La guerra del PAMI

Como su antecesor Fernando de la Rúa a comienzos de su gestión, el presidente Néstor Kirchner entiende que le convendría tomar bajo su control cuanto antes el PAMI, esta «obra social de los jubilados» que a juicio de virtualmente todos constituye el máximo símbolo de la corrupción con el que cuenta el país. Sin embargo, a diferencia del radical, el peronista parece estar más que dispuesto a librar una guerra sin cuartel contra los representantes de la CGT en el directorio, no tanto por considerarlos los defensores principales de las tradiciones lamentables de una entidad con un presupuesto anual superior a los dos mil millones de pesos que según la opinión general siempre ha funcionado como una gran «caja» política, cuanto por su convicción de que le convendría ocupar más «espacios de poder».

A esta altura es patente que la solución del problema mayúsculo planteado por el PAMI tendrá forzosamente que incluir su despolitización. Si el PAMI no mereciera su triste fama de ser una «caja», no tendrían sentido las batallas furiosas que con regularidad son libradas entre los miembros del gobierno de turno y sindicalistas «gordos», en esta ocasión encabezados por el senador gastronómico Luis Barrionuevo, que están claramente resueltos a aferrarse a sus puestos en el directorio. Después de todo, si sólo fuera una cuestión de encontrar la mejor forma de manejarlo con mayor eficacia, no habría ninguna «lucha» por el control del PAMI y las vicisitudes de los aspirantes a ayudar a gestionarlo interesarían sólo a un puñado de especialistas. Mientras siga siendo tratado como la parte más jugosa del botín político, empero, limpiar sus estructuras de sujetos decididos a aprovecharlo en su propio beneficio o en aquel de su fracción partidaria o sindical será imposible. Por cierto, la ofensiva que ha emprendido Kirchner contra los «hombres de Barrionuevo» en el PAMI no modificará mucho, a menos que se trate de la fase inicial de una reforma amplia y drástica destinada a asegurar que en el futuro los fondos cuantiosos que pasen por sus arcas sirvan para algo más que para financiar campañas políticas, costear «homenajes» miserables o para mantener a burócratas, ñoquis y otros apadrinados por los poderosos de turno. Asimismo, la «lucha contra la corrupción» no podrá prosperar si todos, tanto los oficialistas como los opositores, insisten en aplicar criterios netamente partidarios a la hora de juzgar el desempeño de los responsables de manejar una institución cuyos gerentes deberían estar por encima de toda sospecha.

Según la mayoría de los observadores, lo que Kirchner se ha propuesto es impresionar a la ciudadanía con un nuevo «gesto de autoridad» comparable con los supuestos por la purga de las Fuerzas Armadas y los cambios en la cúpula de la Policía Federal, mostrando de este modo que está resuelto a desafiar a Barrionuevo, personaje que por su afición a declaraciones impactantes se ha erigido en la figura «emblemática» de la corrupción. Desde luego que enfrentarse con el catamarqueño beligerante podría suponerle a Kirchner más popularidad, pero si sólo es una cuestión de un nuevo episodio en una saga al parecer interminable protagonizada por políticos y sindicalistas que por motivos nunca aclarados quieren impedir que el PAMI sea manejado por otros, los beneficios para el país de su eventual éxito serán decididamente magros.

Si bien las ambiciones en este ámbito del gobierno serían respetables si no hubiera duda de que se basaban en la solidaridad de sus integrantes con los jubilados y en la voluntad resultante de administrar «su» obra con honestidad y eficiencia ejemplar, la verdad es que hasta ahora no se dan razones para suponer que sus prioridades sean fácilmente confesables. Según parece, el pedido de intervención que Kirchner ha enviado al Congreso tiene mucho más que ver con su deseo de golpear a los leales a Barrionuevo que con cualquier proyecto de reforma, lo que hace pensar que, en el fondo, para el gobierno actual el «problema del PAMI» consiste en la presencia en el directorio de sus enemigos políticos, no en el hecho denigrante de que tantos personajes influyentes estén más que dispuestos a anteponer sus propios intereses políticos y materiales al bienestar del sector más vulnerable de la población del país.