La descarnada pregunta de una diputada: «¿Para qué designar a estos jueces?»

La Legislatura aprobó este miércoles el pliego de Adriana Marta Luna como jueza de Familia de Neuquén capital, por 23 votos positivos y 4 negativos. La polémica que rodea a la postulante quedó reflejada en los pocos discursos que se escucharon en el recinto, todos de la oposición.

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Luna ganó un reñido concurso en el Consejo de la Magistratura y de inmediato circuló una impugnación de mujeres abogadas. Es porque la ahora jueza se viene desempeñando como coordinadora de las Oficinas de Violencia del Poder Judicial del interior provincial, y se le cuestiona su falta de acción en las denuncias que terminaron con el femicidio de Guadalupe Curual en Villa La Angostura, en febrero pasado.

La diputada Soledad Martínez, del Frente de Todos, hizo un descarnado análisis de la situación de las Oficinas de Violencia. Aclaró que su evaluación de Luna era política, porque esa es la tarea que le corresponde como legisladora.

«No hay mayor evaluación de desempeño para un caso como el que estamos analizando que haber formado parte de la estructura vinculada a la Oficina de Violencia como lo acredita Luna, con resultados que no nos permiten augurar que sea la persona competente para el cargo», afirmó Martínez.

Tras recordar que era la subdirectora de la Oficina de Violencia cuando ocurrió el femicidio de Guadalupe en Villa La Angostura (la joven no fue protegida por el entonces titular del juzgado de esa localidad), la legisladora señaló que «en los femicidios que hemos tenido que lamentar, el funcionamiento de las Oficinas de Violencia se ha visto particularmente señalado por la deficiente respuesta que se brinda desde esa estructura, creada en el Poder Judicial para atender en  parte la demanda de las mujeres que por el creciente número de violencia de género llega a tribunales».

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Citó también que cuando Luna fue entrevistada en la comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura, y le pidieron que evaluara el desempeño de las Oficinas de Violencia, «su respuesta fue tibia, políticamente correcta, ceñida a las formas, sin ninguna autocrítica o lectura propositiva destinada a buscar alguna salida a esto que parece un atolladero».

En esa oportunidad, como informó Río Negro, Luna afirmó que «la Oficina de Violencia ofrece una mirada, pero la decisión la tiene un juez, que fue lo que sucedió en este caso». «No tiene poder de decisión, acompaña la tarea del juez técnica y legalmente»,

«Las Oficinas de Violencia dicen: ‘nosotros solo recomendamos, los que resuelven son los jueces’. Los jueces dicen, en este caso: ‘no era un juzgado especializado’. Cuando es un juzgado especializado dicen: ‘no es suficiente la información que recibimos'», describió la diputada de Zapala.

«La Oficina de Violencia es ineficiente»

«La realidad -continuó- es que el dispositivo de la Oficina de Violencia del Poder Judicial es claramente ineficiente en la cantidad de funcionarios que tienen para atender a las mujeres víctimas de violencia, pero no se conoce desde esa estructura ningún señalamiento respecto del apartamiento de los jueces a las recomendaciones, o la indiferencia de la judicatura a las recomendaciones de la Oficina».

En el mismo tono agregó que «si los responsables de la Oficina de Violencia no son quienes denuncian, sugieren, proponen qué cambios deberíamos generar para que esta herramienta funcione, y los jueces puedan encontrar en la tarea de la Oficina contención, acompañamiento, ¿para qué tenemos esa Oficina y para qué vamos a designar a esos jueces?. Jueces que son capaces de guardar silencio frente a hechos que son de su responsabilidad y que cuestan vidas de jóvenes mujeres neuquinas».

«Si desde los funcionarios judiciales no podemos esperar denuncias y propuestas para transformar esas herramientas que sólo sirven a la burocracia de la provincia, ¿qué vamos a esperar, que sean las víctimas las que digan que la Oficina de Violencia no funciona como debería? Nos lo dicen a gritos, con estadísticas que avergüenzan».

Su exposición fue respaldada por su compañero de bloque Darío Peralta. Desde Juntos por el Cambio, César Gass argumentó el voto positivo en que había hecho consultas entre matriculados e integrantes del Consejo de la Magistratura y no había encontrado objeciones.

Ninguno de los otros 24 diputados presentes fundamentó su voto. Tienen el privilegio de no hacerlo si no quieren y no quisieron.