La intervención estatal y la asistencia a las empresas

Aparecen esas las ideas locas de que nos queremos quedar con las empresas, que queremos castigar a los ricos. No, no, no, lo que queremos es hacer un país más justo. Ha quedado al descubierto que este capitalismo financiero dura diez segundos cuando aparece un virus imperceptible a la vista humana”. Así intervino el Presidente Alberto Fernández esta semana en uno de los debates más fuertes que se han presentado desde que comenzó la cuarentena.
Hay una certeza que ha dejado el transcurrir de los días en medio de la pandemia en cada rincón del planeta. Solo el estado tiene el interés y la capacidad de asistir en medio del desastre. En todos los países del mundo, con diferentes colores políticos, diversa matriz ideológica, estrategias a veces ‘sanitaristas’ a veces ‘economicistas’, con mayor o menor grado de injerencia en la vida social, es el sector público el eje rector de las acciones de prevención y mitigación de los efectos que ha generado el Covid-19.
Ha quedado a la vista que el mercado no tiene por sí solo las respuestas a todas las necesidades que deben satisfacer los agentes económicos, y que el rol re asignador de recursos del estado es especialmente necesario allí donde el mercado se retira: ante la vulnerabilidad que el propio sistema económico genera.
Sostener la actividad, la producción y el empleo en medio de la catástrofe, es el objetivo principal del sector privado. Nada menos. Tarea titánica, con niveles de demanda derrumbados. Siendo el propio estado el que establece las restricciones, es natural que sea el estado el que contribuya con el sector privado a fin de recuperar la actividad.

Desde hace unas semanas no obstante, se percibe una voz crítica que encuentra eco en una porción minoritaria de particulares, políticos y empresarios, pero que a la vez cuenta con los recursos necesarios para hacerse escuchar en el ámbito público.
La crítica más aguda hoy por hoy, es hacia la decisión del primer mandatario, de mantener la cuarentena e ir flexibilizando las restricciones poco a poco. Una y otra vez suele destacarse el enorme tamaño del estado en Argentina, el peso de la carga impositiva sobre la iniciativa empresaria, y el alto grado de intervención en la economía, destacando que el estado no debe avanzar sobre las libertades.
Poco se dice no obstante, de los países europeos, o del propio EEUU, cuando limitan las libertades a fin de re direccionar los recursos. Sin ir muy lejos, el pasado mes de abril el gobierno español intervino las clínicas privadas del país. Lo hizo para garantizar la disponibilidad de camas en terapia intensiva, y para evitar que en el sector privado se realicen test a personas que no lo necesitan. La noticia pasó desapercibida. No hace falta demasiado esfuerzo para imaginar lo que hubiese sucedido en Argentina si un gobierno hubiese tomado una medida similar.
Con todo, distintos sondeos de opinión publicados recientemente revelan que la enorme mayoría de los habitantes del país, respalda las medidas adoptadas por el gobierno en medio de la pandemia. Uno de ellos es un extenso estudio presentado esta semana por la Universidad Católica Argentina. El relevamiento realizado en el Área Metropolitana de Buenos Aires, muestra que el 77,7% de los consultados, está de acuerdo con mantener el aislamiento preventivo. Al dividir las consultas por encima y por debajo de la línea de la pobreza, resulta que entre las personas de menos recursos, el acuerdo llega al 83,5%, mientras que en las personas de mayor poder adquisitivo, solo al 75%.

Un segundo informe fue realizado por la consultora Analogías en la primera quincena de mayo, sobre una amplia y representativa muestra en las 24 provincias del país. El estudio muestra que 7 de cada 10 argentinos tiene una evaluación positiva de los primeros meses de la gestión de gobierno, y que 9 de cada 10 valoran positivamente la imagen del Presidente. Lo sorprendente surge a analizar lo referido a la intervención del gobierno en diferentes aspectos de la vida social. Una de las consultas de la encuesta indaga sobre la posibilidad de que el estado intervenga en los supermercados para obligarlos a cumplir con los precios máximos establecidos. El 86,4% de los consultados se mostró a favor. Solo el 10,3% estuvo en desacuerdo. Otra de las preguntas, refiere a la posibilidad de que el estado cobre cada año un impuesto extraordinario a las 10.000 personas más ricas del país. El 75% está de acuerdo con la medida, y solo el 19,1% en contra. Una tercera consulta indaga acerca de si el estado debe intervenir en la economía para enfrentar la crisis producto de la pandemia. El 85,2% de las personas contestó afirmativamente. Algunos de los resultados pueden apreciarse en los dos primeros gráficos que acompañan la nota.
Dado el acuerdo generalizado, la pregunta es entonces ‘cómo financia el estado su presencia’.
El tercer gráfico que acompaña la nota muestra la dinámica fiscal durante los últimos dos años. Se observa la velocidad de crecimiento de ingresos y gastos cada trimestre, y se aprecia el corte abrupto que se generó desde la irrupción del virus, con un crecimiento exorbitante de los gastos, y un desplome de los ingresos. Según datos oficiales, el paquete total de medidas anunciado desde marzo, donde se incluyen el Ingreso Familiar de Emergencia, el programa de créditos a tasa subsidiada para pymes y monotributistas, y la Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), tiene un costo fiscal de unos $800.000 millones.

El ATP, mediante el cual el estado se hace cargo del 50% de los salarios de las empresas privadas, es un caso tan controversial como particular. El costo fiscal del programa es de $100.000 millones. Las polémicas que rodean al programa son múltiples. ¿Debe el estado asumir el costo de las pérdidas que un imponderable como la pandemia genera en una empresa privada? El programa está especialmente diseñado para asistir a las pequeñas y medianas empresas que deben lidiar con la devastación que ha generado la cuarentena decretada por el gobierno sobre el nivel de actividad económico, y que representan el grueso del empleo registrado en el país. Pero ¿qué hay de aquellas empresas grandes que cuentan con espaldas financieras suficientes? Muchas de ellas incluso tienen capitales en el exterior, y otras se financian en el mercado bursátil. ¿No es acaso la pandemia parte del riesgo empresario en el cual el estado debe abstenerse de intervenir?
Con ese telón de fondo, una iniciativa parlamentaria presentada por la Diputada Fernanda Vallejos, generó una fuerte polémica las últimas dos semanas. El proyecto prevé que el estado tome participación accionaria en algunas de las empresas a las que asista financieramente. Se entiende que el foco no está puesto en las pymes, sino en las empresas que cotizan en bolsa. Además, es inverosímil pensar que una iniciativa asi pudiera implementarse de forma retroactiva, sin que las empresas que tomaron los fondos ATP estuvieran anoticiadas previo al ingreso al programa.
Hechas las salvedades del caso y analizando el fondo de la propuesta, resulta que lejos de ser una trasnochada idea kirchnerista, la modalidad es aplicada hoy mismo en las economías que suelen presentarse como modelo a seguir. Esta semana se conoció el acuerdo que el gobierno alemán lleva adelante con la aerolínea Lufthansa. La empresa recibirá una asistencia de 9.000 millones de euros, y a cambio el gobierno alemán tomará el 25% del paquete accionario de la compañía, más el poder de veto en el directorio. La noticia tuvo escaso eco en Argentina, y no se mencionó en los debates respecto a la iniciativa parlamentaria.
Tal como lo expresó el Presidente, nadie imagina al gobierno argentino tomando participación masiva en las empresas. No obstante, hay un importante universo de empresas que mantiene por ejemplo cuantiosos y crónicos niveles de deuda con el Banco Nación o una morosidad acumulada durante años en relación a los aportes y contribuciones patronales, incluso antes de la pandemia. Una forma en la que el estado podría cerrar estas posiciones de deuda, beneficiando al deudor que se deshace de su deuda y al propio estado que ejecuta el pago, es tomando posición accionaria y sentando un director a la mesa. Lo mismo podría suceder en una empresa que necesita el rescate de los fondos públicos para salvar cientos de puestos de trabajo en riesgo a raíz de la pandemia. Polémico tal vez. Pero a la vez, parte de la estrategia utilizada en los llamados ‘países serios’.
El fondo del debate es por qué razón el estado debiera estar obligado a asistir financieramente ante la crisis y a retirarse ante la recuperación. Por qué aquel actor al que se le pide que no intervenga, debiera ser el que aporte los fondos para salvar las empresas, sin opinar en las decisiones que llevaron a esa compañía a una situación de estrés financiero. Ningún banco comercial adoptaría semejante postura. Una relación productiva sana, que procure la sustentabilidad a largo plazo, el crecimiento con desarrollo, y la sinergia positiva de todos los actores, significaría en cambio estrechar vínculos públicos y privados en las pérdidas y también en las ganancias.