Roca, el desalojo que no fue y la fuerza por encima del derecho
La CTA Autónoma y la Cooperativa 1 de Mayo cortaron rutas y consiguieron reabrir las negociaciones desde este lunes 23.
La política demostró la semana pasada su influencia sobre el Poder Judicial.
Esta vez no fue de manera directa. Con una nota formal y palabras respetuosas, una jueza de Roca recibió una clara señal de desentendimiento por parte del Poder Ejecutivo provincial, que no tiene en sus planes actuales complicarse los días con un desalojo.
La titular del Juzgado Civil 1, María del Carmen Villalba, había sido concluyente el 9 de mayo. Ordenó un operativo para restituir el predio del aserrado usurpado en calle Alsina, convencida de que los miembros de la cooperativa que ocupa el inmueble hace casi dos años y medio hicieron un “ejercicio abusivo del derecho” y que en sus últimos planteos de negociación “solo se advierte como una maniobra más para dilatar el cumplimiento de la sentencia”.
Claro, un desalojo requiere de la intervención de la Policía. Y el Ministerio de Seguridad le hizo saber a la jueza que no participaría de esa experiencia.
“Debido al alto grado de conflictividad que emana de la protesta no se encuentran dadas las condiciones que permitan garantizar de forma plena la ejecución de la medida sin riesgo alguno”, sostuvo la ministra Betiana Minor en su respuesta a la magistrada, el 15 de mayo.
Esa nota sumó como argumento que tampoco estaba claro “quiénes y de qué manera será llevará a cabo el traslado de la maquinaria, materia prima y demás elementos que obran en el predio de referencia”.
La capacidad del gobierno para esquivar problemas se completó en los párrafos siguientes de esa misiva. La ministra tomó recaudos y sabiendo que tamaño desaire podría generar enojos en el Poder Judicial, ofreció la alternativa del Programa de Mediación Comunitaria, dependiente de la Subsecretaria de Prevención y Participación Comunitaria.
Minor destacó que ese espacio “funciona desde hace muchos años en este organismo con operadores capacitados” y “ha logrado participar exitosamente de otros espacios de problemáticos derivados de situaciones de diferente naturaleza”.
Habría que preguntar qué opinan sobre esta salida los responsables de mediaciones dentro de la propia estructura de la Justicia. Porque esa alternativa de resolución de conflictos ya fue intentada para el caso del aserradero, con la misma participación de funcionarios nacionales, provinciales y municipales que se propone ahora, pero la jueza Villalba concluyó que “está demostrado que conceder la prórroga solicitada solo prolongaría la agonía”, destacando que “solo se ha respetado el derecho de la demandada en pos de un acuerdo conciliatorio, vulnerándose el derecho de propiedad reconocido a la parte actora”.
Lo concreto es que sin policía no hay desalojo posible. Y ante eso, el jueves pasado la jueza escribió que “si bien, esta medida (la mediación) fue negada a la parte demandada, en esta oportunidad se trata de un Programa de Mediación Comunitaria que depende del Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia de Rio Negro, con la seriedad que ello conlleva”.
Una discreta manera de admitir el peso decisivo del poder político, donde la Policía -más que auxiliar- termina siendo más relevante que el Poder Judicial.
Lo preocupante, más allá de ese notable desequilibrio entre los poderes del Estado, es la señal hacia el resto de la comunidad.
Un grupo lleva adelante una acción ilegal y para evitar las sanciones, comete más acciones ilegales, bloqueando rutas y calles. Y ante eso, el Estado retrocede hasta abrir la puerta que antes había clausurado.
Un riesgoso paso, acercándose al imperio de la fuerza por encima del derecho.
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