el año pasado en su casa, cuando cumplía la domiciliaria.
Entre otras acusaciones, se destacó su rol de coordinación con inteligencia en el denominado “Operativo Cutral Co”. Fue probado que se usó la comisaría provincial de la comarca petrolera como lugar de torturas, durante la semana de junio de 1976.
En esas audiencias una testigo, que en 1977 tenía 16 años, dijo ante los jueces que fue detenida en una comisaría de la ciudad de Neuquén y que fue Laurella quien presenció la revisión médica que se le practicó, como parte de la humillación tras la detención arbitraria.
La foto no reseña su condición de militar, sino que lo retrata cuando fue jefe policial interventor.
No es el único lugar de los pasillos de las instituciones democráticas donde figuran , a modo de memoria y homenaje, las autoridades militares.
En el salón de acuerdos de la Casa de Gobierno, está Domingo Trimarco y los demás gobernadores de facto que tuvo la provincia de Neuquén.
En el Concejo Deliberante de la ciudad, fueron infructuosas las gestiones para quitar el nombre del gobernador neuquino de la dictadura de una de las calles del barrio Confluencia.
La negativa llegó de las bancadas del MPN y de Cambiemos, que votaron en ambas oportunidades, en contra del proyecto del UNE que buscó quitar el nombre del gobernante de facto, y como medida complemetaria, renombar la calle como Arlene Seguel, estudiante de universitaria desaparecida.
En números
- 23 años
- fue la pena que se le impuso al coronel de inteligencia en 2012 por secuestro y torturas. La segunda fue por ocho años, en 2016. En 2017 logró su tercera condena, en Bahia Blanca, a perpetua.
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