La CTA quería otra probation, pero la Justicia dijo no y Báez llegará a juicio

La alegría exhibida hoy temprano por el secretario general de la CTA de Río Negro, Rodolfo Aguiar, al anunciar su sobreseimiento en la causa por los incidentes ocurridos en el municipio de Roca a fines del 2016, duró apenas unas horas.

En la misma mañana, la Justicia confirmó que habrá un juicio oral y público por otros desmanes producidos por miembros de la organización en el mismo edificio del centro roquense, en octubre del año pasado.

Aguiar publicó un comunicado a primera hora, informando que la jueza de Garantías María Gadano lo había sobreseído definitivamente “en la causa que buscó criminalizar la protesta que encabezó el 19 de diciembre de 2016 frente a la municipalidad de General Roca”.

Lo que no se contó en ese parte de prensa fue que la decisión de la jueza se tomó porque el dirigente cumplió con las pautas establecidas en un acuerdo de suspensión de juicio a prueba.

Según los registros oficiales a los que accedió RÍO NEGRO, el actual secretario adjunto de ATE a nivel nacional se comprometió el 31 de octubre del 2018 a “no cometer nuevos delitos, no abusar del consumo de bebidas alcohólicas y abstenerse de consumir estupefacientes” durante el término de un año, además de realizar presentaciones mensuales ante el Instituto de Asistencia a Presos y Liberados, y de fijar y mantener domicilio.

Sumado a eso, se ofreció un pago de 10.000 pesos como reparación económica para las víctimas de la violencia de esa mañana de diciembre en el municipio de Roca.

Lo otro llamativo fue que Aguiar destacó públicamente su caso, pero nada dijo que la resolución de la jueza Gadano también incluyó al secretario de Organización de la CTA Autónoma de Río Negro, Miguel Báez.

Y fue precisamente Báez el protagonista de la otra noticia de la jornada, porque en una audiencia realizada durante la mañana se confirmó que irá a juicio por los desmanes provocados en el municipio roquense el 7 de octubre del año pasado.

La calificación legal por la que se avanzará hacia juicio contra el también titular de la Organización de Desocupados en Luca (ODEL) es la de los delitos de “daño agravado, amenazas, atentado a la autoridad agravado por haber sido cometido por una reunión de más de tres personas y poner manos en la autoridad, perturbación al ejercicio de las funciones públicas e instigación a cometer delitos, todo en concurso real».

La defensora particular de Báez quiso que se aplique una vez más una suspensión de juicio a prueba para su asistido, ofreciendo de nuevo la suma de 10.000 pesos como reparación económica. Sin embargo, la fiscalía se opuso, y la resolución de la jueza Gadano fue en los mismos términos que el Ministerio Público Fiscal.

Cabe recordar que Báez permaneció detenido varios días por esos hechos.

Las representantes del Ministerio Público Fiscal dijeron que el dirigente de la CTA y otras personas “turbaron la posesión del inmueble e impidieron el normal desarrollo de las actividades propias de quienes trabajan allí, además de haber agredido al personal policial que concurrió al lugar”.

“Permanentemente el imputado incentivaba al grupo de personas a que llevaran a cabo las conductas descriptas en venganza a que el ejecutivo Municipal habría entregado terrenos de loteos sociales a militantes de la Corriente Clasista y Combativa (C.C.C), y no a miembros de las Organizaciones ODEL y CTA”, puntualizaron desde la fiscalía.