Fotomultas: un extraño interés simultáneo por la seguridad vial
El municipio contrató en forma directa a una empresa, que aportará el equipamiento y recibirá el 50% de la recaudación por multas. (Foto: Andrés Maripe)
En pleno Siglo XXI, sería necio negar que la tecnología es una buena aliada para la implementación de políticas públicas.
Por lo tanto, discutir la utilidad de las cámaras que el municipio de Roca empezó a adjuntar a 20 semáforos de la ciudad carece de sentido.
Pero una cosa es la utilidad y otra diferente es la oportunidad. Por eso, merece un poco más de atención la forma elegida por el gobierno local para presentar públicamente su decisión.
Cuando el mensaje llega tan maquillado, es difícil no pensar que la realidad es diferente al cuadro que pintan los funcionarios.
Hablar de un “Servicio de control de tránsito y evidencia gráfica de semaforización”. Ubicar como “finalidad primordial reducir el número de víctimas, generando una cultura de respeto a las normas y una sólida conciencia vial”. Y finalmente, declamar que “el aprendizaje, la difusión y promoción del respeto a las normas de tránsito es la base para lograr disminuir los accidentes viales”. Todos eufemismos, para no usar la palabra “fotomulta” y evitar que se llegue rápido a las preguntas centrales alrededor del tema.
¿Cuánto recauda actualmente el municipio por multas cometidas en los semáforos? ¿Qué expectativa tiene de incremento de esos ingresos a partir del uso de herramientas tecnológicas? ¿Cuánto salen las cámaras y el software que se usará para identificar a los infractores, que el Estado no puede afrontar la compra total y quedarse con el 100% de lo recaudado, en vez de resignar el 50% en manos privadas?
Nada de eso se explicó en las comunicaciones públicas sobre el nuevo sistema, que estará en marcha desde los próximos días.
Otros aspectos importantes también se mantienen en reserva. ¿Cuánto esfuerzo se hizo para saber si la oferta que presentó la empresa Speed Radar Tech SRL era la más conveniente?
El contexto que se conoció esta misma semana abre más dudas sobre ese punto. Los municipios de Allen y Regina avanzaron en acuerdos similares con la misma firma durante las últimas semanas. Un simultáneo interés repentino de tres gobiernos por la tecnología como método de prevención de accidentes. Raro.
El gobierno actual de Roca ganó las elecciones del 2019 en forma legítima, sin ninguna duda sobre la voluntad popular para que la gestión que empezó en el 2003 lleve las riendas del municipio por otros cuatro años.
Sumado a eso, el Concejo Deliberante aprobó una ordenanza que autoriza al Ejecutivo a incorporar medios tecnológicos de verificación y detección de faltas. Una medida opinable desde lo político, por la constante transferencia de responsabilidades desde el Poder Legislativo a la Intendencia, pero irreprochable desde lo legal.
Por lo tanto, no aparecen razones lógicas que impidan a las actuales autoridades hablar sobre una decisión política tomada en uso de sus facultades.
Si el gobierno cree que una cámara aporta mucho más y cuesta mucho menos que un inspector, si está convencido de que el riguroso mensaje que representa una multa es el método más efectivo para que cada vez menos roquenses crucen semáforos en rojo, si piensa en definitiva que los semáforos son la mejor manera para controlar el tránsito (hay ciudades en la misma Patagonia, como San Martín de los Andes, que no los usan) ¿por qué no decirlo con todas las letras?
Dos respuestas posibles: se repiten los problemas para comunicar las medidas de impacto masivo -como ocurrió con las bicisendas- o esta historia de las fotomultas todavía tiene una parte a oscuras.
Para cualquiera de las opciones, sería positivo que el municipio asuma que es un tema de interés público y cuente más sobre la contratación directa.
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