La disolución de la ex-SIDE

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha anunciado la elevación al Congreso de un proyecto de ley que dispone la disolución de la Secretaría de Inteligencia (ex-SIDE) y la creación de una Agencia Federal de Inteligencia. El anuncio es una respuesta política a la conmoción provocada por la trágica muerte del fiscal Alberto Nisman. Existía un consenso bastante extendido sobre la urgencia de proceder a la remodelación completa de los denominados “servicios de inteligencia” del Estado. Es una medida correcta aunque tardía, que se toma en el momento final de dejar el poder, después de haber aprovechado hasta el final esa estructura paralela. En la edición de “Página/12” –un medio muy afín al gobierno– del pasado domingo, varios columnistas –Marcelo Sain, Eduardo Jozami y Horacio Verbitsky– habían sostenido la necesidad de encarar en forma inmediata la reforma del sistema de inteligencia. En otros medios críticos al gobierno se habían pronunciado en el mismo sentido Jorge Fernández Díaz, Jaime Durán Barba, Ricardo Gil Lavedra, Miguel Bonnaso y otros conocidos intelectuales. Es decir que de un modo natural, sin acuerdo previo, se había producido un claro consenso alrededor de lo que debiera ser una política de Estado en materia de inteligencia. La iniciativa legislativa de CFK parece calcada de la propuesta formulada por Marcelo Sain en la nota publicada en “Página/12” y que lleva por título “Nunca es tarde”. Sain es un reconocido experto en seguridad que estuvo vinculado a la Alianza y fue colaborador de Graciela Fernández Meijide. Luego fue interventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y actualmente es diputado en la provincia de Buenos Aires por Nuevo Encuentro. La iniciativa parece responder a los deseos de Horacio Verbitsky y los allegados al CELS. Frente al ahogo provocado por la causa Nisman –es decir, más por necesidad que por convicción– Cristina Fernández ha aceptado lanzar una reforma institucional de cierto calado. En la referida nota de “Página/12” Marcelo Sain señala que “el más serio problema institucional es que desde hace mucho tiempo la Secretaría de Informaciones (SI) no cumple integralmente con las funciones asignadas legalmente”. Añade que es abundante la evidencia de que la ex-SIDE se ha venido dedicando al espionaje de los “enemigos” políticos y también de los “amigos” para vigilar su fidelidad. Ha existido una enorme cantidad de fondos públicos dirigidos al soborno de políticos, periodistas, empresarios, jueces, fiscales y legisladores y se había convertido en una dependencia incondicional a las exigencias de los servicios de inteligencia de algunas potencias extranjeras. En la propuesta formulada por Marcelo Sain se sugería proceder a la reorganización total de los servicios de inteligencia, eliminando la SI (ex-SIDE) y organizando una Agencia Nacional de Inteligencia “sin medios propios para la obtención de información y con un cuerpo de analistas altamente capacitados”. Añadía que debería disponerse “el traspaso de las facultades y de los dispositivos de interceptación de comunicaciones hoy monopolizados por la SI a la esfera del Poder Judicial”. Como norma de obligado cumplimiento, cualquier interceptación de comunicaciones debería ser siempre dispuesta por una autoridad judicial competente. El proyecto presentado por CFK es bastante similar, cambiando algunos nombres. El problema es que traslada el sistema de interceptación de comunicaciones a la Procuración General de la Nación, es decir entrega una herramienta tan delicada a la cuestionada Alejandra Gils Carbó. Es como salir de la sartén para caer en las brasas. Una reforma de esta naturaleza no debería ser capitalizada por ningún grupo político y menos por la presidenta Cristina Fernández, que ha incurrido en la grave responsabilidad de mantener para su uso personal una estructura secreta de esta naturaleza. Por consiguiente, la iniciativa debería tratarse en el Congreso de un modo tal que permita contar con la participación de expertos y asociaciones de la sociedad civil que garanticen un diseño eficaz e imparcial de las nuevas estructuras a crear. Las políticas de Estado son aquellas iniciativas legislativas que se sacan de la lucha electoral y se diseñan atendiendo a las distintas visiones partidarias, mediante un juego de concesiones recíprocas, hasta alcanzar un acuerdo que permita que perduren en el tiempo. En todas las democracias avanzadas del mundo existen consensos básicos que permiten alcanzar este tipo de políticas. En Argentina no forman parte de nuestra cultura política, más proclive al enfrentamiento áspero y confrontativo. El derribo consensuado del “cripto-Estado”, es decir de las estructuras paralelas de poder incompatibles con la transparencia que debe presidir la acción pública en un Estado democrático, es, sin duda, una necesidad impostergable. Lo que ahora se debe evitar es que sirva de soporte propagandístico a una facción política.