La Escuelita: piden penas de hasta 17 años por delitos de lesa humanidad

Con pedidos de condenas de prisión efectiva para los cinco militares y dos policías imputados por los secuestros y torturas de las que fueron víctimas Félix Oga y Alipio Quijada (fallecido), durante la dictadura militar del 76, los fiscales Miguel Ángel Palazzani y Jorgelina D’Alessandro abrieron ayer la ronda de alegatos del juicio La Escuelita V.

Entre otros delitos les imputaron privación ilegítima de la libertad y tormentos.

En el cierre de un extenso y detallado alegato los fiscales pidieron que se condene a los militares Oscar Lorenzo Reinhold a 17 años de cárcel; a Víctor San Martín, Jorge Eduardo Molina Ezcurra y Jorge Di Pasquale, a 15 años; a Gustavo Vitón y a Antonio Camarelli, éste de la Policía de Río Negro, a 12 años; y a Jorge Soza, de la Policía Federal, a 10 años.

La audiencia fue conducida por los jueces Eugenio Krom, presidente, Orlando Coscia, Pablo Díaz Lacava y Alejandro Silva, este último cuarto juez.

Los fiscales dieron por probada con amplitud la participación de los acusados en los hechos, a partir de una profusa prueba testimonial reunida en base a las declaraciones de Oga y de testigos, y documental.

Oga, quien era estudiante de ingeniería, fue secuestrado en la casa de sus padres en Catriel y luego de pasar por la Unidad 9 de Neuquén fue recluido en varias cárceles del país. Quijada era un trabajador exonerado de UNC y fue llevado de su casa en Cutral Co.

El ex subcomisario Jorge Soza –el único presente en el juicio–, negó responsabilidad en los hechos que se le imputan y no respondió preguntas.

Dos hechos que se destacaron en la jornada. Uno fue la participación Inés Rigoni, madre del desaparecido Oscar Alfredo Ragni, quien le pidió al tribunal que haga participar, de manera presencial y no a través de video conferencia como lo vienen haciendo, a todos los imputados.

Puso el acento en modo particular en Jorge Eduardo Molina Ezcurra, quien semanas atrás reconoció que en algunas ocasiones asumió el rol de jefe del Departamento de Inteligencia 182.

Otro la decisión unánime del tribunal de hacer lugar al planteo del defensor oficial Fernando Ovalle, con la adhesión de su par Gabriela Labat, para que no se les permita alegar y pedir pena a los querellantes de la APDH y del Ceprodh, en razón de que en su momento no hicieron el pedido de elevación a juicio.

Sólo les quedará la posibilidad de adherir a la acusación fiscal.

“Recurriremos el fallo en casación”

Mariana Derni y Natalia Hormazábal (Ceprodh) y Juan Cruz Goñi (APDH) cuestionaron la decisión del tribunal de no permitirles alegar y pedir penas. “Parece absurdo, pero es la lógica de cómo se condujo el Poder Judicial. Si no hubiera sido por las víctimas, sus familias y los organismo, estos juicios no podrían haber realizado”, dijo Derni.