Denuncia penal contra María Emilia Soria por la encuesta de 4,5 millones
La presentó un abogado roquense, incluyendo a la profesional contratada. Se pidió a la Justicia que allane el municipio.
La intendenta Soria fue acusada de "abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público".
La intendenta de Roca, María Emilia Soria, fue denunciada penalmente por la contratación de una encuesta por casi 4,5 millones de pesos.
Soria deberá informar sobre la encuesta de casi $ 4,5 millones
La acción judicial fue impulsada por el abogado Nicolás Suárez Colman, incluyendo en el pedido de investigación a María Florencia Filadoro, la profesional elegida para esa muestra estadística.
RÍO NEGRO reveló a principios de agosto que el gobierno roquense había comprometido 4.489.100 pesos para un estudio, basado en las respuestas de 1.200 personas consultadas sobre diferentes aspectos de la gestión municipal.
Esa decisión se tomó en el marco de un proceso de contratación, resuelto después de comparar tres presupuestos.
La consultora liderada por Filadoro presentó el monto más bajo, ante otras dos ofertas, formalizadas por Julián Rotman (4.942.850 pesos) y Diego Burkhard (5.808.000 pesos).
Los argumentos del municipio
Desde el Ejecutivo aseguraron que la licitación que se imponía, por los montos presupuestados, no se realizó porque existe un mecanismo de excepción normado por ordenanza, “debido a la especificidad del servicio contratado”.
El abogado Suárez Colman cuestionó ese argumento en su denuncia, considerando que “la violación a la normativa vigente, transforma en delicitivo el accionar de la intendente municipal, María Emilia Soria y los funcionarios intervinientes, pues la especificidad o especialidad indicada en la resolución municipal que autorizó la contratación directa de Reyes-Filadoro tienen validez, ya que el universo de consultoras políticas en la provincia y en el país es suficiente como para resaltar que dicho argumento no resulta suficiente para violentar todas las normas de contratación públicas dictada por la misma Intendente Municipal”.
“Resulta por lo tanto dilucidar el por qué y la finalidad de contratar dicha encuesta cuyo sobreprecio resulta palmario y además de ello se presupone que su utilización ha sido con fines meramente políticos y electorales”, agrega el escrito presentado el viernes pasado ante el Ministerio Público Fiscal.
El abogado pidió a la Justicia que se allane el municipio, “en virtud del grave riesgo que existe de que se pudiere ocultar o destruir la carpeta conteniendo los recibos mensuales extendidos por el Intendente a la Secretaría de Hacienda”.
Finalmente, el denunciante requirió que se le pida al Tribunal de Cuentas un informe sobre el caso y que se cite a las consultoras de la región “a los efectos de que den cuenta de que la contratación en cuestión pudo haber sido llevada adelante por múltiples consultoras de la región y la provincia, siendo por lo tanto infundada la escasez”.
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