La diputada Kreitman podrá ser querellante

Denuncia contra Coco

NEUQUÉN (AN).- Con una fuerte defensa a la facultad del querellante para intervenir en investigaciones por presuntos delitos contra la administración pública, y una crítica al Poder Judicial porque esas causas pocas veces avanzan, el Tribunal de Impugnación aceptó a la diputada Beatriz Kreitman como querellante en una denuncia contra el ministro de Energía, Guillermo Coco.

“Es un fallo para ser citado cada vez que se pretenda dejar afuera a la querella en este tipo de investigaciones”, dijo el abogado Federico Egea, quien patrocina a la diputada de la CC-ARI junto a Marcos Pastorutti.

La fiscalía, ejercida por Marcelo Jara, se opuso a la participación de Kreitman. El juez de Garantías Mauricio Zabala le dio la razón. La diputada apeló y así llegó al Tribunal de Impugnación.

La resolución fue dividida. A favor de la intervención de Kreitman votaron los jueces Richard Trincheri y Fernando Zvilling. En cambio Daniel Varessio propuso que la causa vuelva a un juez de Garantías, y que se le permita intervenir a Coco porque “es el imputado”.

Según la acusación, Coco “como ministro resolvía sobre la concesión de derechos a ciertas empresas vinculadas con el ámbito del petróleo, luego tenía participación en los tratos que culminaban con la entrega o donación de fondos de alguna de tales empresas a una fundación (Alejandría) que era presidida por el mismo ministro”.

Trincheri señaló en su voto que “nadie puede ignorar que en Neuquén los delitos de corrupción administrativa con contenido patrimonial son escasamente investigados o directamente no se investigan (…) Es una deuda de la justicia en el país”.

“Entonces -continuó- ¿por qué negar la intervención de querellante particular a quien desea investigar hechos de esta naturaleza, máxime cuando el Estado investiga defectuosamente o no investiga?”.

Por su parte, Zvilling señaló que “la interpretación extensiva del concepto de víctima se ve favorecida, o exigida, por los tratados internacionales suscriptos por nuestro país, fundamentalmente en lo que se refiere a los delitos de corrupción en la función pública”.