La CEB apuesta a una mejor tarifa y al financiamiento
La conducción de la cooperativa espera que en el 2021 se descongele el precio de la electricidad y que se termine de definir el beneficio para las distribuidoras que cumplieron con el pago de la energía a Cammesa.
La conducción de la CEB enfrenta críticas por la asamblea virtual y se defiende. Archivo
La conducción de la Cooperativa de Electricidad Bariloche está enfocada en descifrar las pautas y condiciones para acceder al financiamiento comprometido por el gobierno nacional en la ley de presupuesto 2021 para las distribuidoras eléctricas que están al día en sus compras mayoristas.
Ese oxígeno podría significar para la empresa barilochense una inyección de 300 millones de pesos, que le permitiría sortear en parte los apremios generados por la crisis del coronavirus, que raleó sus ingresos y la puso “en situación límite”, según confesó el presidente Carlos Aristegui.
Otra pata de la pretendida recuperación llegaría a través del descongelamiento de tarifas, que también tiene un alto componente político y depende de las decisiones que se tomen en Nación.
En relación a este último punto, los directivos de la Cooperativa siguen con atención los movimientos a nivel país, donde ya se habla de recomposiciones para los servicios públicos con un “techo” en el 9%, motivado por razones políticas. Aristegui dijo que el aumento de costos durante el año pasado -si se considera la evolución de los sueldos, combustibles y otros insumos- “está cerca del 35 a 37%”. Señaló que si las tarifas no suben en esa proporción deberían estar acompañadas de algún subsidio.
“Si se concede el 9% intentaremos ver cómo hacemos con el resto de los gastos corrientes”, dijo el titular de la CEB. Admitió que el ánimo de los usuarios no está para subas mayores, dada la “crispación social” que ya se hizo evidente en la provincia con el aumento de los impuestos inmobiliario y automotor.
El gerente de la CEB, Federico Lutz, dijo que hablar de un porcentaje ideal de ajuste tarifario “sería una irresponsabilidad”. Señaló también que hay muchas fórmulas posibles, “como los cruces de subsidios entre categorías de usuarios”, de los que ya se habla abiertamente.
En relación al financiamiento establecido en el artículo 87 de la ley de presupuesto, de reciente reglamentación, Lutz aclaró que no sería dinero fresco y de libre disponibilidad que ingresaría a la caja de la cooperativa.
Se trata de un beneficio concedido a las empresas eléctricas que están al día con sus pagos a Cammesa (el proveedor mayorista de energía), entre las que figuran la CEB y un puñado de distribuidoras de otros puntos del país.
Consiste en un aporte equivalente a cinco facturas mensuales (para la empresa barilochense, unos 300 millones) para aplicar a “la recomposición de capital de trabajo, afrontar obligaciones y atender situaciones de los usuarios”, según explicó Lutz.
El beneficio se concedería mediante descuentos de hasta el 30% en los pagos mensuales a Cammesa. Con devolución posterior. En estos días el Consejo de Administración y sus asesores evalúan los pasos a seguir para ingresar en esa operatoria.
Aristegui advirtió que no sería el fin de todos los problemas, porque el recursos concedido no se puede emplear, por ejemplo, para el pago de sueldos y compra de combustibles, “pero va a ser una ayuda para alargar la cadena de pago”.
En principio la Cooperativa lo destinaría a nuevos posteos, estaciones transformadoras y a “recomponer stocks” de cables y otros insumos de cara al invierno. “Ojalá salga, porque nos permitiría dar algunas respuestas”, dijo Aristegui.
Lutz dijo que si bien no es ningún subsidio, el auxilio financiero ofrecido por Nación a las empresas cumplidoras “demuestra que el apego al régimen impuesto por el mercado tiene sus beneficios”.
Insistió sin embargo en que el ingreso de la CEB a ese plan no está resuelto todavía y aclaró que “tiene su complejidades”, porque deben intervenir también “el poder concedente y el regulador”, es decir el gobierno provincial.
Alta morosidad
La crisis del coronavirus generó fuertes desequilibrios en el funcionamiento ordinario de la CEB, que los resolvió en principio con una postergación de inversiones programadas. Entre otras, quedaron por ahora en suspenso la instalación de la nueva estación transformadora del Este, con un costo preestablecido de 60 millones de pesos. También hay otra ET proyectada para los barrios del Sur, sin avance alguno.
La caída de ingresos fue determinante para adoptar esas medidas de emergencia. La CEB tiene hoy una cobrabilidad media del 70% de las facturas que emite a sus usuarios eléctricos, cuando en septiembre rondaba el 60%. La mejora se explica por la reactivación del turismo y la economía en general, pero está lejos de los ideal, entre otras cosas porque siguen vedado el corte de servicio a los incumplidores.
Aristegui recordó que la cobrabilidad histórica pre pandemia de la CEB rondó siempre entre el 92 y el 95%. Dijo que en el último tiempo “es mucha la gente con deuda acumulada que se acerca a regularizar” y que se les ofrecen planes de pago en 12 cuotas sin interés.
“Hay empresas importantes, comercios y también usuarios residenciales en esa condición, un poco de todo -señaló-. Hay gente que estuvo mucho peor pero ahora tiene trabajo y nuestra intención es volver a subirlos al sistema. Se les brindan planes y todo es charlable con el deudor”.
Refirió que el servicio de Saneamiento atraviesa una situación similar, aunque algo más desahogada porque llegó a aplicar una última suba de tarifas del 128% a fines de 2019. También parte de sus costos quedaron congelados, porque el insumo principal es la energía para el funcionamiento de la planta, que le demanda unos 4,5 millones mensuales.
Los bancos, de lejos
Lutz dijo que si el cuadro económico financiero de la CEB hoy aparece saneado se debe, entre otros motivos, a la decisión de no incurrir en nuevo endeudamiento bancario, adoptada hace ya cinco años y mantenida hasta hoy, a pesar de que en 2019 la conducción cambió de manos, de la lista Roja a la Blanca.
Dijo que hasta ahora no hay cambios a la vista sobre ese modo de trabajo. “A quién no le gustaría ir a un banco y obtener dinero fresco, con un mecanismo de pago conveniente -argumentó-. Es una herramienta natural de las empresas. Pero habría que ensamblarla con una política tarifaria. Y hoy es muy difícil”.
Entendió que la determinación de tarifas está cada vez más atada a las prioridades políticas y que un aumento en las boletas que refleje crudamente la suba de costos “generaría una incomodidad tanto para el gobierno como para el usuario. Se convertiría en un factor irritante. El tema es complejo y hay que esperar que los gobiernos decidan”.
Con el municipio, todo trabado
Un conflicto de tortuosa historia que arrastra la CEB y que permanece irresuelto es la compensación de acreencias mutuas con el municipio. Las tasas y otras prestaciones que debe pagar la Cooperativa se contraponen con los consumos de los tableros comunitarios en las tomas de tierra, que mes a mes le factura al municipio.
La controversia por esos reclamos datan de hace al menos diez años, cuando el intendente era Marcelo Cascón, y la deuda reclamada por la prestadora eléctrica acumuló ya unos 40 millones de pesos.
El presidente de la CEB, Carlos Aristegui, dijo que la cuestión “sigue sin saldarse”, aunque es motivo de “diálogo permanente” con el intendente Gustavo Gennuso. “Hemos buscado cerrar un acuerdo pero no es fácil -dijo Aristegui-. Sólo el año pasado logramos compensar parte de la deuda con la compra de un camión desobstructor Vactor, que gestionó el municipio”.
Pero para la CEB no es el ideal ese tipo de canjes. El cruce de impagos de uno y otro lado la favorecería ampliamente y su aspiración es acceder al efectivo. El municipio no tiene un plan claro para evitar que esa deuda se infle, ya que las conexiones irregulares en las tomas se multiplican y la CEB le factura puntualmente esos consumos. Solo en un par de barrios existen mecanismos de repago parcial por parte de los vecinos.
Sin elecciones a la vista
En lo institucional, la Cooperativa de Electricidad sigue sin definir una fecha para sus elecciones postergadas en 2020, a riesgo de que se superpongan con el proceso electoral de 2021.
Aristegui explicó que el cronograma se alteró por el aislamiento preventivo y obligatorio, y aseguró que todas las entidades asociativas están en igual situación. Dependen ahora de lo que resuelvan el Inaes y la dirección de Cooperativas y Mutuales de Río Negro.
Dijo que la idea era dejar correr el verano y esperar hasta marzo para tomar alguna definición. Habló de la posibilidad de realizar un proceso electoral 2020/2021 unificado en abril o directamente en noviembre, porque cada vez tiene menos sentido repetirlos con pocos meses de diferencia.
Por ahora, los delegados elegidos a fines de 2019 continúan con mandato prorrogado, al igual que los consejeros cuyos períodos de gestión caducaban también el año pasado.
El presidente afirmó que la postergación de la asamblea anual ordinaria, que debió realizarse en diciembre pasado para tratar la memoria y el balance, no representa problema alguno.
Explicó que el último balance tiene ya la aprobación formal del Consejo de Administración, y está certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, lo cual “a los fines de cualquier trámite bancario es suficiente”.
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