La CEB insiste en conseguir el poder concedente

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Los concejales de esta ciudad aseguraron ayer no tener disidencias en la voluntad de recuperar para el municipio el poder concedente del servicio eléctrico, pero aceptaron también que la provincia no lo cederá en forma voluntaria y el pleito terminará en los tribunales.

El nuevo texto de la Carta Orgánica vigente desde comienzos del año pasado impone a la municipalidad el mandato de «iniciar las actuaciones que correspondan» para conseguir la derogación de la ley 2.902, que consolidó hace 11 años la titularidad provincial del servicio.

Los ediles estudiaron ayer con varios consejeros de la Cooperativa y con el asesor letrado del Ejecutivo (y también consejero) Federico Lutz las distintas alternativas para municipalizar la distribución de energía.

El consejero Rodolfo Rodrigo sostuvo que con una simple ordenanza que así lo determine y que regule las condiciones de prestación, la CEB volvería a reportar ante la administración municipal.

Todos descontaron que esa decisión provocaría una inmediata demanda judicial por parte de la provincia, actual dueña del poder concedente y la titular del contrato de prestación.

Ante la gravedad de las posibles derivaciones, los ediles del oficialismo propusieron manejarse con «prudencia» y reunir toda la documentación y los antecedentes que permitan plantarse con mayor solidez ante el conflicto inevitable.

Requirieron por ejemplo las actas de asambleas y reuniones de Consejo de la CEB en las que fue aceptado en su momento el traspaso a la provincia. Y también examinarán en detalle los pronunciamientos emitidos por el gobierno municipal de aquel entonces, de donde no surgió rechazo alguno al avance piloteado desde Viedma.

Les preocupa especialmente una antigua ordenanza por la cual el municipio «se allanó» al marco regulatorio provincial.

Rodrigo dijo que le parece bien que los ediles sean cuidadosos pero instó a «cumplir con el mandato de la Carta Orgánica».

El concejal Hugo Cejas (SUR) dijo que al Deliberante «le cabe la responsabilidad de que sus actos tengan el suficiente asidero» y no lo expongan luego a «volver sobre sus pasos».

Francisco De Cesare (Partido Socialista) consideró inevitable que la disputa se judicialice porque la provincia no devolverá el poder concedente eléctrico mediante un acuerdo amistoso.

Convocó también a no desconocer «las implicancias políticas» que tuvo la mudanza de la CEB a la órbita provincial y recordó que «fue en el marco de un acuerdo electoral entre la UCR y el MUP», Este último es un partido vecinal antecedente de SUR, que nació en el seno de la Cooperativa y lanzó a la política al ex intendente Alberto Icare.

Consultado por este diario, el concejal del ARI Darío Rodríguez Duch opinó que aprobar una ordenanza que restablezca de hecho el poder concedente municipal «no es el mejor camino», porque la provincia iría de inmediato a la Justicia y colocaría al municipio en el rol del incumplidor demandado.