La economía y la posverdad en el día después
Las interpretaciones del resultado electoral se entrecruzan con aquello que requiere la economía. Por primera vez se conocerá el plan económico del gobierno.
A plaza llena. El oficialismo hizo una demostración de fuerza en la semana posterior a la derrota electoral.
Al calor de los debates en las redes y de la exasperación de la grieta, el concepto de “posverdad” ha cobrado mucha relevancia en los últimos años, y se hace cada vez más pertinente para explicar los escenarios que configuran la agenda pública.
Los especialistas definen la posverdad como “un neologismo que describe la distorsión deliberada de una realidad en la que los hechos objetivos tienen menos influencia que las apelaciones a las emociones y a las creencias personales, con el fin de crear y modelar la opinión pública e influir en las actitudes sociales”.
No existe mejor descripción acerca de los hechos y señales posteriores al acto electoral, que aunque en la percepción pública aparece ya lejano, tuvo lugar en Argentina hace apenas siete días.
La inexpugnable sinergia que existe entre política y economía, hace que la interpretación del resultado de la elección del domingo pasado, sea un elemento clave, que sienta las bases para la construcción de un camino que conduce a la elección presidencial de 2023, pero también para la compleja gestión de la economía durante los próximos dos años.
Lo paradójico, más que nunca en esta oportunidad, es la forma en que esa interpretación se fue moldeando en la semana posterior al comicio, de acuerdo a la conveniencia e interés de cada uno de los actores involucrados.
Mientras los fríos números del escrutinio provisorio daban cuenta de una contundente derrota del oficialismo a nivel país, los semblantes de los protagonistas en cada uno de los bunkers ya presagiaban el mismo domingo a la noche, cuál sería el tono de las lecturas políticas en el día después.
Crece el uso de tarjetas prepagas
La más descriptiva de ellas fue quizá la de la diputada electa por el Frente de Todos, Victoria Toloza Paz, que interpeló “ellos ganaron perdiendo, y nosotros perdimos ganando”. Una particular forma de explicar los 15 puntos porcentuales que el oficialismo dejó en el camino entre la elección presidencial del 2019, cuando obtuvo el 48% de los votos, y la elección de la semana pasada en la que logró el 33%.
En la vereda de enfrente, el día después se enfocó entre la sorpresa por la lectura oficialista, que intentó presentar como victoria una caída elocuente en las urnas, y el inicio de la disputa interna de cara a 2023. Una disputa en la que a estas alturas ya tercia el liberalismo, cada vez más gravitante, y con una agenda económica muy pragmática, que pone a prueba la capacidad de la oposición para generar alternativas.
Es en ese marco que empieza a jugarse la partida de la economía de cara al bienio 2022-2023. Una partida en la que los desequilibrios y las restricciones estructurales siguen siendo las mismas, pero en un escenario político que obligará al oficialismo a consensuar como nunca antes. Por primera vez desde el regreso a la democracia, el justicialismo ya no contará con la mayoría en el Senado de la Nación.
“Ellos ganaron perdiendo, y nosotros perdimos ganando. Los objetivos que nos pusimos como frente están cumplidos”
Victoria Toloza Paz, Diputada electa – Provincia de Buenos Aires
El primer anuncio económico tras la elección, debe mirarse a través de ese cristal. Es que el Presidente anunció en la noche del domingo, el envío al Congreso de un proyecto de ley que explicitará el “plan económico plurianual” de cara a la segunda mitad de su mandato. Un plan que le fue requerido desde el momento de su asunción, y que el gobierno siempre se negó a explicitar. El Presidente decidió que sea la nueva conformación del Congreso la que ponga a debate el plan.
No es un detalle menor. Sin mayoría automática en el Senado y con una virtual paridad en Diputados, el plan económico que en palabras del Presidente “surge de los avances alcanzados con los técnicos del FMI”, deberá contar con el acuerdo explícito de la oposición.
La primer jugada pos electoral del Presidente, es involucrar a la oposición en la decisión del rumbo que deberá adoptar la economía nacional para poder pagarle al Fondo.
No hace falta ser demasiado lúcido en el análisis para advertir que las condiciones que impondrá el FMI antes de firmar el acuerdo, traerán consigo más penas que satisfacciones para las mayorías. Ante tal panorama, qué mejor que socializar el costo político de las decisiones impopulares que pudiera acarrear el entendimiento.
Premian una iniciativa financiera neuquina
Los detalles del plan que el gobierno enviará al Congreso aún se desconocen. Existen no obstante elementos que anticipan el perfil que podría tener la hoja de ruta de un acuerdo que de antemano, impone la necesidad de generar las divisas necesarias para atender los vencimientos que pudieran pactarse.
Para preciarse como tal, el plan debería incluir objetivos claros y mensurables acerca de la inflación, el déficit fiscal, la emisión monetaria, y el esquema cambiario.
En este sentido, el propio anuncio presidencial trajo consigo la primera contradicción. Lejos de aquel tono confrontativo de la semana previa a la Cumbre del G20, el mensaje del domingo a la noche transcurrió lejos de las apelaciones épicas y de los recurrentes pase de facturas al organismo. No obstante el primer mandatario se ocupó de explicitar, tal vez en un guiño a las tropas propias dentro de la coalición de gobierno, que “es necesario seguir el camino del ordenamiento de las cuentas del Estado, pero jamás a costa de un ajuste del gasto”. Por si algún distraído no captaba el significado del mensaje, agregó “el superávit fiscal virtuoso siempre es hijo del crecimiento, nunca del ajuste”.
Las diferencias dentro del oficialismo en torno al ajuste del gasto quedaron a la vista públicamente tras la derrota en las PASO de septiembre, con la misiva en la que la Vice Presidenta Cristina Fernández denunció el ajuste del gasto realizado por el Ministro de Economía Martín Guzmán a lo largo de 2021.
Más allá de la apelación a las emociones y las creencias personales que a tono con la época de posverdad, cada quien pueda aplicar para interpretar el perfil económico de Martín Guzmán, los fríos números que surgen del propio Ministerio de Economía de la Nación, confirman el diagnóstico de la Vice Presidenta.
El Presupuesto de 2021 establecía un rojo fiscal primario de 4% del Producto Bruto Interno (PBI). Sin embargo, los datos consolidados hasta septiembre, muestran que el déficit fiscal primario acumulado en las primeras tres cuartas partes del año es de solo 1,9% del PBI. Exactamente la mitad de lo estipulado. Si a ello se suma la incidencia extraordinaria del Aporte Solidario de las Grandes Fortunas, el rojo primario se reduce hasta el 1,3% del PBI en los primeros nueve meses del año.
En pocas palabras, el ajuste que el Presidente dice querer evitar, ya está siendo aplicado en 2021, y ciertamente de forma muy efectiva, por su propio Ministro de Economía. Ni siquiera la incidencia financiera del promocionado “plan platita” aplicado entre las elecciones PASO y las generales a fin de morigerar la derrota del oficialismo, podrá revertir el buen resultado fiscal que Guzmán tendrá para exhibir en la mesa de negociación a fin de año.
En pocas palabras, pese a que el acuerdo con el Fondo aún no está firmado, y pese al denodado esfuerzo de los intérpretes de la realidad por mostrar aquello que no es como si fuera, parte de las incidencias del acuerdo ya están siendo aplicadas de antemano.
“Es necesario ordenar las cuentas, pero jamás a costa de un ajuste. El superávit fiscal es hijo del crecimiento, nunca del ajuste”
Alberto Fernández, Presidente de la Nación
El conductor de la política económica cuenta con otro as en la manga: la actividad económica se mueve a niveles de pre pandemia. Las consultoras privadas ya estiman que el crecimiento de este año compensará la totalidad de lo perdido por la cuarentena del año pasado. A la buena performance que viene mostrando la industria en 2021, se sumó esta semana el dato acerca del uso de la capacidad instalada, que en septiembre llegó al 66,7%. Se trata del mejor septiembre desde el año 2016.
Las dudas sin embargo, surgen en torno a todo aquello que aún no se explicita. Los interrogantes sobran. Con salarios por cuarto año consecutivo perdiendo frente a los precios, tarifas atrasadas e inflación estacionada en torno al 50%, ¿cuál será la forma en que se desentrañará la distorsión de precios? ¿Cómo se solucionará el frente cambiario? ¿Será el momento de oficializar la brecha con un dólar oficial que atienda el frente comercial y un dólar financiero que sirva al atesoramiento y al turismo, y convalide el precio que hoy ostenta el mercado ilegal?
El dólar era precisamente otra de las grandes incógnitas del día después de la elección. Finalmente los agoreros volvieron a ser desacreditados: el blue se mantuvo estable en la semana posterior a los comicios. Los motivos que sostienen al paralelo en un nivel alto y más caro en términos reales que en otras épocas críticas del país, tanto lejanas como recientes, son únicamente políticos.
Pero el interrogante más agudo surge también del discurso presidencial del domingo por la noche. “Tenemos que hacernos cargo de priorizar el combate contra la pobreza”. El Indec acaba de publicar el valor de la Canasta Básica Almentaria (CBA) y la Canasta Básica Total (CBT) para el mes de octubre. De allí surge que una familia de 4 integrantes necesita $30.905 para no ser indigente (CBA) y $72.365 para no ser pobre (CBT). Implica que si las dos personas adultas del hogar perciben el salario mínimo, ubicado hoy en $31.000, no logran escapar de la pobreza.
No hay posverdad que pueda esconder esa sentencia.
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