La Cooperativa de Electricidad Bariloche deberá contratar un seguro ambiental

La gobernadora Arabela Carreras firmó el decreto 748 a finales de julio pasado que establece que “aquellas personas humanas o jurídicas, públicas o privadas, que desarrollen actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos deberán contratar un Seguro de Caución por Daño Ambiental de Incidencia Colectiva, extendido a favor de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y Cambio Climático en calidad de asegurado o coasegurado”.

Se trata de una norma que tiene como objetivo “de dar cumplimento con la obligación dispuesta en el artículo 22 de la Ley Nacional 25675 y sus normas reglamentarias”, explica el decreto suscrito por la mandataria provincial.

La norma pondrá en apuros a más de una entidad o empresa de la geografía rionegrina. En el CEB ya tomaron nota del tema y evalúan alternativas porque es un gasto que no estaba en los planes.

Ocurre que la CEB maneja en Bariloche el servicio de saneamiento que tiene serias deficiencias porque está desbordado por la demanda. Varias veces, la CEB estuvo en el ojo de la tormenta por el vertido de miles de litros de efluentes cloacales sin tratar al lago Nahuel Huapi. Más allá de las críticas y las intimaciones que la entidad recibía en ese momento por ese incidente, pasaban las semanas y el tema se diluía.

Ahora, con el decreto 748 que se publicó el 6 de agosto en el Boletín Oficial de Río Negro el escenario cambió. El gobierno provincial ordena a las entidades públicas o privadas a contratar un seguro para resarcir un daño eventual al ambiente.

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El presidente de la CEB, Carlos Aristegui, dijo que estaban averiguando los costos que demandará contratar ese tipo de seguros.

“La verdad que nos anoticiamos recién del decreto y ahora estamos en la etapa del relevamiento de presupuestos”, contó. De todos modos, anticipó que no será barato.

Y anticipó que el costo que demandará esa contratación “se la vamos a tener que llevar a nuestro concedente (por el DPA) porque es una decisión que se toma en forma posterior a la firma del contrato correspondiente y de la revisión tarifaria del año pasado”.

Dijo que cuando tengan los presupuestos presentarán la documentación ante el DPA para que les indique “qué tenemos que hacer”.

Recordó que el servicio de saneamiento que la CEB presta a miles de usuarios de Bariloche se cobra en función de un gasto determinado. Pero ahora se encuentran con una obligación que no estaba el año pasado, cuando se acordó el nuevo cuadro tarifario para la prestación del servicio.

“Tenemos que buscar la forma de cumplir la norma, pero acá el concedente es el mismo que dispone esta nueva norma”, explicó Aristegui.

“Además, hay otro tema y es que no hay muchas compañías que brinden ese seguro ambiental”, observó. Pero la clave del asunto será dilucidar con el DPA “cómo hacemos para trasladar los costos” a los usuarios.

No tiene

“El riesgo ambiental es todo un tema”, admitió. Y reconoció que la CEB no tiene un seguro como el que ordena el decreto de la gobernadora. “Remediar un daño ambiental es un tema oneroso”, opinó.

Dijo que está de acuerdo con la iniciativa porque es necesaria, pero la implementación es el problema.

“Cuando uno como entidad que presta el servicio presenta el cuadro de gastos y de inversiones para que el concedente lo aprueba incluye todas las erogaciones, pero el seguro no estaba”, comentó.

Aristegui recordó que en la gestión pasada, la CEB estuvo varias veces cuestionada por haber vertido líquidos cloacales en forma directa al lago Nahuel Huapi, con el daño ambiental que esa situación provoca.

Dijo que cuando se implementa un decreto de estas características requiere además una estructura de control.

Informó que hoy la CEB le presta el servicio de saneamiento a unas 26.000 usuarios, lo que representa a casi 98.000 personas.

Por eso, sostuvo que es un fundamental el tema de la obra del Colector del Oeste para poder reforzar el servicio de saneamiento. Dijo que por lo general, el mayor problema lo tienen en la zona de Melipal, en la avenida Exequiel Bustillo, donde se rompe el caño y ocurren los derrames que terminan en el lago. Sostuvo que esa situación ocurre porque gran parte de las redes cloacales y los caños troncales en varios sectores de la ciudad tienen varias décadas de uso.

Qué dice la letra chica de la nueva normativa 

El decreto 748/2020 establece que “a los fines de dar cumplimento con la obligación dispuesta en el artículo 22 de la Ley Nacional 25.675 y sus normas reglamentarias, aquellas personas humanas o jurídicas, públicas o privadas, que desarrollen actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos deberán contratar un Seguro de Caución por Daño Ambiental de Incidencia Colectiva, extendido a favor de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y Cambio Climático en calidad de asegurado o coasegurado”.

Determina que la cobertura que se contrate “deberá garantizar la efectiva remediación del daño causado hasta el monto mínimo asegurable, debiendo la aseguradora acreditar capacidad técnica para llevar a cabo tareas de recomposición y remediación del ambiente…”

Prevé que el único instrumento de garantía financiera, que se admitirá en la Provincia, “serán los contratos de Seguro de Caución por Daño Ambiental de Incidencia Colectiva”, según las modalidades que determine la Superintendencia de Seguros de la Nación”.