La comunidad universitaria rechazó cambios en la ley de bosques

La modificación al proyecto de la ley de Bosques presentada por el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, sigue sumando rechazos. Esta vez fue por parte de la comunidad universitaria, que teme que haya un avance inmobiliario sobre los bosques nativos.

La modificación de la ley habilitará la transformación de, al menos, nueve puntos claves en la zona cordillerana que tendrían como destino la explotación con fines inmobiliarios.

Según el proyecto presentado por Gutiérrez, la protección del total de la superficie de bosque nativo, cuando fue aprobada la ley en el 2010, era de 543.917 hectáreas, número que subió a 594.628 en el nuevo proyecto.

Se incorporaron 86% más de hectáreas en color rojo, y un 43% más de hectáreas en color verde. Mientras que las hectáreas en color amarillo cayó un 33%. El centro del cuestionamiento es que la ley vigente contenía algunas categorías intermedias como la naranja y amarillo urbano que fueron eliminadas. Las organizaciones socioambientales indicaron que 900 hectáreas quedaron sin categoría y están “desprotegidas”.

La seccional sur de ATE ya se pronunció en contra a través del comunicado que expresa: “Denunciamos que intenta modificar las restricciones que la norma establece para el avance del negocio inmobiliario en Chapelco y Cerro Bayo al cambiar las categorías de preservación”.

Docentes universitarios, grupos de investigación y extensión de unidades académicas de la Universidad Nacional del Comahue rechazaron la modificación de la ley de bosques.

“Preocupa la intención de concretar de manera expeditiva una iniciativa que no cuenta con el acuerdo de sectores de la sociedad civil de las comunidades que habitan esos territorios. Es llamativo que en un contexto internacional en el que la cuestión ambiental se instala como tema prioritario de las agendas públicas de los gobiernos, en una provincia patagónica tan rica en diversidad ecológica como Neuquén, no se consideren los riesgos que implica para el presente y el futuro responder con inmediatez a los intereses de grupos de inversión inmobiliaria”, manifestaron.

El repudio también es por la forma “prioritaria” que se tratará este tipo de modificación, ya que se tratará este miércoles 27 de noviembre en la comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable. Instancia que el MPN tiene asegurados siete de los ocho votos que se necesitan para emitir despacho.

El comunicado de la comunidad universitaria señala que los habitantes de Villa La Angostura y San Martín de los Andes han expresado su disconformidad ante el avance de la urbanización de las zonas de fragilidad ambiental.

“La cuestión ambiental y los riesgos a los que se expone el desarrollo urbano en zonas señaladas como no aptas para el uso urbano y residencial, no se han evaluado los probables escenarios de impactos negativos para economías locales relacionadas con el turismo y la producción agropecuaria” indica el comunicado. De modo que el rechazo lo ubican ante las consecuencias que puede tener la instalación de grandes complejos inmobiliarios y el impacto que generará en la economía local.

En el comunicado exigen que se habilite un proceso de consulta, para ampliar la visión, sumar grupos de investigación para compartir resultados de estudios que defienden los espacios montañosos. El Asentamiento Universitario San Martín de los Andes (AUSMA) también se pronunció en contra de la modificación de la ley 2780.

“Como institución de formación universitaria forestal con 45 años de historia en la región y con un intenso trabajo académico forestal en la provincia, hemos participado en lo que creemos una instancia inicial de participación pública para el análisis de ordenamiento territorial de los bosques. Sin embargo, consideramos que el proceso de interacción debe completarse con el análisis concienzudo del proyecto final, producto del trabajo de la autoridad de aplicación”, expresó el Consejo Directivo del asentamiento universitario.

Por esta razón solicitaron posponer “el tratamiento hasta que se haga efectivo un adecuado proceso participativo del actual proyecto de ley, contando con toda la información disponible”.