La calle Mitre oscila entre la demagogia y la vergüenza

Si la remodelación de la calle Mitre se hubiera ejecutado en los tiempos previstos y ya estuviera disponible, sin tropiezo alguno ni necesidad de rehacer nada, es probable que nadie se preguntaría a esta altura sobre los detalles de la inversión y la racionalidad del gasto.

Pero la obra iniciada hace ya 40 meses acumuló errores de todo tipo y casi duplicó su presupuesto original, que la Provincia ató desde un comienzo a un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo.

La licitación original data de 2015 y fue adjudicada a la empresa Planobra SA por 59,9 millones de pesos. La empresa comenzó a trabajar en enero de 2016 con un plazo de 18 meses. Pero a mediados de 2017 abandonó el proyecto, que ejecutó en forma parcial y con materiales fallidos. Aun así cobró certificaciones por 73 millones de pesos, un 21% más que el presupuesto original.

Luego de quejas, denuncias y replanteos, la provincia consiguió aval del BID para relicitar los trabajos faltantes. La ganadora fue Insersan SA, con un contrato por 56,2 millones de pesos, que hoy está en pleno desarrollo.

Si se mide de acuerdo al tipo de cambio en cada etapa, el costo de la obra no será menor a los 8,2 millones de dólares. Más de 1 millón por cuadra, en una sucesión que incluyó la colocación de adoquines, su posterior retiro para poner hormigón, que luego también fue removido para colocar otro, más liso y de otra densidad.

También fueron construidas las veredas de pórfido para romperlas después porque faltaba recomponer la red de agua. El proyecto incluye la eliminación de desniveles, colocación de bancos, maceteros, luminarias y el soterramiento de los cables.

La inversión luce como una de las más importantes de las realizadas en los últimos años en Bariloche, ya que sólo fue superada por la infraestructura del parque tecnológico y por el segundo módulo de la planta depuradora, que construye el gobierno nacional a un costo de 298 millones de pesos.

Mitre, en cambio, demandó tanto dinero como el que se necesita para pavimentar casi 60 cuadras y bastante más que otros proyectos como el megagimnasio del CRUB, el puente sobre el Ñireco o todas las obras ejecutadas por el municipio con la tasa al turista.

Aun así desde un primer momento el gobierno provincial anunció la modernización de la Mitre con la complacencia y satisfacción de quien salda una añeja deuda. Y con obvio interés en el rédito electoral que pudiera rendir.

Bandera

Con parecido espíritu, el intendente Gustavo Gennuso decidió hacerse cargo del control de obra en la segunda etapa (luego del traumático retiro de Planobra) y asumió a Mitre como una bandera propia en la que gustoso juega la suerte de su gestión.

Hace pocos días subordinó su eventual reelección a la conclusión de la obra. “No quiero hablar de candidaturas antes de dejar terminada la Mitre”, afirmó. En otra entrevista la calificó como “una papa caliente”. El sábado, en su programa de radio, se mostró optimista, dijo que “todo está saliendo bien” y aseguró que “la plata gastada se recupera con el movimiento económico que va a generar (la nueva Mitre) y con la venida de más turismo”.

Carga repartida

A pesar del protagonismo asumido por Gennuso, está claro que el proyecto no es del municipio y la inversión tampoco. La carga de devolverle al BID más de 120 millones de pesos con sus intereses no va a recaer en forma exclusiva sobre los barilochenses, sino sobre todos los rionegrinos.
El titular del Consejo Profesional de Ingeniería de Río Negro, José Repossini, dijo que el mayor despropósito es que la obra de Mitre “nunca tuvo proyecto ejecutivo”.

Consultado por este diario, el ingeniero opinó que “es una verdadera vergüenza lo que ha pasado” con la emblemática arteria. “A los ingenieros nos parece muy mal lo que se ve, nunca hubo un proyecto ejecutivo de lo que se iba a ser y se contrató por afuera de la ley de Obras Públicas de la provincia –argumentó–. Porque de todo se ocupó la Upcefe”. Esa sigla identifica a la Unidad Ejecutora de obras con financiamiento externo.

Repossini dijo que “han llegado a descargar hormigón y al otro día lo levantaron porque se equivocaron en los niveles. Hubo errores sobre errores. Opino por lo que se ve. Hicieron cualquier cosa y no se puede funcionar así. Un inspector hace lo que puede, pero una obra sin proyecto ejecutivo no se puede fiscalizar. Igual se pagaron los certificados”.

Sobrecosto fiscal

Los frentistas de Mitre, como afectados directos, también realizaron un seguimiento de todo el proceso. Liliana Cabrera es la presidenta de la asociación que los agrupa. Dijo que pretendían una dispensa tributaria por el perjuicio pero obtuvieron sólo un diferimiento de pagos sin interés y un descuento del 15% para los que paguen al día, aunque a este último beneficio “no se acogió casi nadie”.

Cabrera dijo que esperaban otra cosa porque “a Planobra se le perdonaron 500 mil pesos en tasas”. Esas decisiones del municipio habría que sumarlas al costo integral de la obra.

“Es obvio que el dinero se podría haber gastado mejor –señaló la comerciante–. Desde el día cero venimos repitiendo que la obra está mal hecha. Y se siguió por prepotencia. Aunque debemos decir que la segunda empresa (por Insersan) se maneja distinto y ha cuidado al vecino”.

Las irregularidades en la Mitre llegaron también a tribunales. El legislador Alejandro Ramos Mejía (FpV) presentó una denuncia penal en agosto de 2017 para que se investiguen las fallas de construcción y los pagos que recibió Planobra.
Hasta hoy no hubo imputación alguna y Ramos Mejía fue muy crítico con la indolencia judicial.
El fiscal a cargo, Guillermo Lista, dijo que espera el “peritaje técnico de un equipo de ingenieros para definir los pasos siguientes”. La auditoría contable determinó que se efectuaron pagos por 73 millones y la intención del fiscal es comprobar “si el dinero está puesto en la obra”.
Refirió que el control estuvo tercerizado a una consultora, que cobró 2,9 millones de pesos por esa tarea.
“Falta determinar todavía si estamos ante un delito penal propiamente dicho –sostuvo Lista–. Si la obra está mal hecha y hubo un perjuicio económico se podría presentar una acción para el resarcimiento”. Dijo que tiene que haber definiciones “en el corto plazo”, pero no habló de fechas.
El legislador Ramos Mejía dijo que “la única medida de prueba, a casi dos años, es la pericia solicitada a los ingenieros civiles” y pidió compararlo con otras causas que no afectan al poder político.
Dijo que “a Planobra se le pagó más que el contrato y se le certificó por el 92% de la obra pero parece que a nadie le preocupa”. Aseguró haber pedido el secuestro de la documentación de esos pagos y el fiscal “en lugar de secuestrar pidió por oficio. Le dieron lo que quisieron. ¿Eso es investigar un delito? Por favor”.
Según Ramos Mejía, “el fiscal tiene que explicar a la sociedad por qué en dos años no hubo ningún avance. No tiene ningún imputado. Lista es el fiscal de Unidad Temática 3 (delitos en la función pública) y ¿cuántas condenas logró? Cero”.
Opinó que con la plata destinada a la Mitre “se podrían haber construido dos escuelas industriales o pavimentado el ingreso a El Frutillar”.

Un repaso por las obra de la ciudad y sus costos:

El Gimnasio del CRUB: 72 millones de pesos.

Terminal de ómnibus (en proyecto) 4 millones de dólares.

Ampliación del Instituto de Formación Docente, 24,3 millones de pesos.

Red de gas para Nahuel Hue, Malvinas y El Maitén, 77 millones de pesos.

Pump Track y Skate Park, 10 millones de pesos.

Paseo del Este, 23 millones.

Puente sobre el arroyo Ñireco, 22 millones de pesos.

Reformas en cementerio, 9 millones de pesos.