La estafa por licencias truchas en Bariloche ascendería a $1,5 millones
Fueron imputados 11 empleados municipales mientras que otras dos trabajadoras tendrán otra audiencia para la formulación de cargos y hay una persona a la que no ubican.
Audiencia de Formulación de Cargos por la causa de las licencias Truchas. Foto: Alfredo Leiva
La imputación a 11 empleados municipales de Bariloche y una persona externa por la presunta asociación ilícita mediante la cual otorgaban licencias de conducir truchas, habría significado una estafa por 1.500.000 de pesos.
El fiscal Guillermo Lista que formuló ayer los cargos, indicó que esta presunta banda por las licencias que entregaban cobraba unos 3.000 pesos que no entraban a las arcas del municipio. El perjuicio se mantuvo durante al menos tres años, entre 2014 y 2016 cuando el Ejecutivo municipal advirtió la maniobra y realizó la denuncia.
Según la acusación fiscal, se emitieron alrededor de medio millar de licencias apócrifas, lo que representa 1,5 millón de pesos (a valores de hace 3 años). El dato surgió de las licencias no rendidas ante la Agencia de Seguridad Vial, que depende del Ministerio del Interior de Nación.
La investigación preliminar indica que en apenas diez minutos emitían las licencias truchas. El fiscal dijo que hay informes oficiales que señalan que algunos de los sospechosos asistían después de las 17 al área de emisión de licencias de conducir y los fines de semana.
La fiscalía tiene escuchas telefónicas, que surgieron de intervenciones autorizadas por orden judicial de los celulares de algunos de los imputados. También informes que personal de la Oitel del Poder Judicial hizo de los cruces de llamadas entre sospechosos.
Fueron imputados los empleados municipales Juan Marcelo Oyarzo, Marcos Nicanor Aguirre, Celeste Malén Castro, Griselda Beatriz Pereyra, Gladys Ester Aranda, José María Zalazar, Walter Fabián Gallardo, Daniel Alberto Martínez, Luis Octavio Neculman, Alejandro Namor y María Romina Paz como coautores de los delitos de falsedad de instrumento público, cohecho pasivo, incumplimiento de los deberes de funcionario público y fraude en perjuicio de la administración pública, “todos ellos en su carácter de integrantes de una asociación ilícita”.
También el fiscal acusó a Alicia Beatriz Vega, que no es empleada del municipio, como partícipe necesario en las maniobras.
El fiscal no pudo acusar a las empleadas municipales Eugenia María Carballo y Mariana Noemí Villalobo, que informaron ayer que designarán defensores particulares. Por eso, serán convocadas a una nueva audiencia de formulación de cargos. Mientras que Fernando Sepúlveda no asistió ayer porque no lo pudieron ubicar para la notificación.
Los imputados escucharon en silencio la extensa acusación del fiscal y optaron por no declarar.
El juez de garantías Ricardo Calcagno admitió la formulación de cargos y otorgó un año de plazo para avanzar con la investigación por tratarse de una causa compleja.
La investigación preliminar determinó que los empleados imputados valiéndose de la participación de Vega captaban personas interesadas en conseguir una licencia trucha, sin tener que cumplir los requisitos legales y administrativos. Así eludieron la exigencia de no tener multas ni antecedentes penales, infracciones, libre deuda municipal, acreditar los controles de salud y los exámenes escritos y de conducción.
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