La deuda del Ipross creció con la pandemia y llega a 1.500 millones

Los gastos excepcionales derivados por la pandemia profundizaron el déficit del Ipross, que ronda los 150 millones mensuales, con una deuda que se aproxima a los 1.500 millones.

Estas obligaciones se concentran en proveedores de medicamentos, considerando compras directas en tratamientos especiales -como oncológicos- y los convenios con farmacias. Ambos contienen el 60% del actual pasivo del instituto.

Además, se admite que existe otro potencial pasivo, que estaría en los 250 millones, en análisis en las auditorías externas.

Desde diciembre, el interventor Alejandro Marenco acordó cancelaciones de deudas por unos 850 millones, incluyendo unos 150 millones con entrega de bonos provinciales.

Recientemente, los gremios estatales -reunidos en el Consejo Asesor- advirtieron sobre la presión de la deuda para el Ipross, pero también alertaron sobre el desfasaje existente entre los ingresos y egresos de la obra social. Esta brecha se acentuó con las exigencias extraordinarias impuestas por la pandemia del covid-19. Estas erogaciones adicionales se estiman en unos 300 millones de pesos.

Los sindicatos tienen tres vocales en el Consejo de Administración, que conduce Marenco. Ellos son Clara Busso (Unter), Fabio Polizzi (ATE) y Matías Montecinos (APEL). Esos referentes transmitieron información y evaluaron el cuadro económico financiero junto a representantes de otros gremios, entre ellos Omar Pizzio, de UPCN; Patricio Cevoli de Sitrajur; Cristina Marcelini, de Silsa; Emilio Recachuck, de municipales; y Sabino Kucich, de Cadejur.

Hasta agosto, el Ipross había comprometido y gastado casi 3.900 millones de un presupuesto anual de 4.400 millones. Es decir, quedan unos 500 millones para cuatro meses.

Las erogaciones mensuales están entre 570 y 600 millones, por lo que se advierte un faltante superior a los 1.300 millones. Por eso, el reclamo gremial es para que el Estado provincial garantice una mayor asistencia.

Los ingresos en el Ipross se acercan a los 400 millones mensuales, que aumentan por “asistencias extraordinarias”. La percepción por “aportes y contribuciones” por afiliados estatales ronda los 240 millones.

En el Consejo, los gremios concluyeron con una marcada preocupación por la situación económica de la obra social ya que arrastra una millonaria deuda, sumado al aumento desmesurado de la salud y los gastos extraordinarios producto de la pandemia”. Se calificó al panorama como “alarmante”, considerando que “se agrava por falta de aumentos salariales que impacten positivamente” en la recaudación, en referencia a los aportes de los afiliados.

Con este contexto, se solicitó que “de manera urgente aumenten los aportes de la provincia en concepto de subsidios no reintegrables y que se la sume a la distribución de los fondos provenientes de Nación por la emergencia sanitaria”.

Los gremios argumentan que el gobierno tiene responsabilidad en la “baja de aportes” y, además, la “obra social se está haciendo cargo de los gastos necesarios” que “requieren cuidados especiales en la crisis sanitaria productos del covid-19”.

Entre otros puntos, la representación gremial destacó la “preocupación las deudas en farmacia y el convenio pronto a vencer”, requiriendo un encuentro con “las farmacias sindicales y sociales, quienes son las que siempre han sostenido la atención”. Por lo tanto, pidieron que “se contemplen sus necesidades y demandas, para no quedar cautivos de los intereses económicos del sector”.

ANÁLISIS

Los números parecen decir bastante más que las palabras oficiales sobre las razones por las cuales el Ipross restringió al mínimo sus prestaciones.

El 26 de agosto, la obra social informó sobre la Circular 3/2020, que horas antes había tomado por sorpresa a los prestadores de distintas especialidades.  

Esa nota indicaba que, desde ese día, en ciudades con circulación de covid-19, sólo atenderían “emergencias impostergables y en estos casos no se cobrará el coseguro de las prácticas”.

Al mismo tiempo, se dispuso que no se autorizarían más que las internaciones “de suma urgencia” o en las que “corra riesgo la vida”, pasando “todo lo que es reprogramable para una segunda fase”.

De esta manera, controles, tratamientos y otras prácticas quedaron en stand by.

Según pudo saber RÍO NEGRO, los reclamos fueron inmediatos desde distintos colegios profesionales de la provincia, entendiendo que además de la afectación particular a su trabajo, el Ipross estaba generando un riesgo importante, transfiriendo a sus afiliados la responsabilidad de decidir cuándo su afección requiere la intervención “urgente” de un profesional.

“La reprogramación de toda práctica que en este momento requiere internación o atención específica en centros autorizados por el Ipross, es para evitar la ocupación de camas que para nosotros tienen un alto valor estratégico en este momento, y evitar la circulación de los afiliados en un contexto de alta propagación del virus”, dijo en agosto el titular del Ipross, Alejandro Marenco.

Con las terapias saturadas de todas maneras y sin advertirse una menor circulación en las ciudades, la única consecuencia directa que se observa luego de esta medida es el menor gasto de la obra social. Eso sí, con el peligro latente de que un afiliado llegue tarde a ver un médico y las consecuencias sean irreversibles.

La comisión legislativa de “Seguimiento del Ipross” no se conformó, ni tuvo reunión con la nueva integración parlamentaria.

Simultáneamente, el bloque del Frente de Todos pidió informes sobre el estado financiero de la obra social provincial, incluyendo compromisos adeudados.

Entre las 15 consultas, se requiere sobre “actuaciones del Ipross para evitar el cobro del llamado “plus” o sobreprecio por atención médica, con detalle si han realizado controles/inspecciones”, como también, si se labraron “multas u otro tipo de apercibimiento”.

La comisión del Ipross está integrado por los legisladores oficialistas Graciela Valdebenito, Nancy Andaloro y Helena Herrero; los justicialistas María Martini y Pablo Barreno; y el macrista Juan Martín.

Por su parte, el bloque del Frente de Todos pidió conocer deudas con afiliados por reintegros -con detalle por ciudad y tiempo; con los prestadores -con montos y empresas; los aportes que la provincia realizó al organismo; la distribución de medicamentos por planes especiales; análisis de los planes de prevención vigentes y de la provisión de prótesis.

También se insiste en el estado financiero, a partir del presupuesto y el nivel de ejecución, como también, las deudas con el Fondo de Obras Sociales.

También se pide conocer sobre los “montos nacionales enviados para paliar la pandemia” y, frente a la misma, el detalle de la cobertura del Ipross , como “disponibilidad de camas en sanatorios”, “aporte en recurso técnico humano profesional” y “equipamiento a salud pública de la provincia”.

La relación entre la obra social del Estado rionegrino y los farmacéuticos volvió a un punto sensible en los últimos días.

Además de la deuda, los prestadores advirtieron que estaban padeciendo en persona el malestar de los afiliados, por decisiones que tomó el Ipross.

El motivo principal está en la autorización de las recetas.

Los cambios instrumentados meses atrás obligan a los médicos a incluir en los pedidos una serie de detalles formales, pero esos conceptos no siempre quedan asentados. Y cuando los pacientes buscan en las farmacias el medicamento ordenado, el sistema no valida la operación.

Esa situación obliga a los afiliados a desandar el camino, regresar al consultorio del médico y pedirle que complete los datos faltantes, para volver más tarde a la farmacia.

Un deambular que va en contra de las recomendaciones de reducir la circulación en medio de la pandemia y que también es incoherente con el propio compromiso que declamó el Ipross para atenuar los riesgos de contagio.

“Algunas personas lo toman con paciencia, pero otros no. Y canalizan esa bronca en el mostrador de las farmacias, donde no tenemos ninguna responsabilidad con la medida ni posibilidad de agilizar el trámite”, advirtieron trabajadores del sector.

Otros farmacéuticos describieron incluso dos casos insólitos. “El paciente tenía recetados medicamentos que se usan para casos de diabetes. La receta decía “Plan Diabetes”. Pero como el médico no detalló que el diagnóstico era “diabetes”, la operación fue rechazada”, explicó un profesional.

Desde otra farmacia contaron que un afiliado llevó un medicamento oncológico, que tiene un valor de 75.000 pesos, pero después la obra social rechazó la receta porque en la descripción del diagnóstico, la letra “o” en la frase “cáncer de colon” estaba remarcada con lapicera.

Ante esos inconvenientes operativos –y también en busca de certezas sobre las deudas de la obra social con el sector– el miércoles hubo una reunión entre el titular del Ipross, Alejandro Marenco, y la conducción del Colegio de Farmacéuticos de Río Negro.

Durante ese contacto desde la obra social se prometió avanzar en normas de atención que eviten deambular para corregir recetas.

Por otra parte, se estableció un compromiso de pago de acá a fin de año de dos quincenas por mes y en estos cuatro meses renegociar la deuda atrasada, que es de cinco quincenas, para empezar a regularizarla desde enero.

Desde el Colegio de Farmacéuticos informaron que el diálogo fue en buenos términos, confirmándose también un aporte adicional de la industria y del sector prestador, para lograr un ahorro en los productos que paga la obra social estatal.